La jornada de este martes en la Cámara de Diputados fue, cuando menos, vertiginosa. Es que el gobierno sumó a la falta de cualquier tratamiento reglamentario del proyecto ómnibus, cambios en el texto hasta último momento. A tal punto se impuso la rosca de la “gobernabilidad” que se firmó un dictamen desconocido para la mayoría de los diputados que lo suscribieron.

El manoseo fue escandaloso. La llamada oposición dialoguista –el PRO, la UCR y el bloque de Pichetto– le facilitó al minoritario bloque oficialista la posibilidad de tratar su proyecto en el recinto en los próximos días. Los bloques firmaron en disidencia con algunos planteos, con algunas escaramuzas que podrían escalar, pero habilitaron el tratamiento de un dictamen cuyas únicas firmas “completas” fueron las de los 19 diputados de LLA y de Espert.

Semejante fragilidad se expresó rápidamente con la caída de la sesión del jueves 25 y su postergación para la última semana del mes.

El gobierno trató por todos los medios de sesionar previo al paro general del 24, a sabiendas de que una movilización de masas puede asestarle un golpe a uno de los proyectos más antipopulares en décadas, pero no lo consiguió. El anuncio de Martín Menem de la postergación de la sesión cuando todavía centenares de miles ocupaban la Plaza de los Dos Congresos agravó las dificultades de Milei. Esto, a pesar de la voluntad de la política capitalista de habilitarle poderes delegados con los que puede arrasar con todo de igual manera.

Busca, por la vía legal, imponer un plan de guerra contra la clase trabajadora modificando la legislación laboral, económica, previsional, entre muchas otras, pero a sabiendas de que las reacciones que eso genere en los trabajadores las enfrentará de la mano de una mayor represión física (que se habilita en la ley) y una persecución penal a quienes reclamen por sus derechos. En la última versión del proyecto impuso penas no excarcelables para los trabajadores que reclamen en las puertas de sus empresas, buscando limitar a niveles desconocidos en democracia el derecho a la protesta y la organización obrera. También intenta declarar la esencialidad de la educación para terminar con el derecho de huelga de los docentes que defienden la educación pública, su salario y sus derechos.

No se puede pensar la Ley Ómnibus, ni sus centenares de artículos, si no es a partir de esta lectura general, de tener en cuenta este objetivo estratégico que persigue no solo el gobierno, sino la burguesía en su conjunto. De ahí que, más allá de los diversos cuestionamientos que tuvo el megaproyecto, poco se ha escuchado acerca de esta escalada represiva (solo los diputados del FIT-U se refirieron a ella).

Las negociaciones, en cambio, se basaron en el reparto del botín que se busca confiscar a la clase trabajadora de la mano del Rodrigazo y los tarifazos.

La pelea está en el botín futuro, el que se habilitaría en caso de aprobarse la ley. Ahí pica en punta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que pasaría de manos de la Anses a manos del Tesoro. Se trata, como sabemos, de uno de los mayores robos en la historia de los siempre perjudicados jubilados, los (ex)pasivos que ahora tienen que laburar hasta morir para comer. Los medios venían publicando que en la cuestión previsional se encontraba una de las claves para destrabar las negociaciones, pero advertían solamente acerca de una parte de lo que se estaba gestando.

Es que el problema no estaba tanto en acordar una fórmula a futuro (en última instancia, el Ejecutivo tendría en sus manos la emergencia previsional, pudiendo actuar discrecionalmente a futuro), sino en que una parte de lo que se lleva el Tesoro vaya a las cajas provinciales. Los gobernadores esperaron hasta último momento para mostrar esa carta, y, aparentemente, han conseguido coparticipar la ganancia del hurto. Tengamos en cuenta que la vuelta de Ganancias mediante una ley entrante es parte del negociado con los gobernadores colaboracionistas a los que se acaba de sumar Jaldo, el peronista de Tucumán.

La otra gran conquista de los gobernadores consiste en hacer del blanqueo un ingreso coparticipable. En una maniobra sin precedentes, los gobernadores de todos los sectores políticos han conseguido que el gobierno entregue una parte de lo que se recaudará por la “regularización de activos”, que no es otra cosa que un gran beneficio a los fugadores a quienes se los premiará con alícuotas diferenciales para el pago de los impuestos que han evadido.

Sin embargo, una de las novedades de este miércoles es la amenaza de Luis Caputo, ministro de Economía, a las provincias vía Twitter. Caputo explicitó que de no aprobarse la ley se recortarán las transferencias a las provincias, diciendo que el equilibrio fiscal es innegociable. Es evidente que las últimas horas fueron críticas para el gobierno y su proyecto, que la oposición patronal empieza a hacer valer la extrema necesidad oficialista. El punto de la discordia es una disputa intercapitalista: las retenciones a los exportadores, fondos que irían al capital financiero y al FMI por la vía de la deuda pública.

La naturaleza de la crisis política

Semejante entrega no estuvo exenta de resquebrajamientos en los bloques ya de por sí atomizados, incluido el peronismo. El bloque de Unión por la Patria fue perdiendo diputados a manos de fuerzas provinciales desde su asunción hasta la jornada de anoche, cuando un diputado tucumano convalidó el proyecto oficial para un día después armar un bloque con otros dos diputados que responden al gobernador. El reparto del litio y del negocio de los hidrocarburos, así como la reincorporación del Impuesto a las Ganancias para hacer caja, tiene un impacto en la “lealtad” de los diputados provinciales. Lo mismo ocurre con los diputados de Misiones y de Neuquén, gobernadas por partidos provinciales, pero afines al peronismo.

De todas maneras, las principales crisis se vieron en los bloques de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, un engendro encabezado por Pichetto que nucleaba sectores tan heterogéneos como el Partido Socialista, López Murphy, el schiarettismo y Monzó. La responsabilidad de que el gobierno haya obtenido dictamen favorable, incluso con disidencias, se concentra en estos dos bloques, ya que el PRO actúa mancomunado con el mileísmo y hubiera aprobado cualquier texto que se presentara.

El bloque radical parece tener los días contados. Viene protagonizando una disputa interna de magnitud desde que juraron los nuevos diputados y decidieron unificar un bloque que estaba partido previamente. El primer capítulo se había visto en la elección de las autoridades de la cámara, luego en un texto publicado por una decena de diputados con Facundo Manes a la cabeza, y finalmente hubo otro capítulo el martes, cuando 8 de los 16 diputados habilitados a firmar el dictamen no lo hicieron. No es casualidad, de todas maneras, que haya aparecido exactamente la cantidad de votos que necesitaba el oficialismo para llegar al recinto, pero sí es una muestra de que el colaboracionismo y la defensa de intereses particulares (como se expresa en aquellos que rechazan el aumento de las retenciones para el sector agrícola) estarán en disputa en el tratamiento en particular de cada artículo.

Por el lado de Hacemos Coalición Federal, la ruptura ya se produjo. Ese pseudo bloque participó de tres dictámenes distintos: una parte firmó el dictamen de mayoría, otra (Stolbizer y los socialistas) presentó un dictamen propio, avalando los primeros capítulos del proyecto, y la Coalición Cívica otro dictamen criticando el aumento de las retenciones y manifestando otras diferencias menores.

El Frente de Izquierda, por su parte, presentó un dictamen propio de rechazo a partir de la presencia de Christian Castillo en la Comisión de Presupuesto. Con una elaboración minuciosa sobre cómo afecta este proyecto las condiciones de vida de la clase trabajadora y hasta qué punto cada artículo de la ley beneficia a una empresa diferente (con sus nombres). A la denuncia general del espíritu de la ley se le agregó una denuncia puntual de cada capítulo por su carácter antiobrero, antipopular y antidemocrático.

La intervención de Romina Del Plá expuso con crudeza esta crítica integral dejando en claro que si un bloque minoritario como el oficialista llega a alzarse con una victoria al promulgar esta ley, va a ser sobre la base de la complicidad absoluta de los otros bloques patronales, incluido el peronismo que nos empujó a esta crisis y en la Cámara ha votado las autoridades y mirado a un costado frente a todo tipo de atropellos.

Como concluyó la diputada del Partido Obrero: “la clase obrera está de pie, está en alerta. Sabemos que muchos trabajadores que votaron al gobierno lo hicieron sobre la base del fracaso de quienes venían gobernando y que la política que están llevando adelante se la vamos a frenar en las calles y no de la mano de esta oposición colaboracionista. Este paro general debe convertirse en un gran plan de lucha hasta derrotar el plan motosierra, el protocolo antipiquetes, el DNU y la Ley Ómnibus”.