Las cifras del Indec marcaron un incremento de la pobreza en todo el país. La provincia de Córdoba no escapa a esa tendencia general, e, incluso, tiene conglomerados urbanos en donde la situación es particularmente sensible, sobre todo para la juventud y niñez.

Cabe tener en cuenta que los datos del Indec reflejan estadísticas del segundo semestre del 2020 en la Argentina. Según este estudio, el 42% de la población, es decir 19.058.240 personas se encuentran bajo la línea de la pobreza y el 10,5% son indigentes, un total de 4.764.560 habitantes.

Pero los datos mencionados abarcan el período en el cual todavía estaba en vigencia el IFE. Por lo tanto, los números de pobreza e indigencia del primer trimestre del 2021 serán más elevados aún. Es en este marco en el que la gestión de Juan Schiaretti hace alarde de supuestas medidas contra esta situación desesperante.

En ese sentido, el gobierno de Córdoba informó el pasado jueves que con una población de 3.760.000 personas, 814.623 son alcanzadas por algún programa de promoción y protección social provincial. Respecto a junio 2020, la cantidad de beneficiarios se incrementó un 8%. La provincia remarcó que, si se suman a los integrantes de grupos familiares de los receptores de planes, el número de beneficiarios se eleva a un total de 1.467.384 personas, es decir el 38,4% de la población.

El gobierno de Schiaretti pretende mostrar estos números como un logro de su gestión. Pero lo que en realidad muestran es el fracaso del PJ local durante más de 20 años de gobierno y el fracaso de una política nacional de todos los que gobernaron hasta hoy.

Los datos de la pobreza e indigencia y la desocupación dan cuenta que este no es un problema que se generó con el Covid-19. Así lo reflejan los registros del Indec, indicando que en el Gran Córdoba, la tasa de pobreza pasó del 35,8% en el segundo trimestre de 2016, a un 37,6% en 2019, solo para mencionar anteriores registros oficiales. Como se ve, la pobreza crece, reflejando un problema que se arrastra desde hace décadas y año a año se profundiza. La crisis sanitaria vino a agravar el cuadro de crisis precedente.

Por otro lado, la asistencia social de la cual se jacta Schiaretti no llega ni por asomo a los $23.000 que una familia cordobesa necesita para alimentarse. La “asistencia alimentaria” consiste en la miserable suma de $1.300, mientras que la remuneración contemplada en los programas laborales es inferior a la línea de indigencia.

Vale señalar, que el gobierno de Córdoba, contempla dentro de la asistencia estatal a las familias el hecho de que un niño reciba una caja de leche, así el gobierno infla la asistencia. Mientras tanto mantiene cerrada la alimentación caliente en las escuelas, aun cuando la docencia declara en los medios locales que los pibes van a estudiar sin comer.

Mientras la pobreza crece, el gobierno de la provincia ha priorizado el endeudamiento para garantizar los negociados en la obra pública en beneficio de la agroindustria que no genera nuevos puestos de trabajos.

El ajuste de la gestión del PJ lleva a que miles de trabajadores estatales y jubilados estén cobrando por debajo de la línea de pobreza.  En este escenario, es necesaria la organización del conjunto de la población trabajadora para enfrentar el ajuste en medio de la pandemia.

Esta perspectiva es la que viene impulsando el Polo Obrero con los planes de lucha que ya tienen todo un recorrido, planteando un programa para garantizar trabajo genuino; la tierra para los trabajadores, no para los especuladores; la defensa de la educación pública, por los derechos de mujeres y diversidades; en definitiva toda una acción política y reivindicativa para derrotar el ajuste de quienes gobiernan.

En este marco, el Partido Obrero en el FIT reclama que los recursos sean destinados a planes de obra pública con mano de obra intensiva y expansiva, como la construcción de viviendas populares, a fin de generar miles de puestos de trabajo directos y miles indirectos, y, a su vez, dar soluciones habitacionales ante la grave falta de vivienda. Esto, como parte de un plan de reorganización de la economía sobre nuevas bases.

En ese sentido, es necesario desarrollar una alternativa política de los trabajadores para terminar con este régimen de endeudamiento, desocupación y hambre.