En su discurso de apertura a las sesiones legislativas, en el en Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández hizo mención a las políticas del gobierno nacional, durante la pandemia, hacia los sectores más pobres y al problema de la vivienda, como algunos ejes destacados.

Alberto Fernández reivindicó la implementación de tres cobros del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000 cada uno, en el curso de siete meses de cuarentena, junto a otras políticas de “defensa” de los ingresos populares.

Sí, el pago de tres IFE de $10000 en seis meses ($5000 por mes) a 9 millones de personas sin ingresos, ahora anulado, sobre 12 millones inscriptos. No tiene matices la autoproclamación de su política por parte del Presidente.

— Néstor Pitrola (@nestorpitrola) March 1, 2021

Respecto al IFE, la realidad cae de maduro: se trató de menos de $5.000 mensuales para 9 millones de beneficiarios (de entre 12 millones de anotados) y fue eliminado mucho antes de ofrecer alguna mínima perspectiva de empleo o salida a la crisis social y económica, dejando a millones en la nada misma.

Fernández mencionó el “congelamiento” de precios alimentarios, de consumo popular y de insumos sanitarios como una de sus principales medidas, lo cual ya ha sido desacreditado por el propio Indec, desde donde reconocieron subas muy superiores a las “acordadas” por el gobierno. Los alimentos encabezan las subas de precios: en todo el 2020 casi llegan a un 10% más que la inflación promedio, del 36,1%.

Es increíble que Alberto Fernández habla del congelamiento de los precios de los alimentos cuando fueron los que mas subieron en este año- casi un 40%. ¿Quién le escribe el discurso?

— Gabriel Solano (@Solanopo) March 1, 2021

La suspensión de los cortes de servicios públicos no obsta a que los montos no abonados se hayan acumulados y que ahora los usuarios deban vérselas con los tarifazos que se vienen. A su vez, esta política no alcanzó a los habitantes de las recuperaciones de tierra, que han tenido que enfrentar los cortes y los operativos represivos de las fuerzas policiales, como sucedió recientemente en el barrio La Nueva Unión, en La Matanza.

Lo cierto es que durante el gobierno de Alberto Fernández las filas de los pobres se engrosaron con 2 millones de nuevos integrantes.

Sin plan de viviendas

Esta situación dio lugar a un año signado por procesos de recuperación de tierras, con la destacada lucha de las familias de Guernica, brutalmente reprimidas. Fernández hizo mención a un supuesto plan para alcanzar 263.000 “soluciones habitacionales” a fines del 2023.

El término empleado no es cosa menor ya que es de la misma especie que el utilizado por Andrés “Cuervo” Larroque en las negociaciones con las familias sin tierra de Guernica: un eufemismo para denominar el costeo temporario de alquileres o créditos blandos para la construcción y/o refacción de viviendas.

El gobierno nacional no tiene en vista ningún Banco de Tierras ni plan de vivienda nacional para solucionar la crisis habitacional que padecen millones de personas en el país y que se agrega al ritmo del desempleo y la disparada de los alquileres.

Para las familias que viven en los más de 4.000 barrios populares registrados por el Renabap se vuelve a anunciar el plan de 400 urbanizaciones por año, sin que exista ningún balance ni informe de lo avanzado durante el 2020. A ese ritmo, y de realmente avanzarse, por cada barrio urbanizado es probable que surjan uno o dos asentamientos nuevos, visto el cuadro de miseria social.

Ningún plan de empleo

Al referirse a los programas sociales, Alberto Fernández hizo pasar los mismos como supuesto empleo. Se refirió a 820.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, quienes realizan tareas varias a cambio de la mitad (si… la mitad) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy apenas supera los $20.000.

Es decir que para el gobierno existen casi un millón de “trabajadores”, fuera de convenio, cobrando $10.000 mensuales. Fernández anunció que extenderían la “nómina” a 300.000 más y que facilitarían su utilización en sectores intensivos de la industria: mano de obra ultraprecarizada. De derechos laborales, ART, obra social y convenio… nada.

El Frente de Lucha Piquetero, y su Plenario Nacional Piquetero, ya advirtió que saldrán a las calles para rechazar esta orientación ajustadora y exigir un seguro al desocupado de $53.000, además de la apertura irrestricta y la universalización delos programas sociales. El planteo central es la creación de trabajo genuino con un plan de obras públicas, destacando el acceso a la vivienda y a la tierra entre sus puntos.

La primera acción será el próximo 4 de marzo, para volver a dejar al descubierto, en la calle, la política ajustadora de este gobierno, que golpea con particular fuerza contra los pobres y los mas oprimidos.

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