Mientras las presiones devaluatorias se acrecientan y las reservas internacionales netas líquidas del Banco Central siguen en terreno negativo, se acrecienta el flujo por otra de las vías a través de la cual se fugan divisas del país: el contrabando de miles de toneladas de producción agrícola y ganadera, que cruzan ilegalmente las fronteras para ser comercializadas sin cepo, brecha cambiaria, ni retenciones. Todo bajo la ineludible complicidad estatal.

No es solo a la espera de la devaluación del peso que los pulpos de los agronegocios mantienen retenida la cosecha. La gran diferencia entre la cotización oficial del dólar y los tipos de cambio paralelos también alienta la venta de granos y otros productos de manera ilegal hacia países limítrofes, desde los cuales en muchas ocasiones se reexporta. Por eso el contrabando está en niveles récord.

Son reiterados los hechos registrados en las últimas semanas y meses sobre intentos de consumar el traspaso de las fronteras con mercadería no declarada. Por supuesto, los casos en que estas operaciones son frustradas por las fuerzas de seguridad representan solo una porción menor, pero permiten dimensionar la magnitud del fenómeno e ilustrar el accionar del Estado en sus distintos niveles.

Recientemente ocurrió un hecho lamentable a partir de la incautación de unas 18 toneladas de presas de pollo en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, que presuntamente iban a ser transportadas ilegalmente hacia Paraguay junto a decenas de botellas de aceite comestible. En un operativo plagado de irregularidades, por la noche del sábado 14 efectivos de la Prefectura Naval sitiaron una casa en el barrio Altos del Paraná de la mencionada localidad, hasta que recién por la madrugada del domingo un juez federal de Eldorado dictó la orden de allanamiento y fueron decomisadas unas 1.200 cajas con pata muslo y cantidades no especificadas de aceite. Quedaron detenidas unas 30 personas, entre ellas un funcionaria municipal de Iguazú.

El triste final es que toda la mercadería -valuada en dos millones de pesos- quedó tirada en un playón, a pesar de que al ser declarada como de procedencia argentina no requería aval aduanero para ser conservada en un depósito. Recién el martes 17 el Senasa dictaminó que debían deshacerse del pollo, porque al perder la cadena de frío ya no sería apto para consumo humano. Las presas fueron enterradas en un predio municipal, pero al poco tiempo decenas de vecinos de los barrios Fortín Mbororé, Nuevo Iguazú y Los Yerbal excavaron el terreno y se llevaron la carne para comerla. Un retrato de la situación social, y de la desidia estatal.

Pero la anécdota no es más que una pequeña muestra. Las fronteras argentinas son verdaderos coladores por donde pasan grandes cantidades de producción agrícola, especialmente de granos. En la misma provincia de Misiones fue incautado el 21 de octubre un millonario cargamento de soja, cuyo valor se ubica entre los más altos de la historia de los operativos del distrito. Se trató de un convoy de ocho camiones repletos de granos de soja que pretendía ser cruzada a Brasil por el Río Uruguay, pero fue detenido en la localidad de San Vicente. Para llegar hasta allí, los camiones debieron ingresar a la provincia desde otras jurisdicciones, y atravesar varios controles policiales y de autoridades tributarias ante los cuales nunca podrían haber presentado la documentación correspondiente.

Esto exhibe una cadena de responsabilidades, más evidente aún cuando no solo no se cultiva soja en Misiones sino que tampoco hay molinos, ni plantas aceiteras, ni puertos; es decir que el cargamento no podía tener otro destino que el contrabando. Al parecer, es tan grande la rentabilidad de estas operaciones de vender los granos en países vecinos, y adquirir dólares cuyo valor duplica la cotización oficial, que deja margen para comprar la complicidad de los funcionarios de varias provincias.

Que no se trata de excepciones lo demuestran los lapidarios informes relevados a partir de la quiebra fraudulenta de Vicentín, entre cuyas operaciones de vaciamiento se identificó el constante contrabando de producción, para ser reexportada desde Uruguay o Paraguay. De hecho, este último país vendería al año unas once millones de toneladas de soja, que es mucho mayor a lo que produce.

Los relevamientos también mostraron que las exportadoras, cerealeras y aceiteras, que cuentan con puertos propios en todo el complejo del Litoral, recurren periódicamente a la subfacturación de exportaciones para evitar tributar por el total de sus ventas. Argentina es una canilla abierta a la fuga de dólares, en beneficio de un puñado de pulpos que son premiados con reducciones impositivas para incentivarlos a liquidar la cosecha retenida.

Todo esto fue reconocido a principios de octubre por el propio presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, quien declaró que la cosecha de soja se va por contrabando a Brasil y Paraguay, en “un mecanismo similar al utilizado por el narcotráfico en el corredor litoral, tanto fluvial como terrestre” (Télam, 4/10). La magnitud de este comercio es tal que el titular del Centro Azucarero Paraguayo viene de elevar quejas al presidente de ese país porque, según él, toda la industria está en jaque por el ingreso de azúcar de manera ilegal desde Argentina y Brasil.

Con un breve raconto de información periodística, identificamos que solo entre junio y julio fueron incautadas en distintas circunstancias unas 330 toneladas de maíz y 150 toneladas de soja que intentaban cruzar de contrabando a Bolivia desde la provincia de Salta. Según denuncian vecinos hay montadas hasta rutas paralelas, con “peajes” inclusive. Semejante magnitud de transporte no se puede escapar al Estado, a menos que se mire para otro lado de forma intencional.

En definitiva, el récord de contrabando muestra los pingües negocios que hacen capitalistas y funcionarios aprovechando los efectos de la corrida cambiaria, y también el carácter anitnacional de una clase social que solo produce en función de rapiñar mayores ganancias. Esta fuga solo puede ser detenida mediante la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, desarmando las redes de complicidad estatal y poniendo los recursos en función del desarrollo social de la nación, no de un puñado de pulpos especuladores.

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