El gobierno nacional viene dando muestras de una sobrada incapacidad para detener la tendencia alcista de los precios de bienes y servicios. Las sucesivas prórrogas de programas y los “acuerdos” con distintos sectores patronales son vulnerados por los capitalistas, y vaticinan un efecto multiplicador cuando se cumplan los plazos estipulados.

Los relevamientos privados del mes de enero dan cuenta de una continuidad en la inflación, similar a la del mes más caliente del 2020 (diciembre), por arriba del 4%. Al descontrol de los precios se suma la presión de las tarifas “controladas”, cuya liberación es condición necesaria para que el gobierno consume el pacto con el FMI.

Precios Dibujados

Una de las políticas más defendidas por el gobierno como un dique de contención contra la escalada inflacionaria son los programas de Precios Cuidados y Precios Máximos, aunque los resultados no den cuenta del optimismo de los despachos oficiales.

Mientras que Precios Cuidados alcanza unos escasos 600 productos, que han sufrido un aumento oficial del 6% en enero, la estrella de la temporada son los Precios Máximos, con alrededor de 2.400 bienes alcanzados.

Este programa, que fue implementado con la pandemia para “evitar” la escalada de precios, reconoció dos aumentos oficiales en 2020: el primero en julio (4,5%) y el otro en octubre (3%). Sin embargo, el propio gobierno registra, a través del Indec, subas en las góndolas del orden del 22,8%.

Las patronales echan mano a todo tipo de maniobras y artilugios para evadir las restricciones. Entre ellos se encuentra el desabastecimiento de la industria alimentaria, desde donde estarían enviando “cupos” de hasta el 20% de los pedidos; o cubren el stock de los supermercados que suele relevar el Indec y pasan los aumentos por distribuidoras, mercados y almacenes.

Otro recurso implementado es el de “relanzar” productos con leves modificaciones para evadirse del listado de Precios Máximos. Cambios en los etiquetados, códigos de barra o alteraciones que cambien levemente la naturaleza del producto, o su cantidad, también sirven al mismo propósito.

Los Precios Máximos se parecen más bien a Precios Dibujados, ya que no se condicen con la realidad. Aun así, el gobierno sigue trabajando en su desmantelamiento para el 31 de marzo, lo que agravaría aún más la situación.

Tarifas y subsidios

Algo similar a las prerrogativas de las patronales de producción y distribución de alimentos es lo que ocurre con las prestadoras de servicios energéticos y de comunicación.

El gobierno se encuentra analizando la liberación de las tarifas de los servicios energéticos (luz y gas), cuyo congelamiento también vence en marzo. Mientras se habla de aumentos “segmentados”, según poder adquisitivo, las estimaciones hablan de subas de entre el 40 y el 60% de las tarifas si es que el gobierno quiere mantener el mismo peso presupuestario de los subsidios: una de las metas oficiales de cara al acuerdo con el FMI.

En el mientras tanto, las concesionarias privadas le han pasado la factura del congelamiento al Estado, dejando de pagar el suministro eléctrico a Cammesa, el cual abona el gobierno y significa un subsidio indirecto a las patronales –unos $323.000 millones por ahora. Para el gas, el gobierno asume, por ahora, la financiación del Plan Gas, que luego recaerá sobre las facturas del consumo popular.

En tanto para las comunicaciones, el decreto oficial que había restringido la suba de precios en el servicio de internet fue violentado abiertamente por Telecom Argentina, trasladando aumentos del 20% (los autorizados eran del 5%) a las facturas, sin ningún escrúpulo.

En el capítulo de las presiones inflacionarias también se inscribe el paro de los transportistas de granos y cereales, quienes demandan una actualización de los precios debido a los sucesivos aumentos de los combustibles y a la marcada suba de la materia prima que trasladan, lo que aumenta el costo de la logística e irá a parar a las góndolas.

¿Acuerdo de precios y salarios?

Ante este escenario sería difícil de calificar la existencia (o cercanía) de un supuesto acuerdo de precios y salarios: las patronales no solo evaden las precarias medidas contra los aumentos sino que también atacan las condiciones de los trabajadores. Es lo que ocurre con el también prorrogado decreto de prohibición de despidos, el cual es eludido con un salto en los “retiros voluntarios”.

Lo único que se encuentra sometido, con todo el peso del Estado, las patronales y la ayuda de la burocracia sindical, son los salarios obreros y las jubilaciones. Mientras los primeros vienen sufriendo una pérdida en el poder adquisitivo, y se los quiera ahora atar al dibujo de la inflación del 29%, las segundas fueron recientemente confiscadas con la reforma antijubilatoria en el Congreso.

El “acuerdo de precios y salarios” del gobierno es solo un enunciado más una política de ajuste contra los trabajadores. La única salida a esta crisis es la apertura de los libros de toda la cadena de valor y la nacionalización del comercio exterior, bajo control obrero, en el marco de un plan económico de la clase trabajadora.