El presidente de la nación, Javier Milei, anunció un nuevo DNU en el que se modifican o derogan más de 300 leyes, entre ellas la Ley de Extranjerización de Tierras. La misma limitaba en 1000 hectáreas la cantidad de tierras que podía adquirir un extranjero. Con su derogación, los mismos latifundistas que hoy privatizan, por ejemplo, grandes partes de la Patagonia como el Lago Escondido, tendrán vía libre para comprar la cantidad de suelo argentino que así lo prefieran, sin tope, como hizo Menem.

Así, Milei habilita que el Estado remate el suelo nacional al capital extranjero, otro enorme paso para poner al país a los pies del imperialismo. Esta es la profundización de la entrega de los recursos nacionales en la que los gobiernos anteriores ya venían incursionando, como es el caso del litio en el norte, cuya explotación por parte de multinacionales extranjeras paga un miserable 3% de regalías, o Vaca Muerta, que bate récord de exportación mientras los precios de la energía en el mercado interno se disparan, y cuya principal beneficiaria es Chevron, la multinacional yanqui que exporta más del 20% de la producción sin pagar derechos de exportación.

Esta ley se sancionó en 2011, durante el kirchnerismo, bajo la bandera de una supuesta soberanía. Sin embargo, no revirtió el acaparamiento de tierras realizado por grupos extranjeros con la liberalización impulsada por Menem. Además, demostró ser perfectamente burlable con prestanombres o testaferros, porque excluye a aquellas sociedades formadas entre latifundistas extranjeros y los capitales locales (en tanto y en cuanto los primeros no tengan más del 50% del capital), por lo que tampoco combate la monopolización de tierras por parte de ciertos pulpos, como lo son hoy Lewis o Benetton en el sur argentino.

En 2016 el gobierno de Mauricio Macri, en pos de una política privatista, flexibilizó con un decreto reglamentario la ley de tierras, aunque manteniendo la exigencia del límite de 1000 hectáreas para un extranjero que quería comprar en el país.

Hoy la extranjerización de tierras en Argentina a través de testaferros o a nombre de sociedades con asiento en paraísos fiscales es de tal magnitud que afecta la soberanía. Según un informe de ATE (Concentración y extranjerización de la tierra en Argentina), 900.000 son las hectáreas que pertenecen a la Compañía Tierras del Sud Argentina de Benetton, a las que deben sumarse algunas usurpadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Además, 600.000 hectáreas son administradas por la empresa “Nieves de Mendoza”, propiedad del grupo Walbrook de Gran Bretaña, y 330.000 por el grupo chino Heilongjiang Beidahuag. Joe Lewis es propietario de 38.000 hectáreas y, dentro de esas tierras, ilegalmente posee cautivo al Lago Escondido al que nadie puede tener acceso.

Más de 12,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros, de las cuales casi dos millones son de firmas radicadas en paraísos fiscales. Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y del departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de las tierras extranjerizadas está en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% está en manos de estadounidenses y otro 10% en manos suizas. Siguen en el ranking de áreas con mayor nivel de extranjerización General Lamadrid, en La Rioja, con el 57% de extranjerización; la localidad de Lácar en Neuquén con el 53%; y Campana en Buenos Aires, con el 50,7%, según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales.

A su vez, el desarrollo del capital sojero y otros negocios (biocombustibles) ha llevado a que se expanda la frontera agrícola a través desmontes y de la expulsión de campesinos y comunidades de pueblos originarios por parte de capitalistas. Al mismo tiempo, con este desplazamiento se busca garantizar la “seguridad jurídica” de las inversiones petroleras que tienen lugar en el sur, en primer lugar, y de las inversiones turísticas de los emprendimientos inmobiliarios.

En cambio, a los pueblos originarios en Mascardi, provincia de Río Negro, se los reprimió, y el gobierno nacional desalojó y encarceló a una velocidad increíble a mujeres mapuches con niños que ni siquiera estaban en predios privados. El asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, en este caso durante el macrismo, fue otro ejemplo de esta defensa del capital. No corre la misma suerte para los capitalistas, claro está. Ahora la Justicia, la misma que autorizó el desalojo mapuche, anuló la causa de Lago Escondido y sobreseyó a todos los jueces y exfuncionarios imputados por las corruptelas con Lewis.

Es la continuidad histórica de un proceso iniciado en la conquista, que encontró su punto más álgido con la presidencia de Julio Argentino Roca. Es preciso destacar que han existido muchas masacres de este tipo desde 1880 a esta parte. Con el DNU, Milei busca profundizar esa orientación entreguista y proimperialista, en beneficios de los intereses de las potencias extranjeras que rapiñan los recursos del país y liquidando los derechos de la población.

La única forma de enfrentar este programa reaccionario es en las calles, como lo demostró la movilización del 20 de diciembre convocada por el movimiento piquetero y el sindicalismo combativo y los cacerolazos posteriores. Vamos por una intervención de los trabajadores que tire abajo este decreto infame y por la expropiación de las grandes propiedades terratenientes, muchas de las cuales hoy se encuentran en manos de capitalistas extranjeros que saquean los recursos del país, para ponerlas al servicio de las necesidades populares.

https://prensaobrera.com/sindicales/enfrentemos-la-reforma-laboral-antiobrera-y-por-decreto-de-milei

https://prensaobrera.com/politicas/cacerolazos-contra-el-megadecreto-ajustador-de-milei