El proyecto de presupuesto 2022, presentado por el gobierno nacional, expresa la letra de la política de ajuste en vías al acuerdo con el FMI. En las partidas asignadas se pone de manifiesto que las prioridades se encuentran en el pago de los vencimientos de la deuda y en la reducción del déficit fiscal por medio de la retracción de los fondos y recursos que impactan en los trabajadores, el empleo, la salud, educación y la calidad de vida.

Dejamos, a continuación, diez claves para entender cómo se desenvuelve esta política antiobrera.

 

1. Inflación y salarios:

Anuncian un 33% de inflación, mientras el Banco Central pronostica 43,9%.

Al igual que el presupuesto 2021, que subestimaba la inflación con una proyección del 29%, contra lo que probablemente supere el 45%, la proyección para el 2022 se ubica en un 33%. En contraste, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central pronostica que llegará al 43,9%. La fijación de una pauta inflacionaria “baja” implica una hoja de ruta de ajuste, donde los fondos para atender las necesidades de la población son ajustados por la inflación real. Así el gobierno procede por medio de una pauta inferior a la realidad, que luego traslada incluso a las negociaciones salariales del sector privado, para hacer pasar el ajuste patronal.

Para ilustrar este punto, la masa salarial dependiente de la Administración Pública Nacional tendría un aumento supuesto del 40% respecto al presupuesto 2021 (que fue absolutamente limitado), pero si se considera la renegociación de la paritaria de agosto, cuyas partidas son devengadas este año, el aumento interanual representa tan solo un 24,9%, y caería al 20,4% si se calcula el aumento previsto para enero –el gobierno habría gastado $1,31 billones y ahora pasaría a $1,6 billones. Contra el 33% proyectado y el 43,9% calculado… implica una pauta de ajuste.

 

2. Devaluación:

De la mano de las falsas previsiones inflacionarias deberíamos agregar la falsa contención de la devaluación, que todos los analistas descartan se acelerará producto del crecimiento de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue y las dificultades de la economía nacional.

Se proyecta una devaluación del 24%. Los economistas prevén al menos 47%.

Mientras que el presupuesto asegura un dólar a $131,10 (devaluación del 24%), los economistas calculan que el dólar se ubicará al menos en un piso de $154,5 (devaluación del 47%). Aún así, los esfuerzos por contener el tipo de cambio oficial implican un saqueo de las reservas del Estado, y su liberación, sin un aumento equivalente de los salarios, podría dar lugar a una confiscación enorme del poder adquisitivo de los trabajadores.

Las dificultades en la obtención de divisas se explican por un cuestionamiento al crecimiento del PBI proyectado en un 4%, contra un 2,5% del Banco Central. Más en línea con el calcula en la caída de las exportaciones (y las divisas que ingresarían) que se ubicarían en un 5,9%, luego de llegar al 12,2% en 2021 y cuando los precios internacionales de las materias primas que exporta el país vienen descendiendo.

 

 

3. Deuda:

El pago de intereses de deuda crece un 64% y los gastos de la Deuda Pública implican el 13% del gasto total, casi en el tope de lo que más se gasta.

El proyecto del presupuesto parte de no considerar la deuda contraída con el FMI cuyo vencimientos verifica el próximo año, lo que “daría por descontado” un acuerdo, al precio que sea. Mientras que para afrontar la “deuda nacional” el gobierno aspira a continuar con la bicicleta financiera de las Leliqs, Pases y bonos.

El pago de intereses de deuda sube un 64% en relación al 2021, llegando a los $948.604 millones (1,6 del PBI). Lo cual se entiende complementariamente a la política de ajuste fiscal, que prevé reducir el déficit al 3,3 del PBI, cuando el gobierno estaría cerrando el 2021 en un 4%.

Para tener en cuenta las magnitudes, la Deuda Pública representa el 13% del gasto total, casi empatando con lo asignado a la Seguridad Social y superando holgadamente a las otras 27 áreas.

 

4. Salud:

El presupuesto asignado para Salud para el 2022 representa solo una suba del 12,5% de un año al otro, pasando de $572.205 millones a $643.944 millones, lo que representa una caída de alrededor del 20% si tan solo tenemos en cuenta la previsión oficial de la inflación.

20% de ajuste considerando la inflación. Abrupto recorte de las partidas para Covid.

El ajuste se centra particularmente en la abrupta reducción el gasto Covid, por lo que el gobierno apuesta a no tener ninguna complicación, luego de que la pandemia pusiera en vilo al sistema sanitario y dejara más de 100.000 muertes. A su vez, está contemplado el desmantelamiento de la precaria estructura montada para atender la pandemia: un sistema que fue puesto a su máxima tensión y agotamiento durante un largo periodo.

 

5. Asistencia social:

En términos de la asistencia social se mantiene la participación del 1% del PBI 2021, lo que representaría un salto nominal del 49%, pasando de $419.418 millones a $627.506 millones. Pero se trata solo de una ilusión óptica ya que el presupuesto de miseria del 2021 fue “reforzado” durante el año con partidas adicionales a la Tarjeta Alimentar y a los programas sociales, que acaparan la casi totalidad de los recursos del área.

Caen los recursos para la Tarjeta Alimentar y pocas altas en los planes sociales que seguirán con ingresos por el piso.

Para la Tarjeta Alimentar esto representaría un aumento real del 8%, lo que implica necesariamente un ajuste en la capacidad de compra de alimentos y un mayor deterioro en la nutrición y alimentación de los niños y adolescentes. Más cuando se espera que el “beneficio” alcance en 2022 a 300.000 chicos más, con menos plata.

En tanto para El Potenciar Trabajo se mantiene la participación en el presupuesto 2021, con un aumento nominal del 43%, que podría empatarle a la inflación real. El límite es que este programa ya representa ingresos de miseria desfasados con la realidad, en orden a los $16.000, y el gobierno solo espera adicionar poco más 100 mil beneficiarios, que contarán con el mismo presupuesto y que representan una ínfima parte de las necesidades y los desocupados existentes.

 

6. Seguridad social:

Se arrastra el ajuste del 2020 y el aumento solo sería del 10%, por debajo de la inflación.

La Seguridad Social viene de un recorte de alrededor del 5% entre 2020 y 2021, que se arrastraría al 2022, donde la participación en el PBI se mantendría invariable. Nominalmente esto implicaría una suba del 39%, pero si se tiene en cuenta lo que gastará efectivamente en 2021, los recursos para el 2022 tendrían un aumento solo del 10,3% nominal, muy por detrás de lo esperado para los precios.

 

 

7. Educación:

De los $817.881 millones (1,4% del PBI) destinados a Educación y Cultura, $335.000 millones van dirigido a la asistencia financiera a la Universidades Nacionales, lo que representa una suba solo del 26% contra la inflación oficial proyectada en 33% y el cálculo esperado en 43,9%. Estos fondos ya se habrían devaluado un 20% entre el 2020 y el 2021.

Recorte en Educación Superior de más del 7% y caída del 45% para las Becas Progresar.

El derrumbe se da en los fondos destinados a las Becas Progresar, los que alcanzarían los $38.479 millones e implicaría un recorte del 45% de las partidas del 2021. Lo llamativo es que el gobierno espera extender la cobertura a 217.490 jóvenes más (+28%). De todas maneras se trata de recursos subejecutados durante el 2021, llegando al 30% en agosto.

 

8. Obra pública y vivienda:

Con el presupuesto de obra pública 2021 subejecutado (se estima que en un 58,5%), los 1,5 billones presentados para 2022 parecen un dibujo. Continuidad de la vivienda a cuentagotas.

La obra pública, contabilizada en el Gasto de Capital, se encuentra sobreestimada para el 2021, lo que prevé un resultado inalcanzable para el 2022. Se trata de unas de las áreas más subejecutadas, siendo que el gasto previsto para el 2021 es de $1 billón, con solo $345.652 millones ejecutados hasta agosto y un proyectado a fin de año de $585.000 millones (58,5% de ejecución). Y se proyecta $1,5 billones para el 2022. Se trata del área con mayor incidencia en la generación de empleo y la actividad productiva, pero el gobierno prioriza las metas de reducción del déficit fiscal para garantizar el pacto con el FMI.

Por el lado del área de Vivienda y Urbanismo se da una leve mejoría (del 0,3 al 0,4 del PBI) para los proyectos y programas habitacionales. Los $213.210 millones proyectados están lejos de achicar la brecha creciente de la crisis habitacional y no incorporan ningún plan amplio de viviendas.

 

9. Protección de Bosques:

Solo es el 0,01% del presupuesto. ¡La Ley de Bosques establece que debe ser más de 30 veces mayor!

La Ley de Bosques tiene presupuestos para 2022 $1.332 millones: el 0,01% del total del gasto. Esto equivale a unos $22 por hectárea para la protección de bosques en áreas peligrosas. Co estas cifras no se cumple con el financiamiento de la ley, que debería estar en el 0,3 del presupuesto más 2% de retenciones del año vencido.

 

10. Tarifazos:

En la misma línea de la reducción del déficit fiscal, el gobierno se propone disminuir los subsidios a los servicios públicos, transfiriendo esos aumentos a los usuarios. El proyecto de presupuesto 2022 prevé que bajen de 2,2% al 1,5%. Esta reducción se da sobre la base de mantener los altos precios de los hidrocarburos, lo que implica trasladar este costo a los bolsillos de los usuarios.

Reducción de subsidios del 2,2 al 1.5% del PBI. Se compensará con aumentos de tarifas.

El gobierno destina el 65% de los subsidios energéticos del 2022 a Cammesa, para cubrir los costos no abonados por las concesionarias eléctricas privadas, por lo que siguen los beneficios a libro cerrado a las patronales.

https://prensaobrera.com/politicas/presupuesto-2022-la-pincelada-final-la-dara-el-fmi/

https://prensaobrera.com/politicas/el-indec-evidencia-un-derrumbe-de-la-participacion-de-los-salarios-en-el-producto-bruto-nacional/