Contra el salario extramínimo, luchemos por los $1.800.000 que necesitamos para vivir

El gobierno nacional oficializó por decreto el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde abril hasta agosto, bajo la política de ajuste no superar el 1% de aumento mensual, en línea con lo reclamado por las cámaras patronales, y totalizando $308.200 para mayo cuando se calcula que se necesitan $1.800.000 por mes para vivir.

La designación unilateral del salario mínimo vino luego de una de tantas reuniones frustradas del Consejo del Salario, donde las patronales reclamaron profundizar la línea de ajuste contra los trabajadores, y la burocracia sindical al frente de las centrales obreras asistió al encuentro totalmente desarmada, sin movilización ni plan de lucha y con un reclamo simbólico e insuficiente de $644.165 para abril, por el cual tampoco hicieron nada.

Lo resuelto por el gobierno se inscribe en la ofensiva general contra los trabajadores, con la imposición de una pauta de aumento del 1% mensual que va muy por detrás de la inflación producida por el gobierno.

En esta misma línea, el gobierno incentivó a las patronales de las cámaras de comercio a que desconozcan el aumento pactado del 1,9%, más una suma no remunerativa, con el gremio de Comercio, por interpretar que el mismo se excede de la pauta oficial, razón por la cual no fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

La receta del gobierno para “contener la inflación” es atacar el poder adquisitivo de los trabajadores, deprimiendo el consumo y destruyendo la actividad económica, como un médico que para terminar con una infección decida acabar con la vida de su paciente.

Quienes sí toman el guante de esta afrenta son los trabajadores de diversos sectores, como los choferes de distintas líneas que hicieron activo el paro de la UTA y que expresan un canal de acción contra el carnereaje y la complicidad de las direcciones sindicales burocratizadas.

El ataque a las condiciones de vida y salariales de los trabajadores amerita de una respuesta colectiva que debe partir del presupuesto de un piso salarial que supere lo $1.800.000 medidos como canasta familiar según la Junta Interna de ATE Indec y que sirva para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. El movimiento obrero debe desenvolver esta campaña, abriéndose paso en los lugares de trabajo y organizándose independientemente de la burocracia sindical traidora.

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