La asunción de Daniel Passerini al frente del Palacio 6 de Julio tuvo la misma impronta de lo sucedido en la jura del nuevo gobernador de Córdoba. Efectivamente, si Martín Llaryora asumió la intendencia ajustando a lxs municipales y aumentando la precarización laboral, el actual intendente pretende continuar una gestión marcada por ataques a lxs estatales y al conjunto del pueblo trabajador mediante una actualización permanente de los impuestos inmobiliarios y de las tasas.

Aunque la gestión del PJ diga que los impuestos “se actualizarán” de acuerdo a los salarios, hay que tener en cuenta que los ingresos populares seguirán cayendo todavía más como resultado de la inflación descontrolada. Y, para peor, la suba de los servicios públicos acrecienta la suba de precios y con ello se devalúan los presupuestos que deberían usarse para atender los problemas de los trabajadores (salud, educación, etc.)

Passerini asumió con un discurso en parte similar al de Milei, lo que no sorprende, puesto que sus jefes, Schiaretti y Llaryora se sumaron al gobierno nacional con funcionarios del riñón de la estructura del cordobesismo, como Osvaldo Giordano, Mogetta y Trillar. Por eso, aunque haya buscado diferenciarse del liberfacho mencionando su preocupación por cuestiones como salud, educación, la realidad mata relato.

Resulta que la educación y el sistema de salud municipal se sostienen a través de una profunda precarización laboral. El programa Piensa, que se implementa en las 38 escuelas municipales, significa una mayor permanencia de lxs niñxs en los establecimientos educativos sobre la base de la intensificación de la jornada de trabajo de docentes y una superexplotación laboral de todo el personal.

En torno al sistema sanitario, la situación es incluso más crítica. El gobierno municipal avanzó en la precarización de los puestos de trabajo, sin sustituir la bajas por altas, y reemplazó a los trabajadores municipales bajo convenio por becarixs y monotributistas que cobran salarios muy inferiores al salario mínimo, vital y móvil.

A su vez, en la misma línea que el gobernador Llaryora, el intendente anunció en medios locales que reducirá los salarios de los funcionarios públicos. “Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los gastos y lo primero que vamos a tomar son decisiones restrictivas en ese sentido. Vamos a estar en sintonía con lo que planteó el gobernador ayer”.

Y continúo: “no se le puede exigir a la gente esfuerzo y no hacer lo mismo a la hora de administrar los recursos públicos”. Bien visto, se trata de una medida que consiste en recortar ingresos de funcionarios (aunque manteniéndolos en niveles altos y dejando intactos sus privilegios más generales de políticos capitalistas) y así justificar el ajuste sobre el conjunto de los trabajadores. Tal es así que Passerini ya le hizo una advertencia al Suoem: “La municipalidad tiene una deuda externa de 153 millones de dólares y hay que negociar en un contexto más complejo. Tenemos que ser restrictivos con el gasto y no vamos a rifar el presupuesto de la municipalidad. Tenemos que privilegiar a todos los cordobeses. No vamos a tirar la plata solo porque un sector quiera hacer más fuerza que otro. Apelo a la racionalidad de los dirigentes”.

En torno al sistema de transporte, el intendente plantea prorrogar por un año las concesiones a las diferentes empresas que prestan el servicio; esto, a pesar de reconocer el déficit que tiene el transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Asimismo, dejó sentadas las bases para justificar un nuevo tarifazo, aduciendo que el aumento del combustible impacta sobre todo en el valor del transporte y que a pesar de los subsidios millonarios que el municipio le otorga a las empresas la tarifa sigue siendo insuficiente. Resulta que las empresas administran los subsidios discrecionalmente, sin control por parte de trabajadores y usuarios, que son quienes sostienen el sistema cuyo precio no guarda relación con la calidad del servicio ni con los ingresos populares.

Mientras preparan un ajuste mayor sobre la clase trabajadora y los salarios de los municipales se ven cada vez más degradados como consecuencia de la galopante inflación que dejó el exministro Massa y que el nuevo presidente pretende elevar todavía más, es necesario una intervención independiente para derrotar al régimen de impuestazos y ajustes permanentes y abrir paso a un giro político y reivindicativo desde el campo de lxs trabajadores.

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