El escándalo del Lago Escondido Gate, en el que están involucrados jueces, funcionarios y empresarios, volvió a poner de manifiesto la podredumbre que envuelve al poder judicial y a los políticos capitalistas.

Esto también se ve en la política de carpetazos que desarrollan los distintos sectores burgueses para dirimir disputas políticas y absolverse a sí mismos de los casos de corrupción, tratando de presentarlos como movidas de persecución política o causas armadas. Esa política contrasta con el interés común que tienen los integrantes de ambos lados de la grieta en sostener a una Justicia que ataca a la clase trabajadora.

Los trabajadores no gozan de protección judicial como los empresarios o los políticos del sistema. Así lo evidencian los miles de juicios (más de 250.000), casi nunca atendidos, que los jubilados abrieron contra la Anses por recibir haberes menores a los que les corresponden, los juicios que los trabajadores llevan adelante contra las patronales por la violación de derechos laborales elementales, o el cierre de la causa sobre la Ley Banelco, con la que, coimas mediante, se erigió un régimen generalizado de precarización laboral.

Existen otros ejemplos que muestran cómo el aparato judicial juega para los capitalistas. La empresa de lácteos Vidal fue beneficiada este año por un fallo judicial que le permitió avanzar en el despido de 26 trabajadores. En 2014, la Justicia impidió el cobro de salarios de trabajadores del exgrupo Indalo, bloqueando la cuenta con la que se depositaban los sueldos.

La impunidad reina para un sector minoritario de la población, que está compuesto por los responsables de la bancarrota del país. El devenir de la causa de los Cuadernos de Centeno (2018), uno de los escándalos de corrupción más importantes de los últimos tiempos, es un ejemplo de esto. Un año después de que viera la luz el affaire, solo 2 de las 172 personas procesadas (136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros) quedaron detenidas. Importantes elementos de la burguesía nativa como Benito Roggio (Metrovías), Carlos Pescarmona (Impsa), Ángelo Calcaterra (Iecsa) y Paolo Rocca (Techint) se vieron involucrados, y zafaron. Todos amigos de los políticos capitalistas como Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Lo mismo ha ocurrido con los Panamá Papers o los Paradise Papers, que dieron cuenta de una red internacional de evasión fiscal, de la que participaron políticos y empresarios argentinos como Luis Caputo, Juan José Aranguren, Mauricio Macri, Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Alejandro Roemmers (Laboratorio Roemmers), Alfredo Coto (Coto) o Claudio Belocopitt (Swiss Medical), quienes continúan desenvolviendo su vida con total normalidad.

Los políticos burgueses también son protegidos por el aparato judicial. Cristina Kirchner ha sido sobreseída de las causas de Hotesur y Los Sauces. A Macri, por ejemplo, la Justicia lo favoreció condonando la deuda que Correo Argentino S.A, empresa que perteneció a la familia del expresidente, poseía con el Estado nacional. Los trabajadores, cada vez más endeudados, jamás obtendrían una quita de este tipo. Para ellos solo existe la acumulación de intereses y el embargo de bienes por deudas, o sea, la desposesión más brutal.

La Justicia es uno de los tres poderes del Estado. Interviene en la escena política para favorecer a la clase capitalista porque es un pilar fundamental de la dominación burguesa. Que a veces algunos jueces arbitren a favor de ciertos grupos burgueses, nacionales o extranjeros, y no de otros, solo es un reflejo, en el plano judicial, de las disputas interempresariales que tienen lugar en la sociedad capitalista.

La desigualdad que existe entre el trato judicial que reciben los capitalistas y los trabajadores es inherente a una sociedad dividida en clases. La idea de que somos “todos iguales ante la ley”, divulgada por la clase dominante y sus epígonos, es la cortina de humo teórica para ocultar las desigualdades sociales reales y los fundamentos sobre los cuales se erige este régimen de privilegios para unos pocos y de pobreza y miseria para la mayoría.

Para terminar con la burocracia judicial, sus privilegios y su carácter procapitalista, hay que establecer la elección popular de los jueces, que estos puedan ser revocados si no cumplen con su mandato, y que cobren un salario obrero. Para ponerle punto final a este régimen podrido tenemos que gobernar los trabajadores.