En los últimos días,  unas 700.000 personas sufrieron cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.  La cifra se parangona con los momentos más álgidos de la interrupción del servicio en el verano, el momento de mayor consumo.  Pero en esta época del año, los apagones no pueden explicarse por ese motivo. ¿Entonces?  las mismas distribuidoras eléctricas dieron  las verdaderas razones. Alegando la demora en percibir los mayores ingresos del tarifazo (interrumpidos por los amparos judiciales),  “las compañías comenzaron a avisar que no están en condiciones económicas de prestar el servicio que se les reclama. (La Nación, 28.9).  Los “desperfectos” eléctricos reaparecieron súbitamente, con el objetivo de arrancar el tarifazo. En la misma línea,  200 trabajadores de Edesur están amenazados por despidos.  Nos encontramos ante una extorsión lisa y llana, donde los usuarios y los trabajadores son usados como ´carne de cañón´ para que el aumento de tarifas sea aplicado sin más dilaciones.  En este cuadro, la justicia bonaerense apresuró la habilitación del tarifazo en la provincia.

La misma fuente periodística añade que las razones esgrimidas para este lock out patronal  “son un pensamiento que comparten en el Gobierno”.  El acto de sedición de las privatizadas contra la población, por lo tanto, tiene aval oficial.  Se trata de la misma actitud que adoptó el presidente de los subterráneos porteños,  Juan Pablo Piccardo, cuando sostuvo que, por causa de los amparos, quedaba “comprometida” la seguridad del servicio de subtes.  El gobierno ampara, en palabras y actos, esta conspiración para privar al pueblo de los servicios públicos más elementales.

La pretensión de que “sin tarifazo no hay recursos” es desmentida por la fabulosa expansión económica que llevaron adelante las distribuidoras de luz en los años del kirchnerismo.  Edenor (grupo Pampa) adquirió distribuidoras en todo el país, junto a la transportadora Transener y, más recientemente, los activos de Petrobrás en Argentina. Ese proceso de concentración del negocio eléctrico se financió con los subsidios del Estado,  y con recursos que fueron sustraídos al mantenimiento e inversiones en el servicio.  Ahora, el tarifazo ha apalancado una furioso especulación bursátil y de transferencias empresarias, que podría venirse abajo si los aumentos continúan en el freezer. 

La decisión de privar a centenares de miles de personas del servicio eléctrico confirma el carácter delictivo y confiscatorio de las privatizaciones, y debe reforzar el reclamo por la anulación de todos los tarifazos, la apertura de las cuentas y costos y la inmediata intervención de todas las empresas de energía, para proceder a una auditoría  a manos de representantes electos de trabajadores y usuarios.  Es el único camino para terminar con la extorsión y el vaciamiento del patrimonio energético del país.

Con estos planteos, nos sumaremos al cacerolazo del próximo jueves 4 de agosto en todo el país.