La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo que depende del Ministerio de Economía, dio por concluida su investigación sobre la cartelización de la obra pública, que salió a la luz en la famosa causa por corrupción conocida como “los cuadernos”, alegando no haber encontrado evidencias contundentes a pesar de los testimonios de diferentes empresarios y pruebas incluidas en el propio juicio.

Cabe destacar que es la segunda vez en menos de veinte años que la CNDC no avanza sobre el sector, considerando la investigación llevada adelante en 2005 por denuncias del mismo tipo, que tampoco obtuvo resultados. Esta fue encarada por el gobierno kirchnerista, quien preservó los negocios corruptos de José Lopez y Lázaro Báez bajo su égida.

Esta investigación por parte de Economía tiene un carácter meramente administrativo pero es un caso que ya se tramitó en la justicia y tuvo como resolución la impunidad de todos los empresarios, desde Paolo Rocca, CEO de Techint, hasta Ángelo Calcaterra, primo de Macri, pasando por el propio Grupo Macri. Si el ministerio hubiese llegado a algún puerto, tendría que haber avanzado en un proceso judicial, lo que desnuda que este es el corolario de la impunidad judicial, es el mismo Estado el que continúa encubriendo las corruptelas de los capitalistas.

El expediente supuestamente buscaba determinar si las empresas se habían cartelizado, es decir simular que competían por los contratos de obra pública mientras se las distribuían en común acuerdo mediante un mecanismo pactado. Sobre ese punto, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, un “arrepentido” de la causa, relató cómo al menos una docena de empresarios se repartía los contratos.

“Se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenía, tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”, sostuvo Wagner (La Nación, 04/09).

En tanto, el financista, Ernesto Clarens, quien estaba a cargo destrabar los pagos con Vialidad Nacional, confesó en los tribunales cómo funcionaba el mecanismo colusorio y acompañó planillas demostrativas de sus dichos. Ambos fueron beneficiados por la justicia con la libertad mientras esperaban el juicio y con penas más bajas por haber confesado, antes incluso de verificar la información, lo que demuestra el trato preferencial que tienen los capitalistas a la hora de ser juzgados.

A su vez, la CNDC le pidió información al entonces juez federal Claudio Bonadío, a la Fiscalía de Carlos Stornelli, a la Oficina Anticorrupción, a Vialidad y a la Inspección General de Justicia, quienes no respondieron o rechazaron responder sus requisitorias, lo que expone la complicidad de todo el aparato estatal para defender los intereses de la patria contratista.

Mientras Massa descarga el ajuste fiscal sobre las espaldas de los laburantes, le vuelve a garantizar impunidad a todos estos grupos que hicieron un enorme negocio durante los años de kirchnerismo pero también durante los años de macrismo, quienes se reparten los recursos del Estado a costa de corruptelas, sobornos y maniobras espurias. La “casta” de políticos corruptos roba para los capitalistas, que son los que más se enriquecen y nadie los toca, mientras la población es sistemáticamente golpeada con ajuste y mayores impuestos.

En paralelo, Milei aprovecha la bronca que genera en la población la falta de obra pública o su precariedad y las corruptelas que las envuelven para promover la privatización total de la misma. Esto implica que el Estado no se hace cargo directamente de las obras sino que es el sector privado el garante de hacerlo con el fin de obtener algún rédito económico vía concesiones y garantías. Es decir que el sistema de obra pública estará atravesado absolutamente por el lucro privado, lo que hará que la población termine pagando los platos ratos con mayor precariedad, sobre todo en un país que carece de infraestructura productiva.

También promueve la aplicación del “plan motosierra”, el cual consiste en pasar la guadaña por los planes sociales, las jubilaciones y el presupuesto público, ajustando esferas clave como salud y educación y pulverizando aún más los ingresos de los jubilados y los más pobres. Sucede que responsabiliza a todos ellos por el rojo fiscal, cuando los que se llenan los bolsillos a costa del Estado son los empresarios, incluyendo a Eurnekian (mentor y financista de Milei) y compañía, y son los principales protagonistas de la corrupción.

Este sector parasitario se vería plenamente beneficiado con las prebendas impositivas que el libertario propone, las cuales, como vimos, seguirían siendo costeadas por el ajuste sobre los laburantes, los jubilados y los más vulnerados, lo que quiere decir que comparte programa con Massa y Juntos por el Cambio. Queda claro que son todos los políticos capitalistas son mulos de la patria contratista y se valen del Estado y el régimen democrático para que estos se continúen perpetuando en el poder, en detrimento de los intereses de la población.

Los únicos perjudicados por este esquema de corruptela son los trabajadores, ya que estos negocios espurios se realizan con la plusvalía que se les extrae en el proceso productivo. Los empresarios y sus representantes políticos trabajan mancomunadamente para explotar a los trabajadores y robarles su dinero. El gran desafío es no brindarle apoyo a ninguno de los campos de esta guerra de buitres y coimeros, y desarrollar una alternativa política propia para enfrentar los ataques que se vienen.

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