El martes 16/9, finalmente, el gobierno de Bussi emitió el decreto por el cual rescindió el contrato con la empresa francesa concesionaria de los servicios del agua, y la intimó a mantener los servicios por 18 meses, hasta que sean transferidos a otro concesionario.

Luego de ello, Bussi declaró que “los próximos pasos a dar es abrir el diálogo y sentarse a conversar con los representantes de la firma… Yo no descarto la posibilidad de llegar a un juicio, pero primero espero poder consensuar con la empresa su retirada de la provincia” (La Gaceta, 18/9).

Por su parte, el apoderado del pulpo francés, Ignacio Colombre Garmendia, señaló que “el decreto del gobierno es una declaración política frente a las elecciones de octubre próximo” (ídem, 17/9). Denunció, luego, que “era una arbitrariedad la pretensión de que sigamos prestando el servicio otros 18 meses más”… “quieren confiscarnos la concesión y el patrimonio de la Compañía General de Agua, como accionista mayoritaria de la firma, para que demos un servicio y no cobremos a los usuarios”… “todo esto es una expropiación rastrera” (ídem). Finalmente, destacó que el rechazo gubernamental a la injerencia del CIADI es… “un alzamiento contra los tratados internacionales” (ídem).

A su vez, el vicepresidente de Aguas del Aconquija, José Manuel García Gonzales, señaló que “el conflicto del agua se encauza por los tribunales internacionales” … “está en marcha el procedimiento arbitral que la empresa planteó ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (CIADI)” … “En estos momentos las partes, la empresa y el gobierno nacional están por nombrar los arbitros para constituir el tribunal arbitral” … “el cuerpo evaluará los incumplimientos y determinará las consecuencias económicas relacionadas con la rescisión del contrato de la concesión” (ídem, 22/9). Según el gerente general de Aguas del Aconquija, el conflicto abierto con la provincia será colocado dentro del “Tratado Internacional de Protección y Promoción de Inversiones entre Francia y Argentina” (ídem).

La crisis en la privatización de los servicios del agua de Tucumán ha trascendido las fronteras de la provincia, porque se trata de un primer caso de privatización en el país en la que un tribunal extranjero tomaría intervención. La Gaceta, del 16/9, destaca que “periodistas norteamericanos reconocieron que el caso es seguido con interés desde el país del norte. Comentaron que la compañía debe solucionar el conflicto porque el Banco Mundial tendrá suspendida la financiación de obras por todo el mundo a la espera del desenlace en Tucumán”. Incluso se ha señalado que los inversores están estudiando la actitud del gobierno nacional, porque es inminente que otro conflicto ingrese al CIADI, si la legislatura de Catamarca realiza, mediante una ley, una interpretación distinta sobre las regalías mineras a la que realiza la empresa que ha comenzado a explotar las minas de Bajo la Alumbrera.

Este cuadro de crisis tiene que ser aprovechado por la población para profundizar la lucha contra la entrega y los tarifazos, organizando ahora el rechazo masivo a las boletas del bimestre mayo/junio y julio/agosto, emitidas recientemente por el pulpo francés, preparando con ello las condiciones para impedir que el gobierno de Bussi, ya sea mediante una nueva privatización o un proceso privatista que tenga como intermediarios a los municipios, busque imponer la continuidad del tarifazo, y desde ya el desconocimiento de cualquier decisión de los tribunales imperialistas contra la provincia.