24/09/2020

¿De dónde salen y a dónde van los fondos de la Anses?

Todo ataque al sistema previsional, en la medida en que constituye una confiscación a jubilados y familias más necesitadas, es justificado en base a una presunta inviabilidad o peor aún de su parasitismo. Notoriamente, cuando el gobierno de Alberto Fernández roba la movilidad a los jubilados y desfalca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, un reciente titular del diario Clarín (18/9) sostenía que «seis de cada diez argentinos recibe un cheque del Estado».

Esta presentación tiene un defecto de origen porque, incluso si no fuera falaz, ¿quiénes financian al Estado? Por lo demás, considerar el cobro de jubilaciones y pensiones por parte de la Anses como «recibir cheques estatales» es una falsificación, porque el organismo recauda una parte sustancial de los aportes propios beneficiarios, y el resto mayoritariamente de impuestos al consumo popular. ¿En beneficio de quiénes, entonces, de desfinancia al sistema previsional?

¿Quién paga?

Según el balance oficial de la Anses a 2019, el 50% de los recursos provino de aportes y contribuciones a la seguridad social, que constituyen un salario que será percibido de manera diferida por el trabajador. La proporción de este financiamiento, de hecho, recae en mayor medida sobre los descuentos salariales que sobre las cargas sociales patronales, las cuales fueron reducidas a la mitad (33 a 17,5%) durante el menemismo con el Plan Cavallo, y nunca repuestos por los gobiernos posteriores. Por este motivo los aportes y contribuciones bajaron desde el 75% de los fondos previsionales que representaban en 1990.

Luego se instauraron nuevos artilugios para eximir a las empresas. Entre ellos, se establecieron en su momento incentivos para promover las «economía regionales», o estímulos a pymes en base a reducir hasta un 50% las cargas sociales durante el kirchnerismo. El anteproyecto de ley de jubilaciones del gobierno de Alberto Fernández evalúa reponer estos mecanismos, y mantiene además la exención -fijada por el macrismo- de un mínimo no imponible de los primeros 7.000 pesos de cada salario (es decir que no se contabilizan en las contribuciones), a lo cual se suman otros 10.000 pesos para las empresas pequeñas y ramas consideradas en crisis, como la textil.

Dentro de las medidas «pandémicas» se permitió a las patronales (incluido el gran capital) interrumpir las contribuciones a la seguridad social, algo que el «plan pospandémico» mantendría en un 95%. Todo esto cuando el ATP y el IFE se adjudicó… a la caja de la Anses. La moratoria que se avecina, por su parte, permite que las empresas que retuvieron el dinero de las cargas sociales puedan cancelar sus deudas en hasta 60 meses, a un interés por debajo de la inflación.

Por todo esto la recaudación previsional se encuentra cayendo en picada. Según los datos oficiales del Ministerio de Economía, tanto en el acumulado del primer semestre como en los datos de agosto los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social crecieron un 25% interanual, casi la mitad que el ritmo de la inflación. El próximo balance de la Anses revelará este desfalco.

La misma caída podrá registrarse respecto de la mitad restante de los recursos que ingresan al sistema previsional, dos tercios de los cuales son recaudados en base al IVA, impuestos a los combustibles, cigarrillos, monotributos y al cheque; es decir que en su enorme mayoría son costeados por los trabajadores, y son trasladados a los precios. La recesión económica, y en particular el derrumbe del consumo, repercuten negativamente sobre estos ingresos. En este cuadro hay que valorar lo reaccionario de la intención oficial de cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, para desvincularla de la inflación y atarla a la recaudación. Luis Herrero, expresidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, consideró que «este proyecto sigue fiel al ideario del ‘menem-cavallismo’ de los 90» (Clarín, 1/9).

Sobre la sustentabilidad

Lo dicho permite refutar el frecuente cálculo sobre la sostenibilidad del sistema basado en la proporción entre trabajadores activos y pasivos. Hoy existen aproximadamente 11 millones de aportantes en actividad y 8 millones de beneficiarios, una proporción de 1,4. Esta evaluación por sí sola omite que los aportes realizados por 30 años, debidamente capitalizados, permiten afrontar las obligaciones previsionales.

Aquí se suma otro asunto, que es la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. De garante del sistema previsional, pasó a ser una caja a disposición de los gobiernos para cubrir el déficit fiscal. Un actual informe de Idesa sostiene que por ello «el 90% de sus activos son títulos emitidos por el propio Estado y marginalmente préstamos a tasas subsidiadas. El respaldo genuino, integrado por acciones de empresas de primera línea que generan dividendos y pueden venderse en el mercado, es cada vez más insignificante».

Además de refinanciar eternamente esos títulos, de manera que se convirtieron en un gigantesco «pagadiós», también son malvendidos. Las declaraciones de Martín Guzmán acerca de que luego del canje de la deuda local (cuya mayor acreedora era la Anses) el gobierno cuenta con «poder de fuego» para bajar la cotización de los dólares financieros, es una confesión de que piensan desprenderse de esos bonos de deuda solo para contener la deriva cambiaria.

Recientemente fue votada una ley de «blindaje» del FGS, que libera a dicho fondo de pagar la llamada Reparación Histórica (a los 900.000 jubilados perjudicados por el mal cálculo de sus haberes) mientras destina unos 100.000 millones de pesos para fondos asignados a «proyectos estratégicos» que serán administrados por funcionarios y capitalistas, y prácticamente condona una deuda de otros más de 100.000 millones a las provincias que incumplieron el pago de aportes. Es el tiro de gracia sobre un FGS que decayó durante el mandato de Macri de 67.000 a unos 22.000 millones de dólares (un 70%).

El robo

Por supuesto, los platos rotos los pagan los trabajadores, en primer lugar los jubilados. En palabras de Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, «hay cuatro millones de jubilados con haberes mínimos que no cubren un 30% de su canasta básica» (Diario San Rafael, 10/9). Esto porque 4.300.000 retirados (¡casi el 63%!) cobra la mínima, que tras el «aumento» de septiembre quedó en 18.130 pesos -según datos del Cepa. Ampliando un poco más, la misma fuente retrata que el 83,5% de los jubilados cobra de 29.580 pesos para abajo (Infobae, 23/8). En abril, la canasta básica para adultos mayores era calculada arriba de los 45.000 pesos.

Aquí también el gobierno de Alberto Fernández agravó la situación, en base al robo de la movilidad jubilatoria -por el congelamiento de la fórmula establecida en la ley votada en diciembre de 2017. Los aumentos por decreto, que reemplazaron la actualización que se aplicaba automáticamente cada tres meses, dejaron la mínima en 18.130 a septiembre cuando hubieran correspondido 19.300 -el último incremento fue de casi 2 puntos por debajo de los fijado por la ley. Esto repercute en una baja de la base sobre la que se realizarán las actualizaciones futuras, por lo que el robo es acumulativo. Vale tener presente que también sufren esta poda quienes cobran pensiones no contributivas o la pensión universal para adultos mayores, calculadas en un 70% y 80% de la jubilación mínima, respectivamente.

Tomando cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un jubilado que cobra -contando el último aumento- 22.900 pesos, y que por lo tanto quedó afuera de los bonos otorgados por el gobierno, sufrirá una pérdida acumulada a fin de año de más de 7.500, lo que equivale al robo de un tercio de un haber mensual. Uno que percibe 32.350 pesos acumulará a diciembre una pérdida de casi 20.000, dos tercios de un haber mensual; y además pierde cada mes 3.340 pesos, una porción mayor al 10% de sus haberes. Estamos hablando, recordemos, de jubilados que cobran la mitad y dos tercios de la canasta básica, respectivamente. El Iaraf estima que el ahorro fiscal del gobierno treparía así, entre diciembre 2019 y noviembre de 2020 (sumando los bonos), a 72.000 millones de pesos, equivalentes al 0,25% del PIB.

La otra variable es la relación con los trabajadores en actividad. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, tomando como referencia los últimos diez años de aportes, los jubilados y pensionados perciben en la actualidad el 38% de los ingresos que tenían antes de retirarse (El Cronista, 29/7). Y esto a su vez sobre salarios depreciados. En efecto, la precarización laboral es otra vía del desfinanciamiento del sistema previsional, ya que contando asalariados y cuentapropistas el 51,2% de los trabajadores del país ya estaba en la informalidad a principios de año, según un análisis de datos oficiales hecho por la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella (La Nación, 17/9). Por este motivo, hoy en día el 65% de las jubilaciones de la Anses fueron otorgadas mediante adhesiones a la moratoria previsional.

La inviabilidad… de la confiscación capitalista

La conclusión evidente es entonces la opuesta de quienes sugieren una inviabilidad del sistema por culpa de la cantidad de beneficiarios, y refuta de plano la mentira del parasitismo de jubilados y pensionados. Lo único inviable, en todo caso, es que el Estado se financie mediante los aportes que realizan los trabajadores, y por lo tanto confiscando su salario diferido. La informalidad laboral y la exención a las patronales, confirman quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios.

La inversión falaz de estos términos obedece al lobby por una reforma jubilatoria fondomonetarista, que indudablemente ya forma parte del mentado «plan económico» del gobierno de Alberto Fernández. De igual manera, la única salida pasa por derrotar de raíz el programa del FMI, que convierte a los trabajadores en los pagadores de la deuda.

Para recuperar la viabilidad, la Anses debe ser dirigida por los propios trabajadores, activos y pasivos, reponer las contribuciones patronales y recuperar al FGS obligando a una reparación económica por el desfalco. En base a ello, establecer de emergencia la jubilación mínima en 45.000 pesos, y establecer el 82% móvil. Es un programa para defender con la movilización popular.

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