Políticas
4/7/2024
Diputados vuelve a postergar el tratamiento de los proyectos de financiamiento educativo
Otra colaboración de la oposición patronal con el gobierno de Milei.
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Radicales.
Volvió a postergarse el tratamiento en Diputados de los temas referidos al financiamiento educativo, como el presupuesto para universidades nacionales y la restitución del Fonid. La oposición sigue tributando a la política criminal de Milei, luego de haber votado la antiobrera Ley Bases. A la docencia, los estudiantes y los trabajadores en general se les plantea la tarea de organizar una lucha a fondo en defensa de la educación pública, retomando el camino que condujo a la rebelión educativa que tuvo lugar en abril pasado.
Según el compromiso asumido por los bloques opositores, el miércoles 3 iba a realizarse una sesión en Diputados para tratar esos temas, pero finalmente no tuvo lugar. El radicalismo se había comprometido a pedir la sesión luego de excluir el punto cuando en el recinto se dio media sanción al proyecto jubilatorio; según los diarios, la dejarían para agosto. La maniobra habría sido organizada por los gobernadores radicales y macristas para darle aire al gobierno y colaborar en la convocatoria al Pacto de Mayo.
La política de la UCR se vuelve más repugnante si se tiene en cuenta que preside varias universidades y facultades, así como también la Federación Universitaria Argentina y varias federaciones estudiantiles del país. Algunos congresistas “díscolos”, que están políticamente detrás de Martín Lousteau o Facundo Manes, han criticado la posición adoptada por la mayoría del bloque radical. Son imposturas. Lousteau fue quien garantizó el quórum para el tratamiento de la finalmente aprobada Ley Bases, que supone duros ataques contra los trabajadores y refuerza la capacidad de Milei para asestarle golpes a la educación pública.
Los rectores que responden al radicalismo –y al peronismo– vienen de pactar con el gobierno nacional un aumento presupuestario para las universidades que no está en sintonía con las necesidades de las casas de estudio y de su comunidad educativa y además solo contempla los gastos de funcionamiento –que representan el 10% del presupuesto. Los salarios docentes y no docentes, entre otros problemas, fueron dejados de lado. La complicidad es evidente.
Lo hicieron con el objetivo de desactivar la rebelión educativa que se abrió paso a todo vapor el 23 de abril con una movilización de la que participaron más de un millón de personas en todo el país –solo 800.000 en CABA– y de preservar los negocios que lograron estructurar desde su lugar como miembros de la casta universitaria. Los rectores y sus agrupaciones estudiantiles –radicales y peronistas– han trabajado fuertemente en evitar que los sectores de trabajadores y jóvenes que participaron de esa lucha adoptaran como perspectiva derrotar la política del gobierno nacional.
Por otro lado, el Fonid representa un 10% del salario de bolsillo para más de 1,6 millones de trabajadores de la educación. No reponerlo equivale a empeorar la situación social de esos docentes, que se deteriora al calor de la crisis económica, y también como consecuencia de la política de las burocracias sindicales docentes, que firman paritarias a la baja pactando con los gobiernos capitalistas.
El Frente de Izquierda Unidad tomó el guante y desenvolvió una batalla parlamentaria, presentando un proyecto de dictamen para la Ley de Financiamiento Educativo (que terminó siendo una disidencia parcial) y dictámenes de minoría sobre el Fonid y el presupuesto universitario.
El primero, en el que se critica la política educativa de los gobiernos capitalistas de las últimas décadas, propone nacionalizar la educación –que está descentralizada en jurisdicciones que cuentan con menores recursos–, elevar el presupuesto educativo en función de las necesidades reales de la comunidad educativa, universalizar las becas, entre otras cosas.
El dictamen sobre el Fonid dispone, entre otras cosas, el restablecimiento del mismo, el pago a término de todas las deudas por pago diferido –esto también vale para el fondo de Compensación Salarial Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Nacionales y fondos de infraestructura– y su pago en tiempo y forma a inmediato mes vencido.
Además, establece que el salario mínimo del cargo docente testigo de cada jurisdicción sea equivalente al costo de la canasta básica total fijada por el Indec y que el salario mínimo docente sea actualizado mensualmente por inflación. Asimismo, dispone que los docentes jubilados perciban un monto correspondiente al Fonid, como parte del reconocimiento de su carácter remunerativo y bonificable.
El dictamen de presupuesto universitario, que incluye una crítica al plan motosierra de Milei, dispone la declaración de emergencia universitaria y la actualización de las partidas presupuestarias correspondientes a las universidades nacionales para gastos salariales, generales y de funcionamiento en base a un incremento del 300% del presupuesto anual vigente –que se actualizaría ante una suba de los costos de funcionamiento, etcétera–, entre otras cosas.
La clave, con todo, pasa por retomar la organización y la lucha docente-estudiantil. Hay que reagrupar fuerzas, ir hacia asambleas y plenarios, y realizar actividades de agitación y campañas con el objetivo de preparar una intervención de la comunidad educativa que esté a la altura de las circunstancias. Y es importante hacer esto de forma independiente, sin confiar en las agrupaciones políticas y las autoridades que responden al radicalismo o al peronismo –que también colaboró con los libertarios para hacer pasar la Ley Bases y el ajuste antieducativo–, fuerzas enemigas de los intereses sociales de los trabajadores y la juventud.
Debemos seguir el ejemplo de los docentes misioneros, que con huelgas y piquetes consiguieron un aumento salarial y le propinaron un golpe a la política antieducativa del gobernador Passalaqua, uno de los colaboradores del gobierno libertario.
La conquista de todas nuestras reivindicaciones va a venir de la mano de una movilización popular que derrote el plan Milei.
