Se postergó la privatización de Aysa: el consorcio viene flojo de papeles
La empresa pública abastece de agua y cloacas a la región metropolitana de Buenos Aires.
A pedido del consorcio adjudicatario de la licitación de Aysa, se postergó la entrega de la empresa pública que abastece de agua y cloacas a la región metropolitana de Buenos Aires.
El “pull” de capitales, que se conformó días antes de la presentación de la oferta, está constituido por PHX Aqua (fondo de inversores inscripto en Curazao), Rowing S.A. (empresa de Walter Román), Arcos Saneamiento S.A. (firma brasileña del Grupo Equipav) y Transclor S.A. (empresa de Mauricio Filiberti, socio también en Edenor y Metrogas).
Entre otras irregularidades, una investigación de TN detectó que la empresa brasilera y el Fondo PHX no se inscribieron en la IGJ (Inspección General de Justicia) en tiempo y forma; y este último fondo off shore tendría además otros problemas de papeles, situación grave si se tiene en cuenta que posee el 55% de las acciones del consorcio.
La oferta del pull compuesto por capitales nativos y extranjeros es de 340 millones de dólares y gestionaría el servicio por 30 años con posibilidad de prórroga. Sin embargo, la empresa, que en sus 70 años ha ido ampliando su cobertura, ha hecho varias plantas de potabilización y de tratamiento de efluentes. Tiene activos fijos estimados en 6.300 millones de dólares, según sus últimos balances contables.
Y cómo llegamos a esto
El oficialismo y la oposición burguesa acordaron esta nueva estafa cuando incluyeron a Aysa en la Ley Bases. Asimismo, en julio del año pasado se dictó el DNU 493, que habilita revisiones tarifarias y la suspensión del servicio por falta de pago y, posteriormente, el DNU 806/25, que permite rebajas en la calidad y disminución de los gastos de operación y obras de mantenimiento. El Congreso podría haber anulado estos decretos, pero no lo hizo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la provincia, presionada por distintas asociaciones vecinales, foros hídricos y grupos de asambleas, inició acciones legales para evitar los cambios en el sistema regulatorio, no así la privatización.
La gestión del agua desde 1993 hasta la actualidad
El servicio de provisión de agua y cloacas fue privatizado en 1993 durante la presidencia de Menem, constituyéndose Aguas Argentinas S.A., empresa conformada como un consorcio liderado por el grupo francés Suez. Durante esa gestión se contrajeron deudas y se postergaron obras.
La concesión fue anulada formalmente por el Estado argentino mediante una rescisión contractual en marzo de 2006. Previamente, en septiembre de 2005, el grupo francés Suez había manifestado su voluntad de rescindir el contrato e irse del país tras el fracaso en las negociaciones para aumentar las tarifas. Un detonante para la rescisión de la concesión fue la protesta de vecinos de la zona sur del conurbano, que tenían agua con nitratos y problemas de aumento de la capa freática con los consiguientes anegamientos.
La empresa francesa Suez litigó en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) y, como resultado de este juicio, en 2018 el Estado nacional tuvo que pagar 220 millones de euros (unos u$s 245 millones). Y ahora se entrega por 340 millones de dólares.
La creación de AySA como sociedad anónima –al igual que otras empresas estatizadas en el período kirchnerista– dejó abierta la posibilidad de reprivatización. Los servicios públicos no se convirtieron en sociedades estatales.
A raíz de la privatización de 1993 se crea el Eras (Ente Regulador de Agua y Saneamiento). Llama la atención que este organismo tripartito (Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia) no tenga representante provincial, siendo que 26 municipios bonaerenses están servidos por la empresa. Y este Ente, el 27 de octubre, convocó una audiencia pública para actualizar las tarifas mediante un cambio de zonificación. En este evento, los consumidores se expresaron oponiéndose a los aumentos y criticando que esta convocatoria se haya realizado con el objeto de habilitar otro aumento de tarifas que beneficiará a la nueva concesionaria. Pero las audiencias no son vinculantes, son un simulacro de participación ciudadana.
A partir de la estatización de 2006 se hicieron grandes obras con créditos del BID y del BM, se aumentó parcialmente el área de cobertura y se construyeron plantas de tratamiento y depuradoras. No obstante, gran parte de los efluentes van casi crudos al Río de la Plata, con apenas un tratamiento primario; se cuenta actualmente con dos emisarios subfluviales: uno sale de la planta de Berazategui (10 km) y el otro parte de la desembocadura del Riachuelo.
Toda esta expansión estuvo envuelta en graves causas judiciales por corrupción, coimas y direccionamiento de contratos. Tal es el caso de los sobreprecios millonarios en la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui. La causa, elevada a juicio oral, involucró a exfuncionarios del Ministerio de Planificación (como Julio De Vido y José López) y a directivos de empresas asociadas.
Durante la gestión de Milei se paralizaron casi todas las obras. Esta situación ha generado litigios por suspensión de contratos que tendrán que ser abordados por el Estado nacional. También se cerraron las oficinas barriales y de los municipios, dificultándose la realización de consultas y reclamos por parte de los usuarios.
El agua y la salud
Por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua potable se ahorran 2,5 dólares en salud, y si se invierte en saneamiento (cloacas) se recuperan 8 dólares.
Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada siete habitantes no accede al servicio: se trata de 400.000 personas que están esperando obras de infraestructura y consumen agua sin control de calidad. En el sur (Lugano, Soldati, Villa Riachuelo), uno de cada tres habitantes vive en villas sin acceso al servicio; esto trae como consecuencia que la mortandad infantil sea el doble que en los barrios del norte como Núñez o Colegiales. En la Villa 20, en Lugano, la esperanza de vida no supera los 60 años. Asimismo, la falta de agua potable aumenta muchas horas las tareas de las mujeres en los quehaceres domésticos.
Los niveles de cobertura actuales de agua potable para 15 millones de habitantes rondan el 84 %, mientras que la cobertura de cloacas supera levemente el 55% (con picos mayores en CABA respecto del conurbano).
Jornadas de protesta contra la privatización
Hace más de un año se constituyó la Campaña contra la privatización de Aysa; desde entonces, asambleas de toda el área de cobertura se han movilizado contra la privatización reclamando: no a los cortes del servicio; no al aumento de las tarifas; reapertura de las sedes de atención al público; no al cierre y desmantelamiento de las obras inconclusas; no a la baja de controles de calidad; no al contrato con Mekorot; sí a la expansión del servicio en barrios populares, por una gestión pública del agua.


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