La política del gobierno de financiarse con endeudamiento en pesos es un salvavidas de plomo. En oposición a la “sustentabilidad” que tanto pregona Martín Guzmán, se generó un efecto bola de nieve que, tanto por los vencimientos del Tesoro como del Banco Central, prepara las condiciones para un descalabro que amenaza con convertir una corrida cambiaria en una corrida bancaria. Toda la ingeniería depende de que reditúe lo suficiente a la banca y los especuladores financieros.

Luego de la estampida al dólar que tuvo su pico en octubre pasado, el gobierno logró un punto de equilibrio a fuerza de adoptar una política “ortodoxa” basada en la reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, para evitar que una mayor masa de pesos en circulación se vuelque a la compra de divisas y sume presión al tipo de cambio. Para ello viene ejecutando un fenomenal ajuste del gasto público y recurriendo al endeudamiento en pesos para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado -eludiendo tener que imprimir billetes.

El costo de esta política es usurario. En lo que va del año, el Central lleva pagados a los bancos más de 450.000 millones de pesos en concepto de intereses de Leliq y pases pasivos; prácticamente lo mismo que todo el presupuesto destinado a afrontar la segunda ola de la pandemia (contando desde la compra de vacunas hasta las exenciones a las empresas y la magra asistencia social). Esta deuda remunerada, que busca sacar pesos de circulación para restar incentivos a la inflación y la devaluación, tiende a retroalimentarse porque los bancos reinvierten en estos instrumentos: desde que asumió Alberto Fernández esta bola de nieve se triplicó hasta llegar a los 3,6 billones de pesos (un 40% más que toda la base monetaria).

Ahora -sin dudas bajo la lupa del FMI- entró en vigor una política tendiente a desarmar esta bomba de tiempo, cuando es evidente que el remedio se volvió peor que la enfermedad. Con la mira puesta a su vez en rescatar el operativo de financiarse en pesos, cuyo éxito depende de que coloque más deuda que la que vence (de otra forma tendría que emitir para pagar vencimientos), la apuesta oficial es que parte de lo que los bancos tienen en Leliq se pase a bonos del Tesoro. Para ello habilitó que estos títulos puedan computarse como encajes bancarios (el porcentaje de los depósitos que queda inmovilizado como garantía), con el reaseguro de que en caso de necesitar liquidez el Banco Central les comprará esos bonos.

Esto se combina con ofertas cada vez más jugosas, porque la gran mayoría de estos bonos está indexada a la inflación y además han ido aumentando las tasas de interés. Más aún, licita otros linkeados a la cotización del dólar cuando se aproximan vencimientos de títulos que están en manos de los fondos Pimco y Templeton, dos gigantes de Wall Street que tienen en sus carteras buena parte de toda la deuda en pesos. Los plazos también se fueron acortando, de manera que una porción de lo que se coloca ahora deberá ser refinanciada antes de fin de año. Cuando restan aún casi dos billones de pesos en vencimientos, es claro que estamos ante otra bola de nieve, para peor atada a la variación de los precios y del tipo de cambio.

En este cuadro, el tiro puede salir por la culata y terminar generando una tormenta perfecta. Resulta que a diferencia de la plata colocada en los instrumentos del Banco Central, los pesos que toma el Tesoro se vuelcan a la circulación por la vía del gasto público. Ello puede terminar de desmadrar el índice de inflación, lo cual abriría una crisis de deuda por la indexación de los bonos. Una crisis de la deuda soberana afectaría así a los bancos, que tendrían colocados los encajes en esos títulos. Si el Central sale a rescatar a la banca, como promete, entraría a la circulación una nueva masa de billetes y a fin de cuentas la corrida se llevaría puesto al propio BCRA, quebrando toda capacidad de contener la cotización de la divisa norteamericana.

El meollo del problema no es, con todo, la mera insolvencia del Estado. El punto nodal es que la demanda de dinero se encuentra por el suelo, al compás del desplome sostenido de la inversión que lleva tres años sin tocar fondo. Los capitalistas no invierten, ni los bancos le prestan a los capitalistas porque es más rentable y menos riesgoso prestarle al Banco Central -allí están colocados un cuarto de todos los activos bancarios. Las altas tasas de interés que paga el gobierno recrudecen así la recesión económica, y como el pase de Leliq a bonos del Tesoro es voluntario se descuenta que para compensar mayores riesgos deberán ofrecer mayores beneficios. Se aprecia entonces el fraude de los funcionarios que afirman que con esta hoja de ruta se podrá “desarrollar el mercado de capitales”. La usura no tiene techo, mientras que la contracción de la economía nacional no tiene piso.

Es por todo esto que la única base de la política económica de Alberto Fernández y Martín Guzmán es la furiosa reducción del déficit fiscal, cuya factura se cobra a las familias trabajadoras. Basta comparar tres cifras: en el primer cuatrimestre, contra una inflación del 46,3% interanual, el gasto en jubilaciones y prestaciones sociales aumentó un 25,3% respecto de 2020 y el de los salarios de los empleados públicos lo hizo un 27,8%. Inapelable.

Pero así y todo el quebranto sigue, y el gran interrogante es cómo pilotear la situación en la segunda mitad del año en que se cierra la canilla de ingreso de dólares de la soja y crecen los pagos al FMI. Por eso el Club de París pone como condición, para acceder al pedido de una postergación del vencimiento por 2.400 millones de dólares, que desembarque en el país una misión del Fondo Monetario que, en el marco del famoso artículo IV, monitoree las cuentas nacionales. De esta manera, los que venían a domar al capital financiero en nombre de un “capitalismo productivo” terminaron en la palma de la mano de los bancos, los fondos de inversión y los organismos internacionales de crédito. Toda la pax cambiaria depende de ellos.

Este parasitismo tiene su punto de llegada en la permanente fuga de capitales, que está en la raíz de la decadencia del capitalismo argentino y las sucesivas devaluaciones de la moneda nacional. El fracaso de todos los gobiernos que se alternaron en las últimas décadas por salir de este espiral declinante permite concluir que solo un plan económico de los trabajadores puede sacarnos del laberinto, sobre la base de cortar la sangría del pago de la deuda externa, y nacionalizar la banca y el sistema financiero para invertir los recursos del país en un desarrollo nacional partiendo de sus necesidades sociales y productivas.