En las vísperas de las audiencias públicas para tratar los tarifazos energéticos, del orden del 20% de aumento, el gobierno se enfrenta ante una contradicción en su discurso: mientras afirma que no se retocaran nuevamente las tarifas, con aplicación de una dudosa segmentación mediante, el compromiso con el FMI deja planteado sucesivos ajustes antiobreros.

Las estimaciones privadas calculan que solo para mantener los subsidios tal cual están, cosa que no colaboraría en las metas fiscales del gobierno-FMI, sería necesario un aumento de las tarifas energéticas de al menos el 40%, solo para cubrir la suba del precio de generación de energía y sin considerar aumentos en transporte y distribución. Este escenario dejaría los subsidios energéticos en 2,3% del PBI, unos US$ 10.500 millones (Infobae, 4/2).

Bajos las previsiones oficiales, y con el tarifazo del 20%, los subsidios a las patronales energéticas tendrían que ampliarse este año al 2,7% del PBI, unos US$ 12.700 millones: un desfalco a los trabajadores a dos bandas, ya que se aumentan las tarifas, por un lado, y se redirigen recursos millonarios a libro cerrado a las productoras y distribuidoras energéticas, por el otro. Aun así, esto presenta complicaciones para la agenda de déficit fiscal cero del gobierno.

Crisis energética y negocios millonarios

Un informe elaborado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica, de cara a las audiencias públicas para los tarifazos, reconoce que el 65% de la facturación eléctrica se paga por medio de transferencias del Tesoro a Cammesa, la empresa estatal que concentra la producción energética para las distribuidoras. Estos fondos representaron casi el 70% de los subsidios energéticos (US$7.315 millones) durante el 2021.

El precio de generación eléctrica de la tarifa de luz –las facturas eléctricas están integradas por generación, transporte, distribución e impuestos- es fijada oficialmente por el Estado y se mantiene invariable desde 2019 ($2.500 el MWh), sin embargo esto difiere de lo que paga el Estado a las productoras, precio que se ha incrementado un 29% en dólares -de US$59 el MWh a US$76- gracias a la crisis energética nacional e internacional y al aumento en los combustibles del orden del 78%.

El gobierno ha sido promotor de esta política de ajuste, desde los subsidios para la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta, pagando un precio más caro por el producido (de US$2,3 el millón de BTU a entre US$3,4 y US$4,74), hasta los aumentos en los combustibles impulsados por la “nacional” YPF, medida que vuelve a tener impacto directo en los bolsillos obreros. Se espera que este año la Argentina deba pagar US$23 por millón de BTU importado, gracias a la desinversión de las petroleras , las que han aumentado la tasa de explotación de los obreros petroleros, en consecuencia. Todo esto ocurre sin que el gobierno determine los costos reales de producción energética, debido a la protección del secreto comercial capitalista.

Se paga más de lo que sale

Para mantener este negocio de productoras y distribuidoras intacto, la Secretaría de Energía ya señaló que el aumento de la tarifa del gas debería alcanzar el 47%, por lo que los analistas privados estiman que en la electricidad debería manejarse un aumento similar, acompañado de actualizaciones mensuales de al menos el 3,5%, dejando los subsidios como montos fijos para una minoría de la población, que se irían licuando con la inflación. Así, quizás, podría reducirse el costo fiscal a un 1% del PBI.

Claro que esto está lejos de reflejar la “soberanía energética” de un país “independiente”, ya que el precio pagado estaría determinado por los precios de la coyuntura internacional y por las aspiraciones económica de los capitalistas del sector. Además de que esto no garantiza revertir la huelga de inversiones en el país: las patronales condicionan cualquier “inversión” a nuevas subas. Una devaluación, como está planteada en la agenda del FMI, también plantea la complicación de todo este esquema, golpeando aún más la economía de los trabajadores y aumentos en las boletas.

La defensa de de los recursos energéticos del país solo puede establecerse con la nacionalización de toda la cadena del sector, desde la producción hasta la distribución final, bajo control obrero, para acceder al costo real de producción y garantizar las inversiones en producción y distribución eléctrica, sobre la base del no pago de la usuraria e ilegítima deuda externa, evitando trasladar los precios internacionales y la especulación de los capitalistas a los bolsillos de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/kicillof-y-berni-sostienen-la-impunidad-del-narcotrafico-y-la-bonaerense/

https://prensaobrera.com/politicas/cocaina-adulterada-la-responsabilidad-estatal-detras-de-la-masacre/