Córdoba: el servicio de agua sube un 12,3%, LLaryora incrementa confiscación sobre salarios
El gobierno provincial aumentó impuestos que encarecen todavía más los costos de las boletas.
El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) habilitó un nuevo incremento del 12,3% en el coeficiente regulatorio de agua potable. Con esta suba el costo del servicio acumuló un 33,75% durante el primer cuatrimestre del 2025.
En abril, el grupo Roggio, que es el concesionario de un servicio, había solicitado un aumento argumentando que tuvo supuestas subas en sus costos operativos por encima de la inflación. A esto hay que sumar un incremento en el canon que el gobierno provincial cobra.
Cabe tener en cuenta que el mencionado ente regulador es prácticamente controlado por el gobierno de la provincia de Córdoba. Por eso, funcionarios que responden a la política de Martin Llaryora no solo terminaron avalando un incremento a libro cerrado, sino que aprovecharon la ocasión para aumentar los tributos que terminan por encarecer todavía más el valor de las boletas.
Como los ingresos populares vienen teniendo un marcado deterioro, los trabajadores van dejando de pagar boletas de servicios. En el caso de aguas Cordobesas, cabe agregar que hay usuarixs que registran deudas y recibieron intimaciones de pago -de no cumplirlo les cortarían un suministro que es un derecho humano elemental.
Es claro que el incremento no guarda relación con los ingresos populares. Sin embargo, el gobierno provincial le cuida la tasa de ganancia a una empresa amiga mientras pretende continuar imponiendo una verdadera confiscación en salarios y jubilaciones, por la vía de suba de impuestos, tarifazos en los servicios y paritarias por debajo de la suba de precios.
Además, el incremento del servicio de agua potable tendrá un impacto en salarios y jubilaciones, que vienen perdiendo frente a la suba de precios, sobre todo en alimentos y bebidas, que es a donde mayoritariamente van destinados ingresos populares.
Hay que tener en cuenta que el aumento en los servicios puede tener un impacto en costos, y por lo tanto las empresas lo trasladan a precios. Mientras se atiza la inflación quienes gobiernan mantienen un cepo al salario y jubilaciones.
En ese sentido, Llaryora otorgó un aumento en la jubilación mínima del 2,7%; es decir alrededor de $10.000, menos de lo que vale en promedio el kilo de carne molida, y menos del aumento del servicio de agua potable que impuso.
El aumento del servicio del agua se da en momentos en que la pelea de lxs trabajadores por una efectiva recomposición de salarios no afloja. Judiciales profundizan su plan de lucha, y la Uepc-Capital sigue construyendo la fuerza para establecer la reapertura de paritarias.
En conclusión, para terminar con los aumentos de servicios es necesario una intervención independiente desde el campo de lxs trabajadores. Para terminar con los aumentos a discreción de las empresas y sus gobiernos, es necesario establecer un control de trabajadores y usuarixs del servicio que no puede seguir siendo un negocio sino un derecho elemental.


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