La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la oportunidad de su última intervención en un acto en Ensenada para referirse a sus dichos sobre los planes sociales que habrían acumulado rechazos entre propios ajenos: organizaciones sociales y piqueteras. Con eje en el Salario Básico Universal, volvió a cargar contra los piqueteros y la lucha contra el ajuste.

El discurso tuvo lugar en un acto de conmemoración del 48° aniversario de la muerte de Juan D. Perón, donde Cristina señaló que sus dichos habrían sido “malinterpretados” y que lo que ella reclamaba es que “no deberíamos permitir que las altas y las bajas las decidiera cualquier dirigente barrial, sino que debe ser el Estado”: algo que, en efecto, es actualmente así, siendo el Ministerio de Desarrollo Social el responsable de las altas y bajas.

Cristina desconoció el reclamo del movimiento piquetero independiente, asociándolo a “manifestaciones partidarias”. Llamativo, porque no pudo dejar de reconocer que hasta quienes trabajan son pobres y que más del 50% de les niñes viven en la pobreza. Se trata de una planteo que busca desmantelar la lucha contra el ajuste, que tiene en las organizaciones piqueteras entre su vanguardia.

La vicepresidenta justificó su posición señalando que bajo su gobierno, y el de Néstor Kirchner, las cooperativas del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen habían sido utilizadas para la obra pública y la producción textil (guardapolvos). Una reivindicación de la precarización laboral, que implicó desde la explotación de mano de obra ultraprecarizada y sin derechos laborales, hasta los negocios con la obra pública, como el caso de “Sueños Compartidos” y, más recientemente con el Potenciar Trabajo, el desvío de fondos en la intendencia de Mayra Mendoza (Quilmes).

“Yo soy una gran burguesa”

Como es frecuente en sus discursos, la vicepresidenta reivindicó un tipo de capitalismo con el Estado al frente, independientemente de que este sea es Estado de esa misma clase social capitalista. Incluso, al contar una anécdota, Cristina se refirió a sí misma como “una gran burguesa”.

Por lo cual no es llamativa la distinción que realizó entre trabajo y empleo: siendo el primero una conducta/ labor social y el segundo una institución con derechos bien definidos. Por fuera de lo académico, la distinción importa por sus efectos prácticos: el “capitalismo de Estado” crea “trabajo” –precario, “autónomo”, cooperativo, informal, no remunerado, parcial, discontinuo- pero no empleo. De allí que el Indec contabilice como trabajadores a los programas sociales, aunque el Estado no les reconozca derechos.

Cristina se refirió ahora a “pensar en un ingreso universal básico”, desde una “reasignación” de recursos “más inteligente”, que alcance a otros 7 millones de desocupados.

Cristina se refiere a los proyectos que ya se encuentra presentados, que implican una redistribución de la miseria, degradando el actual monto base de $22.500 a $14.400 y desmantelando la atención de los comedores populares, donde se percibe un plus que lleva el total de los ingresos al valor del salario mínimo de indigencia.

La vicepresidenta subestima la base de desocupados, la que por fuera del 1.300.000 de beneficiarios de programas sociales supera los 10 millones de trabajadores y trabajadoras, como lo ha dejado expuesto la inscripción a los sucesivos IFE, incluido el último bono.

También se pronunció contra una supuesta división entre pobres que trabajan y pobres “están haciendo otra cosas” –“planeros” y/o piqueteros-, para reivindicar la unión sobre la colectivización de la miseria. La Unidad Piquetera en cambio, defiende la unidad de trabajadores ocupados y desocupados para elevar el nivel económico, social y laboral de los trabajadores… no a la inversa, como propone Cristina.

El problema de fondo consiste en la caída del empleo y la imposibilidad de los trabajadores de insertarse en el mercado laboral, lo  que agrava la desocupación y la pobreza. Sobre esto, Cristina no tiene nada que decir más que generalidades sobre el “capitalismo  constructivo”. Las organizaciones piqueteras que ella ataca vienen de proponer un plan de obras para crear un millón de empleos. El gobierno de Alberto y Cristina está, justamente, recortando la obra pública para pagarle al FMI.

La única salida obrera y popular a la cuestión de los planes sociales implica la creación de trabajo genuino, empleo, y un seguro universal al desocupado hasta que se concrete, de la mano de la reactivación de la obra pública y un plan industrial de la clase obrera, y la ruptura con el FMI y los acreedores privados. Un programa incompatible con el “Capitalismo de Estado” de Cristina y compañía.

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