La ley de alquileres cumplió un año. El edicto celebrado por los representantes oficialistas ha demostrado en este lapso toda su impotencia para resolver los problemas de fondo de la insoportable crisis habitacional. De aquel entonces a esta parte, está claro que la ley no le puso punto final al yugo que millones de familias trabajadoras padecen. Tal es así que, por ejemplo, se constató que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron aumentos de hasta el 100% en el precio de los alquileres.

En CABA, que comprende junto a la provincia de Buenos Aires el 50% del mercado inmobiliario, los precios crecen incluso por encima del aumento de la inflación. Así, arrendar hoy día un monoambiente cuesta, cuanto menos, $20.000 en las zonas más alejadas del centro.  A la par, el salario mínimo se sitúa a partir de agosto promediando los $28.000. Un contraste brutal. Lo que ocurre es que la mentada ley de alquileres introduce algunas reformas en “beneficio” de los inquilinos que termina conllevando a todo lo contrario.

Más allá del evidente divorcio de la inflación y la evolución salarial, que se constata en que los salarios perdieron en el último año un 15% de poder adquisitivo (por cuarto año consecutivo), el problema radica en que no se altera la dinámica propia de los contratos de alquileres y el negocio inmobiliario.

La nueva Ley de Alquileres, promovida bajo la pandemia como un avance para el inquilinato, no sólo tuvo un efecto contrario; mostró la estructura liberal y desregulada del mercado inmobiliario. De esta manera, ésta ha servido incluso para agudizar la especulación de las inmobiliarias: achique de la oferta, sobreprecios sincronizados elevando los precios por zona y una total falta de acatamiento a la misma.

Así ponen también en el eje de la discusión la desvalorización permanente de los ingresos de los trabajadores. Así lo puso de relieve en un vivo que sostuvieron recientemente el senador radical Martín Lousteau y el candidato macrista Martín Tetaz. Este último defendió los créditos hipotecarios UVA lanzados durante el gobierno de Macri, que como se indexan por inflación acumulan un 500% y generaron un endeudamiento impagable de miles de familias. El problema, alegó, es que este es un país “con inflación permanente” y donde los salarios quedan relegados.

Pero precisamente allí radica la trampa, que asegura negocios a los bancos y al mercado inmobiliario pero condena a quienes intentan acceder a una vivienda; por eso el FIT-U presentó un proyecto de ley para que las cuotas de estos préstamos no puedan exceder el 25% de los ingresos mensuales familiares de los beneficiarios.

Quien lidera la lista porteña de Juntos por el Cambio que integra Tetaz, María Eugenia Vidal también se refirió hace algunos días a la cuestión de los alquileres, catalogó a la ley oficialista como “un fracaso” y reclamó su derogación. Pero sin contemplar ninguna otra medida, el único resultado sería una liberación de los precios a medida de la especulación inmobiliaria. El propio gobierno de Larreta es agente de un encarecimiento del suelo que agrava la crisis habitacional y expulsa a los trabajadores de la Ciudad. Un proceso de gentrificación de varios barrios, con una proliferación de nuevos Palermos.

Según el IVC, en 2019 CABA tenía 138.328 viviendas desocupadas, mientras decenas de miles viven hacinados, en asentamientos precarios o directamente en situación de calle. Desde el 2007 hasta la fecha, el macrismo porteño impulsó, con el apoyo sistemático de quienes hoy integran Frente de Todos, toda una política al servicio de los especuladores: desde rifas a la Iglesia Católica hasta la actual entrega al grupo Irsa en Costanera Sur. Sólo el Frente de Izquierda denunció esta política en la Legislatura.

Más allá de la General Paz y el Riachuelo, no dista el panorama. De hecho, la primera candidata del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, ha hecho su inmensa fortuna con la especulación inmobiliaria. Recordemos que el gobierno de Kicillof y Berni ha protagonizado cientos de desalojos, como los de Guernica, Camino de la Ribera en Lomas de Zamora, o La Matanza.

Como frutilla del postre, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, echó por la borda la idea de implementar políticas para la adquisición de viviendas, manteniendo exclusivamente el Procrear para construcción y refacción. A ambos lados de la “grieta”, todos los que nos han gobernado en las últimas décadas son agentes directos del negociado inmobiliario

Por el contrario, desde el Frente de Izquierda – Unidad planteamos una salida real al problema. Acompañamos las movilizaciones de las asambleas de hipotecados UVA, exigimos anular esos créditos y que las cuotas no excedan el 25% de los ingresos mensuales familiares. Apoyamos cada recuperación de tierras, como en Guernica, defendiendo sobre todas las cosas el derecho a la tierra y la vivienda de las familias trabajadoras. Por eso planteamos la extensión de los contratos de alquileres entre 5 y 8 años, que los mismos no representen más del 10% del ingreso familiar, e impuestos progresivos a las viviendas ociosas. Para poner fin a la especulación inmobiliaria es necesario, además, una planificación urbana conforme a las necesidades habitacionales, bajo control popular, que incluya planes reales de construcción de viviendas populares.

Es un planteo en las antípodas de los gobiernos del régimen. Con ese programa acompañamos cada instancia de lucha. Un movimiento común de las familias sin techo, inquilinos e hipotecados es imprescindible para quebrar la especulación capitalista con la tierra y la vivienda, retomando las mejores tradiciones históricas como la de la Huelga de Inquilinos de 1907. Es hora de avanzar contra los que nos niegan el derecho a la vivienda.

https://prensaobrera.com/politicas/el-voto-que-le-duele-a-los-duenos-del-poder/

https://po.org.ar/alquileres

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