El pasado 9 de diciembre asumió la nueva Cámara de diputados en la Provincia del Chubut compuesta por 27 bancas en donde el oficialismo de Juntos por el Cambio tiene la mayoría automática con 16 diputados. Las 11 bancas restantes se distribuyen por sistema D´Hondt entre las demás fuerzas: 7 para el PJ (Arriba Chubut), 3 para los libertarios (PLICH) y 1 para el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, ocupada por Santiago Vasconcelos del Partido Obrero, siendo la primera vez que la izquierda ocupa una banca en la Provincia del Chubut. La misma representación quedó en la composición de las comisiones, luego de que se votara el nuevo reglamento y, de esta manera, dictaminarán en función de lo que Juntos por el Cambio quiera dictaminar.

Durante las cuatro ocasiones en que esta Cámara sesionó (una especial y tres dentro de la prórroga de ordinarias) entre autorizaciones para endeudamientos millonarios, presupuestos reconducidos del año anterior, más facultades para el gobernador, votaciones a libro cerrado, entre otras maniobras, quedaron clarísimos los acuerdos políticos que existen entre el oficialismo y la oposición para seguir garantizando el ajuste que golpea de lleno a los bolsillos de los trabajadores. En este escenario, la izquierda tuvo la tarea clave de desnudar y denunciar lo que históricamente gozó de cierto resguardo por las cuatro paredes de la Legislatura y el silencio cómodo de quienes la componen.

Emergencia económica, más endeudamiento y sin presupuesto aprobado

La nueva Ley de Ministerios enviada por el Ejecutivo que fue aprobada durante la sesión especial luego del juramento de los nuevos diputados, redujo el rango de Ministerio a Secretaría de dos carteras muy importantes: Salud y Ambiente. Sin embargo, el presupuesto 2024 había sido confeccionado según el organigrama anterior, por lo que ya no era aplicable a la nueva estructura gubernamental. Con esto, sumado a la creciente devaluación, se resolvió actuar con el presupuesto del 2023 “reconducido” lo que asegura cierta discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado por parte del gobernador Torres.

Otro de los puntos que se trataron tiene que ver con la grave situación financiera de la provincia en vistas de los próximos vencimientos de deuda. Se volvió a prorrogar la Ley de Emergencia Económica y Financiera, que significa la continuidad del modus operandi del gobierno anterior de declarar prioritario el pago de esos compromisos por sobre las otras obligaciones, entre ellas la posibilidad de rescindir contratos de obra pública y la suspensión de ingresos al Estado, con la inclusión de artículos que permiten al nuevo gobernador disponer de las modificaciones presupuestarias que considere necesarias, renegociar compromisos financieros, además de convertir a libre disponibilidad fondos que provenían de Panamerican Energy en concepto de compensación para el desarrollo sustentable y que se distribuían entre los Municipios.

Con el apoyo de los libertarios, Juntos por el Cambio extendió un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo para que, además de endeudarse por 200 millones de dólares y comprometer indefinidamente las regalías petroleras, o cualquier otro recurso que considere como garantía para seguir endeudándose, disponga libremente de un presupuesto anual “virtual”, siendo la clase obrera la que paga el precio de estos sacrificios con la caída brutal de sus salarios en este contexto nacional de inflación disparada y atropello de derechos constitucionales. El peronismo decidió no acompañar este proyecto, ante la negativa de agregar modificaciones cosméticas que le permitieran darle apoyo. Los libertarios en cambio, se limitan a votar lo que indica el oficialismo sin argumentar, con excepción de la única intervención que hizo la Diputada Andrea Toro (PLICH) para amenazar con que si había movilizaciones por la convocatoria de Unidad Piquetera del 20 de diciembre, iba a haber “sangre”.

El Diputado del FIT-U, Santiago Vasconcelos, además de no prestar apoyo ante estas maniobras antiobreras y denunciar la profundización de la crisis financiera, solicitó informes al Ministro de Economía acerca del perfil de la deuda denominada BOCADE (Bonos de Cancelación de Deuda), TIDECH (Títulos de Deuda de Chubut) y de la deuda con el Fondo Fiduciario para que se pongan en conocimiento quiénes son las personas o grupos económicos que se benefician con la especulación financiera en Chubut y en qué se utilizaron los fondos obtenidos por esos mecanismos. La respuesta formal es lisa y llanamente que no se tiene conocimiento de los bonistas ya que se encuentran en negociación en mercados financieros del exterior y que fueron destinados a los usos previstos por ley, lo que no resulta demasiado creíble ni comprobable y garantiza la protección y anonimato de los acreedores.

Durante los argumentos esgrimidos para rechazar de plano la reestructuración y el nuevo endeudamiento, se sumaron otros planteos que tienen que ver con la necesidad de investigar lo que, claro está, no fue utilizado en beneficio de la población. Asimismo, se interpeló al ministro de Economía, en una reunión previa a la sesión, para saber si en el contexto en que las petroleras fueron beneficiadas por las medidas económicas del gobierno nacional en relación al tipo de cambio, no habían considerado aumentar el 12% que pagan las empresas en concepto de regalías ya que es menos de la mitad de lo que paga cualquier familia trabajadora en concepto de impuestos por cualquier artículo de primera necesidad.

Avance en reclamos docentes

Se logró colocar el debate que tiene que ver con los reclamos salariales de uno de los sectores estatales más precarizados que es la docencia en Chubut. Se elevaron pedidos de informe en relación a la falta de liquidación de las diferencias salariales previstas tanto por el Fondo Compensador Docente como por la extensión horaria aplicada por Fernández y adoptada por esta provincia, en ambos casos para conocer si los recursos provenientes de Nación efectivamente llegaron y, en ese caso, saber a dónde se desviaron y por qué no fueron percibidos por los docentes. Las respuestas fueron al menos escandalosas, ya que no se formalizaron los trámites pertinentes para solicitar esos fondos ni para realizar las liquidaciones correspondientes

La Izquierda impulsó además un proyecto de ley que tiene como fin la devolución de los descuentos realizados a trabajadores de la educación por inasistir a los lugares de trabajo en concepto de medidas de fuerza. Estos descuentos se realizan en el marco de un intento de amedrentamiento y disciplinamiento a los docentes por luchar y reclamar por mejores salarios y condiciones edilicias. Se aprobó la derivación de dicho proyecto a las comisiones, pero dada la mayoría de Juntos por el Cambio en comisiones, decidieron no dictaminar.

En la última sesión del 27 de diciembre, la banca del FIT-U presentó dos proyectos de declaración para que la Legislatura se pronuncie acerca de dos situaciones particulares: en primer lugar en repudio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Milei, por contener medidas que resultan inconstitucionales y significan un atropello a los derechos del pueblo trabajador, al ambiente, a la salud y afectan infinidad de aspectos de la vida cotidiana de los habitantes; y en segundo lugar para que se rechace el Decreto 1526/23 del Poder Ejecutivo provincial por el cual se dejan sin efecto las incorporaciones, mensualizaciones, nombramientos y/o reubicaciones escalafonarias del personal de la administración pública, y para que se reincorporen dejando sin efecto las bajas que afectaba al personal esencial de Hospitales Públicos y Centros de Atención primaria. Si bien ambos proyectos contaron con la aprobación de las demás minorías de la Legislatura (PJ y PLICH), las bancas de Juntos por el Cambio que ya cuentan con mayoría simple, votaron en contra y, por consecuencia, se pronunciaron a favor del DNU como de los despidos en el sector de Salud que podrían extenderse por la misma normativa a otros sectores.

Se acompañó un pedido de juicio político a un miembro del Tribunal Superior de Justicia, por su accionar en casos como el abuso sexual a un menor en Puerto Pirámides y la desaparición de los vecinos de la meseta de apellido Pino, no sin dejar de hacer referencia a las complicidades entre poderes y la forma en la que se designó al mismo en la misma Legislatura: en sesión especial y por unanimidad de todos los bloques, el mismo día en que votaron la zonificación minera, siendo ya conocidas estas denuncias por las que ahora se formaliza el enjuiciamiento. En ese sentido, se colocó el debate acerca de la necesidad de designar a jueces y fiscales por elección popular, la posibilidad de revocar los mandatos para garantizar que respondan a la voluntad popular y evitar la designación arbitraria de los magistrados en función de los intereses del Estado y grupos de poder

Comenzamos el 2024 con movilizaciones y asambleas populares en los puntos más importantes de Chubut, en rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus. Vamos al paro activo este 24 de enero, luchemos por un plan de lucha de todos los trabajadores para enfrentar a Milei y a su régimen totalitario.

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