El ministro de Economía, Luis Caputo, y Federico Sturzenegger, el asesor presidencial que se desempeña en las sombras, mantuvieron este jueves una reunión con representantes de los principales grupos capitalistas del país, los cuales dieron su apoyo tanto a la Ley Ómnibus como al DNU aunque sin dejar de poner reparos sobre la suba de retenciones. La burguesía industrial argentina y la oligarquía agraria dejaron en claro que son partidarias, al igual que el gobierno de Javier Milei, de imponerle a los trabajadores una reforma laboral reaccionaria.

Del cónclave participaron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; y sus pares de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Alfredo González; de la Cámara Argentina de Comercio y Socios (CAC), Natalio Grinman; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; entre otros. Los ataques contra los derechos de los trabajadores que están contenidos en el plan Milei fueron un tema importante de debate en la reunión.

A tal punto es así que tanto la UIA como la Cámara Argentina de Comercio se presentarán como amicus curiae ante la Corte Suprema en la causa que suspendió la aplicación del DNU (Ámbito, 25/1). Es que el círculo rojo quiere ir hacia un aumento sin precedentes de la explotación de los trabajadores, barriendo con los convenios colectivos de trabajo y terminando con el derecho a huelga. Esto le permitiría obtener ganancias aún más extraordinarias. En los últimos años, los trabajadores del sector privado registrado perdieron más de 10 puntos de poder adquisitivo y los del sector no registrado casi 20 puntos, según el economista Nadin Argañaraz.

Los capitalistas también se mostraron a gusto con la tentativa oficialista de reducir el gasto público sobre la base de una ofensiva contra los salarios estatales, las jubilaciones, la salud y la educación. Los industriales y los sojeros se quejan de las retenciones y están peleando por su disminución (o su eliminación), pero están de acuerdo con el espíritu general del paquete de medidas propuesto por el elenco libertario. Las pymes directamente reclaman quedar eximidas de su pago.

Caputo prometió una baja de impuestos a futuro, aunque habrá que ver si puede cumplir con ello. El gobierno necesita recaudar dólares en concepto de retenciones para reducir el déficit fiscal y pagarle al FMI. Con todo, más allá del acuerdo que existe en avanzar en una confiscación en regla contra la clase obrera, asistimos a disputas fuertes entre sectores de la clase capitalista. El gobierno de Milei, finalmente, es una camarilla ligada al capital financiero internacional.

El gobierno está golpeado por una crisis profunda, alimentada por la bancarrota económica; viene de echar a su ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y de protagonizar un escándalo por haber organizado reuniones clandestinas para modificar el dictamen aprobado en el plenario de comisiones que tuvo lugar durante la madruga del miércoles pasado en Diputados, un suceso que varios analistas emparentaron con el proceso de corrupción que devino en la aprobación de la Ley Banelco en el año 2000.

Los trabajadores debemos ganar las calles masivamente para tirar abajo el plan de Milei y los capitalistas.