Políticas
11/7/2025
Corrupción policial en Córdoba, un aparato descompuesto
El gobernador Llaryora salió a bancar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero.
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La inseguridad proviene del poder político.
En las últimas semanas volvieron a ocupar centralidad en la prensa titulares relacionados a la “corrupción en la Policía de Córdoba”. El tema no es nuevo después de años de gestión del peronismo cordobés, hay antecedentes que dan cuenta de un cuadro de descomposición.
El 8 de julio tomó estado público que habría un caso de corrupción policial en la Patrulla Aérea. Pablo Pérez, comisario inspector y Rodrigo Montivero oficial principal, ambos pilotos jefes y pilotos de la mencionada unidad, están implicados en “una estructura paralela de cobros millonarios”, según describió CBA 24N.
“Los aspirantes debían abonar hasta un millón de pesos mensuales, que luego era devuelto mediante suplementos salariales. Además, para poder volar, se les exigía realizar cursos en escuelas privadas de Alta Gracia, donde cada hora de vuelo cuesta 1.000 dólares. Con un mínimo de 100 horas necesarias para la habilitación, el costo total rondaba los 100 mil dólares”, dice la citada fuente.
El ahora exdirector de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, fue detenido e imputado por "asociación ilícita en calidad de jefe", junto a tres comisarios y un suboficial que con la complicidad de civiles actuaban en una banda que realizaba negociaciones extrajudiciales, cobraban de deudas, fijaban honorarios y asumían defensas penales.
Así las cosas, Ochoa Roldán fue imputado por el fiscal Guillermo González por “coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia”, según precisó Perfil. El pez se pudre por la cabeza.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado fue detenido e imputado por asociación ilícita el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, junto a otros funcionarios de alto rango, entre ellos un integrante del Tribunal de Conducta Policial. A los diferentes negociados y delitos en cárceles que se producen por acción u omisión de integrantes hay que agregar los casos de torturas en los lugares de encierro.
En marzo del 2024 cayó la “banda de los bomberos”, al frente de la misma habría estado el subjefe de la Policía Gustavo Folli Pedetta. En el 2008 un grupo de policías, entre ellos oficiales de alto rango, crearon una estructura delictiva de “asesoramientos y proyectos técnicos" para tramitar los certificados de inspección de bomberos apócrifos.
Como se ve, cada tanto toma estado público un escándalo de policías que delinquen; luego el gobierno dice que va a “depurar la fuerza”, que va a trabajar en el tema, hasta que sale de la centralidad de la prensa, y tiempo después surgen nuevos “poliladrones”, vuelven a repetirse delitos en los que están involucrados integrantes de las fuerzas de (in)seguridad.
En este marco, el gobernador de la provincia Martin Llaryora salió a bancar al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a quien la oposición patronal le pidió la renuncia. Quinteros es el más bullrichista de los ministros de la gestión cordobesista que apunta a desenvolver la misma orientación antihuelga que el gobierno facholibertario, con el que Luis Juez y Rodrigo de Loredo también son colaboracionistas.
Cuando Llaryora también dice "los buenos son los de azul", citando una frase de la ultraderecha argentina, da cuenta de que también levanta la agenda represiva contra los trabajadores. En ese sentido, un caso explícito de espionaje es la causa “Berardo y otros”, en la que el fallo dio cuenta de que la Policía incurrió en una práctica ilegal. La defensa siempre dejó en claro que la causa contra dirigentes del Partido Obrero, Soledad Díaz y Emanuel Berardo, entre otros, era una causa armada desde el poder mediante una justicia adicta.
El gobernador defiende a la policía porque se vale de ella para regimentar a la juventud, y en tiempos del “ajuste más grande la historia”, apunta a valerse de un aparato descompuesto para practicar espionaje y represión contra las luchas populares.
Los sucesivos cambios de cúpula y las reformas en la fuerza no cambiaron en esencia el problema de la corrupción policial que hunde sus raíces en el entrelazamiento de la fuerza en delitos organizados, como el narco, la trata, desarmaderos de autos o en la creación endógena de asociaciones ilícitas. Ningún parche o reforma puede revertir esta situación. Es necesario el desmantelamiento del aparato policial, y su sustitución por una fuerza nueva comandada por los trabajadores.
En oposición a todo empoderamiento de un aparato policial descompuesto, hoy más que nunca es necesario luchar por el derecho a la protesta.
En conclusión, la inseguridad viene desde arriba, y tiene al aparato policial entrelazado a las usinas delictivas, como lo dan cuenta los hechos de corrupción policial, que tienen responsables políticos. En ese sentido, Bullrich y Milei son sus paladines.
