Políticas
21/8/2026
Córdoba: condena al Estado por cajonear durante 17 años la causa contra el dirigente peronista Roberto Clavero
Un nuevo escándalo político e institucional salpica de lleno al Partido Justicialista de Córdoba y a las estructuras del Poder Judicial.
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La provincia de Córdoba fue condenada a pagar más de $222 millones ($222.707.598,15 entre indemnización y honorarios) por la "falta de servicio" y la "mala praxis" de funcionarios judiciales de Villa Dolores, quienes mantuvieron frenada e inactiva durante 17 años una causa de abuso sexual infantil contra el influyente dirigente peronista Roberto Clavero. La jueza Viviana Rodríguez, del Juzgado Civil de Carlos Paz, dictaminó la responsabilidad del Estado provincial tras acreditarse la flagrante parálisis de la causa iniciada en 2005. El resarcimiento a la víctima asciende a más de $162 millones por daño moral actualizado, a los que se suman más de $60 millones en peritajes y honorarios de los abogados patrocinantes, Emiliano Binante y Germán Romero Marcón.
17 años de impunidad bajo el amparo del poder político
Roberto Clavero no era un ciudadano común: operaba como un hombre de peso clave en el esquema del PJ del departamento San Javier y del Valle de Traslasierra. Fue presidente de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo) -la entidad de mayor facturación de la región-, titular del gremio de Empleados de Comercio local, precandidato a intendente de Villa Dolores y un histórico hombre de confianza del exlegislador y barón territorial peronista Oscar González.
La denuncia original por los abusos cometidos contra su hijastra desde que era una niña fue radicada en marzo de 2005. Sin embargo, el expediente permaneció "cajoneado" en los tribunales de Villa Dolores durante casi dos décadas. Recién en marzo de 2022, cuando la víctima acudió por casualidad a la sede judicial como testigo en otra causa y preguntó por su caso, el expediente fue rescatado. En mayo de 2024, la Cámara del Crimen de Villa Dolores condenó finalmente a Clavero a 28 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores, mientras que la madre de la víctima recibió 16 años de cárcel como partícipe necesaria.
Pese a que en el fuero penal también se les fijó un resarcimiento civil de $119 millones, los condenados no abonaron un solo peso tras declararse insolventes mediante maniobras fraudulentas que hoy se investigan.
Los magistrados de la impunidad y la factura que paga el pueblo
El fallo del juzgado civil dejó al descubierto la complicidad y el encubrimiento del entramado judicial local. En el expediente constan las omisiones de cinco funcionarios judiciales de Traslasierra: Ricardo Ramón Romero Uez, Noemí Bobbio (ambos ya jubilados con pensiones de privilegio), junto a los actuales fiscales de Cámara Sergio Cuello y Raúl Alejandro Castro, y la fiscal de instrucción Lucrecia Zambrana.
Cabe destacar que el caso debió ser derivado a Carlos Paz luego de que múltiples magistrados de Traslasierra se inhibieran de actuar por sus estrechos vínculos con los acusados. Actualmente, existe una denuncia penal contra estos cinco magistrados a cargo de la fiscal Analía Gallaratto (Villa Cura Brochero), donde se investigan las omisiones que garantizaron la impunidad del dirigente del PJ durante casi 20 años.
El discurso de la "independencia" y la realidad del alineamiento judicial
Ante el impacto mediático del fallo, el gobernador Martín Llaryora intentó desmarcar al Ejecutivo sosteniendo que en Córdoba existe una estricta "independencia de poderes" y que el Poder Judicial actúa sin condicionamientos del oficialismo. Sin embargo, los hechos desmienten esa narrativa oficial., el propio caso Clavero es la prueba más contundente de esto. Una causa por abuso infantil se mantuvo cajoneada durante 17 años únicamente por la condición de dirigente poderoso y aliado clave del oficialismo que ostentaba el acusado.
Pero el caso Clavero no es el único donde operaron redes de protección para garantizarle impunidad a figuras ligadas al poder político. La causa del exlegislador Oscar González -padrino político de Clavero- expone idénticas dilaciones y tratos preferenciales tras la tragedia vial de las Altas Cumbres, donde las causas vinculadas al uso indebido de bienes públicos y responsabilidades penales han avanzado a paso de tortuga.
Así mismo, el oficialismo que gobierna Córdoba desde 1999 ha controlado de forma sistemática las designaciones en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en la Fiscalía General, teniendo una hegemonía en estas instituciones por medio de la incorporación de exfuncionarios del propio Poder Ejecutivo, lo que rompe cualquier principio de neutralidad. Así las cosas, no resulta sorprendente la cantidad de causas por corrupción estatal que son cajoneadas, por el contrario cada vez son más recurrentes las parálisis de investigaciones por sobreprecios en la obra pública, contrataciones irregulares y abusos de las fuerzas de seguridad (como los casos de violencia institucional) , lo que demuestra que el aparato judicial funciona como un filtro de contención para proteger a los funcionarios de turno.
Este caso vuelve a poner de manifiesto la descomposición del régimen político cordobés, la cooptación de la Justicia al servicio de los punteros del poder y la doble vara de un sistema penal que ampara a los poderosos. Mientras los funcionarios responsables de paralizar la investigación continúan en sus cargos o gozan de jubilaciones de privilegio sin tocar sus patrimonios personales, los más de $222 millones de la indemnización terminarán saliendo de los fondos públicos y del bolsillo de todo el pueblo trabajador cordobés. Por otra parte, también deja establecida la necesidad de poner en pie fueros especializados, con cargos electos y revocables que den verdaderas respuestas ante los casos de abusos sexuales y violencia. Basta de amparo e impunidad.
