"El espectacular accionar policial durante la búsqueda (de la niña Candela Rodríguez) tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso. Atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela. Produjo encubrimiento de autores y móvil del asesinato. Según la información revelada, la policía tuvo conocimiento del contexto en que se había producido la desaparición: narcotráfico y narco-secuestros, mercado delictual del que también forma parte un sector de la policía". Esta cita se encuentra en las páginas 2/3 del amplísimo informe (más de 200 folios) producido el año pasado por la Comisión Especial de Acompañamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires, creada por el caso de Candela Rodríguez. Léase bien: la policía provincial organizó un circo mediático, aun a sabiendas de que así condenaba a muerte a la niña, con el propósito de encubrir a los autores y al móvil del crimen. La policía, dice el informe, sabía que el secuestro de Candela era parte de una trama de narcotraficantes y eso fue lo que quiso proteger porque ella misma -la policía- "forma parte" de ese entramado. El jefe de policía de entonces, comisario Juan Carlos Paggi, primer responsable de aquella actuación, debió ser desplazado por el escándalo, que incluyó acusaciones falsas, detenciones arbitrarias y, finalmente, el derrumbe de toda la causa.

El crimen sigue impune. Pues bien: ése es el hombre que ahora vuelve al gobierno de la provincia de la mano de Alejandro Granados, nuevo ministro de Seguridad de Daniel Scioli, con el aval que personalmente le dio, foto mediante, Cristina Kirchner. Se acabó el cuento del "progresismo". Ahora, la "seguridad" de la provincia queda en manos de un hombre que ha dicho "a matar o morir" y "tengo un 38 especial, como debe tener cualquier persona". Y con él, cual conviene, el comisario Paggi. Mauricio Macri, ante el nombramiento de Granados, declaró: "Es positivo que el gobierno busque corregir errores en materia de seguridad", y manifestó su esperanza de que los cambios no sean sólo "electorales". Como para hacerle el juego a la derecha… Dicho sea al pasar: aquel informe del Senado provincial no tenía por objetivo investigar nada. Sólo se proponía chantajear a Scioli, quien razonablemente temía que el caso Candela tuviera para él las consecuencias que el caso Cabezas tuvo para Duhalde. Ahora, debido al acuerdo precario del gobierno nacional con el gobernador, el informe quedó archivado y duerme en un cajón. De vez en cuando, si Scioli insinúa rebeldías, le recordarán que ahí sigue. Son pugnas entre mafiosos.

El equipo de la poli-mafia

"El equipo está armado, ahora a la cancha", declaró Granados al referirse a su nueva cúpula policial (La Nación, 21/9). "Granados definió los cambios con el asesoramiento del ex jefe de la fuerza Juan Carlos Paggi (…) que ahora recobró protagonismo aunque no ocupará formalmente un cargo" (ídem). No hace falta: la mujer de Paggi, la comisaria mayor Graciela Cerviño, es la nueva secretaria general de la fuerza y jefa de despacho del ministro. Así regresa la vieja banda del caso Candela. Por ejemplo, el comisario mayor retirado Osvaldo Zanotti, otro hombre de confianza de Paggi, es el nuevo subsecretario de Legal y Técnica del ministerio de Granados, un cargo ocupado hasta ahora por un civil. Todo el resto de la nueva cúpula fue designado por recomendación de Paggi. Al frente de la policía seguirá Hugo Matzkin, segundo de Paggi cuando ocurrió el crimen de Candela, aunque ahora con una estructura que le da renovada jerarquía a la figura del jefe policial. No van a extrañar los tiempos en que Paggi organizaba multitudinarias comilonas el Día del Policía en El Mangrullo, la parrilla que, entre tantas otras propiedades, posee Granados en Ezeiza. Así empieza la gestión del vigésimo primer ministro de Seguridad que ha tenido la provincia en 21 años, a razón de uno cada doce meses.

Detrás del asunto, el gran negocio

A todo esto, Granados y el ex K Sergio Massa comparten un postulado en materia de seguridad: la formación de policías comunales. Granados ya hizo su experiencia en Ezeiza, y ahí está preso José Ramón Pelozo -un ex bonaerense que era uno de los mejores patoteros del intendente- por asesinar a un chico. A Pelozo le dicen "Mataguachos" o "Rompehuesos". Ahora, kirchneristas y "renovadores" se acusan mutuamente de cajonear los proyectos para armar ese tipo de patotas municipales. El asunto tiene sus complicaciones, y no por razones ideológicas sino por dinero, por mucho dinero. La "seguridad", conviene recordar, es un enorme negocio. En ese punto, ni siquiera Scioli y Granados terminan de ponerse de acuerdo: Granados quiere limitar la influencia del ex montonero Mario Montoto, ahora poderoso empresario que, entre sus rubros comerciales, se ocupa de la seguridad. Montoto es el gran proveedor de cámaras de seguridad y otros elementos al gobierno de la provincia. Montoto tiene, además, vínculos aceitadísimos con la Bonaerense y es una suerte de nexo entre los comisarios y el gobierno provincial. Scioli, lógicamente, quiere dejar ese negocio en manos de la provincia; los intendentes, en cambio, quieren hacer como Massa y llevarlo a los municipios. Viene ahora, por lo tanto, un reparto lleno de dificultades que dejará, seguramente, más de un herido. Es, en definitiva, un nuevo factor de crisis política, porque los "barones del conurbano", la mafia de los intendentes a la que pertenece Granados, tienen intereses propios, relativamente independientes de los de La Plata y la Casa Rosada. Por eso, "Massa y su rival del kirchnerismo, Martín Insaurralde (…) piden que los intendentes se conviertan en jefes de sus propias policías" (La Nación, 22/9). La seguridad de la población es, para ellos, un asunto muy secundario.

¿Qué hacer?

Como quedó dicho, 21 ministros de Seguridad se sucedieron en la provincia durante 21 años. Hubo entre ellos para todos los gustos, desde el carapintada Aldo Rico, cuando el "metan bala" de Carlos Ruckauf gobernaba la provincia, hasta "garantistas" como León Arslanian, quien de todos modos llevó el terror a las villas con allanamientos masivos en las madrugadas, que sólo agredieron a los vecinos. Fueron 21 fracasos consecutivos. Rico, al estilo Camps, intentó militarizar la Bonaerense. Reunió un par de centenares de comisarios inspectores y, a gritos y con tono marcial, les advirtió: "Acá van a rodar cabezas". Desde el fondo de la sala, muy clarita, se escuchó una voz que le replicó: "Va a rodar la tuya, boludo". Rico duró 15 días en el cargo. Ahora, 6 mil gendarmes fueron llevados a la provincia desde zonas de frontera. Los tienen hacinados en cuchitriles, al borde de otra rebelión. Mientras tanto, los señores pelean por sus negocios, y los barrios de trabajadores siguen asolados por el narco, las zonas liberadas, el gatillo fácil, las patotas policiales. Luciano Arruga, aquel chico que se negó a robar para la policía, continúa desaparecido. La presencia de gendarmes y federales en la provincia, e incluso la discusión permanente sobre las policías municipales -que sólo podrían integrarse con antiguos purgados por crímenes diversos- indican las tendencias de esa policía a su propia disolución. La movilización popular necesita poner coto a esta situación. Es preciso que asambleas barriales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, metan mano en las comisarías, en los libros de guardia, en la organización de cuadrículas, en las brigadas de calle, y empiecen a desarmar los vínculos orgánicos de la policía, los políticos patronales y el poder judicial con el hampa. Eso sí es cuestión de vida o muerte.