Las imágenes difundidas del presidente Alberto Fernández junto a otras 10 personas festejando el cumpleaños de la primera dama el 14 de julio de 2020 confirman que el mandatario incumplió el aislamiento social establecido por su propio gobierno durante gran parte del año pasado.

Es un escándalo que mientras el conjunto de la población se guardaba en sus hogares para disminuir la circulación del coronavirus, el presidente y sus allegados entraban y salían de la Quinta de Olivos para celebrar festividades personales. Pero por sobre todas las cosas es la demostración del carácter de clase de quienes nos gobiernan, que en medio del padecimiento de millones que se quedaron sin ingresos por “quedarse en casa” ellos rompían la cuarentena, y pudieron ocultarlo por más de un año.

Es aún más alevoso que, hace tan solo dos días, Alberto Fernández haya negado en una entrevista la existencia de las reuniones, alegando que se había “montado una historieta”, o que el mismo día que se tomaron las fotos Fabiola Yañéz haya difundido por los medios que iba a festejar su cumpleaños de manera virtual, lo que demuestra la operación de encubrimiento detrás de los hechos.

Quienes salieron a “aclarar” los hechos, Santiago Cafiero y Aníbal Fernández, solo lograron oscurecerlo más. El jefe de Gabinete argumentó que “estos no son los temas que le importan a la gente”, como si el manejo de la pandemia no fuese un eje central en la vida de los trabajadores, mientras que el segundo planteó que el presidente no estaba enterado del festejo y que ante el mismo solo tenía dos opciones: participar o “cagar a palos” a su pareja.

Como denunciamos semanas atrás en Prensa Obrera, es evidente que rige una vara distinta para quienes nos gobiernan y para la población trabajadora. Esta última atravesó la cuarentena sin condiciones económicas para sostenerla, bajo condiciones de vivienda y sanitarias sumamente desfavorables, y sometida a la represión y arbitrariedad policial ante cada actividad que podría considerarse como un incumplimiento del aislamiento. Muy distinto a la confortable estadía en al Quinta de Olivos, con reuniones sociales incluidas.

Pero es solo una muestra de quiénes pagaron las consecuencias de la cuarentena. Mientras se destinaba escaso presupuesto para ayuda social, como el IFE cada dos meses, cuando millones de trabajadores que quedaban privados de sus medios de subsistencia; el gobierno subsidiaba a las patronales, les permitía evitar los aportes previsionales y hasta avaló una masiva reducción salarial.

Ni hablar de la persecución de las fuerzas de seguridad, que fueron utilizadas durante el aislamiento para perseguir a quienes salían de sus hogares, ocupando los barrios populares donde vive un mayor porcentaje de trabajadores informales y precarizados. A todos ellos no se les garantizó la asistencia sanitaria, los elementos de bioseguridad ni el reforzamiento del sistema de salud, sino una escalada represiva que llevó, por ejemplo, a la desaparición forzada y asesinato de Facundo Castro.

El caso recuerda a la polémica de la vacunación VIP, cuando se aplicaron vacunas a través del Ministerio de Salud para funcionarios y sus familiares, expresando el régimen de privilegios de clase y la impunidad de acción de la casta gobernante, ya que del hecho mencionado solo salió expulsado el exministro de Salud Ginés Gonzáles García.

La oposición de Juntos por el Cambio, por su parte, está intentando llevar agua para su molino con la amenaza de juicio político, y así correr el eje de la feroz interna que atraviesan. Ya lo habían hecho cuando salieron a la luz los registros de ingresos a Olivos, ocasión en la cual apuntaron contra Florencia Peña lanzando una sarta de expresiones misóginas. Pero por más que intenten despegarse, la realidad es que en aquellos lugares donde gobiernan pusieron en pie un control represivo de la cuarentena similar o peor al del gobierno nacional. Es el caso de Jujuy, donde el gobierno de Gerardo Morales desde marzo de 2020 impulsó un importante despliegue de las fuerzas federales que tenía el objetivo de reprimir y detener a quienes circulaban, y que dejó imágenes de una ciudad sitiada. Ahora quieren presentarse con indignación ante el accionar del mandatario, pero lo cierto es que desde un inicio se opusieron a las restricciones a la circulación e incluso, a su modo, llamaron a violarlas en detrimento del cuidado de la población, siendo una pata fundamental de la defensa de los privilegios de una minoría enriquecida por sobre la mayoría.

El escándalo pinta de cuerpo entero el régimen de atropellos contra la población, que se sumergió a una cuarentena que podría haber sido efectiva para contener el virus si se ponían en pie las medidas de ayuda necesarias, pero que fracasó una vez que el gobierno negó la asistencia económica y social. Mientras se gestaba este desastre sanitario, se juntaban a festejar en la Quinta de Olivos y le echaban la culpa a la irresponsabilidad de la población por incumplir el aislamiento.

El telón de fondo es el carácter capitalista del gobierno, también responsable de la crisis económica y social. Así como lo planteamos para la cuarentena del año pasado, son los trabajadores quienes deben tener el control de las medidas sanitarias y de cualquier plan para la tercera ola. La orientación para enfrentar la pandemia debe ser tener en cuenta un reforzamiento del sistema de salud y su centralización bajo gestión de representantes electos por los trabajadores, a la vez que se tiene que dar lugar a los reclamos por mejores salariales y de las condiciones laborales. Producción estatal de vacunas bajo control de los profesionales e investigadores y vacunación masiva. Para que la crisis no golpee sobre las espaldas de las mayorías populares se debe garantizar la defensa del trabajo y el salario, aumentando el mínimo vital y móvil por encima de la canasta familiar, además de establecer un seguro al desocupado de $40 mil. Establecer protocolos de bioseguridad bajo control obrero en todos los lugares de trabajo y el reparto de las horas de trabajo. Solo un gobierno de trabajadores podrá impulsar estas tareas y defender la salud y la vida de la clase obrera.