Políticas
23/7/2026
Con Milei, los alquileres subieron casi más del doble que los salarios
Se cae el relato del gobierno.
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Milei se ha jactado recientemente de haber logrado una supuesta disminución (que habría llegado al 50% en los últimos dos años) del precio de los alquileres, cuando distintos estudios sobre el problema e incluso las estadísticas del propio Indec muestran que está en desarrollo un proceso en el sentido contrario: los precios suben con respecto a los salarios y la inflación, hay altos niveles de emergencia habitacional y de endeudamiento entre los inquilinos, y crecen los desplazamientos desde las ciudades hacia la periferia y los desalojos.
Según Martín Barrionuevo, los alquileres subieron casi más del doble que los salarios entre 2023 y 2026. De acuerdo a los últimos datos del Indec, en junio el gasto interanual en alquiler de vivienda subió un 43,3%, cuando la inflación fue del 33,4% en el Gran Buenos Aires. En la comparación correspondiente al primer semestre, ese mismo ítem tuvo un incremento del 18,9% y la inflación uno del 16,8%. En ambas mediciones, la diferencia entre el aumento del precio de los alquileres y el de la inflación se acrecienta en la región pampeana, en la Patagonia y en las regiones noreste y noroeste.
La situación se enturbia más teniendo en cuenta el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los salarios, que está un 23% por debajo de los niveles de 2016 (Ámbito, 21/7). El último informe del Indec sobre distribución del ingreso dio cuenta de que más de 10,5 millones de personas cobran menos de $1.500.000 mensuales, cuando la Canasta Básica Total de junio superó esa cifra. La pobreza salarial, impuesta por las patronales con la colaboración del gobierno de Milei y las direcciones burocráticas de los sindicatos, está volviendo tortuosa la situación de los inquilinos.
Según un informe elaborado por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, 1 de cada 3 inquilinos se encuentra en emergencia habitacional: una combinación entre endeudamiento, mora en pagos, presión de mudanzas forzosas y un peso fuerte del costo del alquiler sobre sus ingresos. En CABA, donde según datos oficiales aproximadamente 1 de cada 3 familias habitan una vivienda alquilada, el precio promedio de un monoambiente llegó a $509.850, el de un dos ambientes a $781.021 y el de un tres ambientes a $1.189.651 (Ámbito, ídem).
Se estima que aquellos que quieran alquilar deben pagar una cifra que duplica o cuadriplica el valor del alquiler inicial (entre el primer mes, el depósito, expensas, costos de flete y otros gastos) y llega a casi 3,5 millones de pesos en CABA. De acuerdo al informe de Inquilinos Agrupados y la Federación, el 73% de los inquilinos tiene deudas; el 66% se endeudó para pagar tarjetas de crédito, el 55% para comprar comida y el 37% para afrontar el pago del alquiler.
Asimismo, el 38% de los hogares inquilinos está atrasado en el pago de sus deudas. El 48% destina la mitad o más de su salario para afrontar el alquiler (casi la mitad tiene más de dos trabajos) y el 20% debió mudarse por no poder pagar. La asfixia de la deuda sobre las familias trabajadoras es lo que llevó al Frente de Izquierda Unidad a presentar un proyecto para darle una salida a la situación, haciéndole pagar los costos a sus responsables: los bancos, las fintech y las financieras. Y llama a los trabajadores a organizarse y luchar para defender y garantizar el derecho a la vivienda.
En este contexto, por otro lado, es imposible para una cantidad importantísima de trabajadores acceder a créditos hipotecarios por los requisitos restrictivos que se piden. A lo sumo, puede conseguirlos una fracción minoritaria de la población, o los funcionarios del gobierno. Por eso ya ni siquiera las familias pueden acceder a una vivienda propia, ni hablar de los jóvenes. Según el informe, por otra parte, el 78% tiene contratos que se actualizan cada 3 o 4 meses, lo que no permite una estabilidad a largo plazo. En el contexto de crisis señalado, muchos se mudan desde las ciudades hacia la periferia o las villas (las cuales no son urbanizadas por los gobiernos).
En este marco, el gobierno de Milei busca hacer aprobar en el Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que promueve desalojos exprés (incluso mediante el uso de la represión policial) y refuerza el poder de los propietarios y las inmobiliarias sobre los inquilinos. Milei, Jorge Macri, pero también los distintos gobernadores son garantes de los intereses generales del capital inmobiliario; le permiten cobrar alquileres carísimos mientras destruyen los salarios y promueven los despidos, las suspensiones y la precarización laboral.
Salgamos masivamente a las calles a luchar por salarios y contra los despidos, por la construcción de viviendas populares, créditos accesibles y por todas las reivindicaciones de los trabajadores.
