El martes 9 de abril, en la Cámara de Diputados, ocurrió una importante reunión convocada por legisladores de distintos bloques entre los que se encontraban Romina Del Plá y el conjunto del Frente de Izquierda para discutir acerca de la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y cómo enfrentarlo.

La convocatoria reunió a muchos de los principales constitucionalistas del país y fue absolutamente unánime en denunciar el carácter ilegal de la normativa que sirvió como ariete para el gobierno de Milei, incluso previo a la presentación de la Ley Ómnibus. Fue notable cómo esta audiencia incomodó al gobierno, que no tuvo mejor idea, luego de intentar impedir su funcionamiento, que cortar toda transmisión y buscar dejarla en la clandestinidad.

Recordemos que el DNU fue anunciado el 20 de diciembre por la noche, luego de que esa misma tarde una masiva movilización popular le aplicara su primera derrota al protocolo represivo de Patricia Bullrich. Justamente por haber sido la primera pata del plan Milei, fue la que entró en vigencia más temprano y la que debía tratarse de manera inmediata. En sus 366 artículos, el DNU afecta cuestiones tan sensibles en la vida cotidiana de la población como es la Ley de Alquileres, la desregulación de la medicina prepaga, y fundamentalmente toda la legislación laboral, que se encuentra frenada a través de un amparo en la Justicia.

A pesar de este lugar central en el ataque a la clase trabajadora, o precisamente por eso, tanto el Senado como Diputados dejaron correr este decreto durante meses. Recién el 14 de marzo la Cámara Alta se reunió para discutirlo y terminó rechazándolo. De esta manera, la pelota quedó del lado de la Cámara de Diputados, donde el gobierno cuenta con varias terminales de los bloques colaboracionistas que ya han demostrado su voluntad de ser laderos de sus políticas de hambre.

Lo urgente y necesario

Volviendo a la audiencia del martes, la exposición de los abogados contó con voces autorizadas como las de Alejandro Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, Laura Clérico; Pablo Manilli, Beatriz Rajland, Pedro Caminos, Eduardo Barcesat, entre muchos otros. Expuso también Eduardo Penello de Apel, abogado laboralista, quien hizo especial hincapié en el capitulo laboral que plantea un retroceso en materia de derechos y organización del trabajo a casi 150 años atrás.

Fue extremadamente interesante la opinión de los especialistas, ya que muchos de ellos explicaron hasta qué punto está viciado de nulidad todo el proceso legal que acompañó el decreto de fines de diciembre, pero fue Beatriz Rajland quien enfatizó que no es solamente la forma lo que hace del DNU inconstitucional, sino también su contenido, porque avanza sobre derechos conquistados que están consagrados incluso en normativas superiores a la Constitución Nacional.

Otro concepto insoslayable en las intervenciones de los profesionales pasó por el carácter totalmente reaccionario de la actual ley que regula los DNU. La misma fue modificada durante la presidencia de CFK y profundiza las facilidades que ya le había otorgado la Constitución del 94 al poder Ejecutivo para legislar por decreto. Mientras que para que una ley entre en vigencia debe ser aprobada por ambas cámaras, para que las disposiciones del Ejecutivo se cumplan alcanza con que alguna de las cámaras no lo rechace

En su intervención, Romina Del Plá fue contundente al plantear que “la verdadera necesidad y urgencia está sesionar y rechazar este DNU, que con 100 días de vigencia no hizo más que empeorar, junto con el resto de la política del gobierno, las condiciones del pueblo argentino” y que “la dilación de la convocatoria a la sesión para bajar este DNU deja el rechazo como una mera maniobra para la negociación por parte de los bloques dialoguistas, e incluso entre aquellos que dicen oponerse. Es urgente juntar el quórum y tirar esta legislación antiobrera y desde el bloque del FIT-U vamos a realizar todo lo necesario para ello”.

Poroteo e intereses de clase

Un sector conservador dentro del bloque peronista, primera minoría en ambas cámaras, aduce que no convoca a la sesión que debería voltear el DNU porque no existen garantías de que se juntarían los 129 diputados necesarios para el quórum y para el rechazo definitivo. Esta posición carece de sustento, ya que se trata de dar la lucha por la concreción de la sesión y por la definición de quienes se muestran dubitativos a favor del rechazo.

Claro que para esto hace falta una voluntad política que el peronismo no tiene, no solo en el Congreso, sino especialmente en los sindicatos y centrales sindicales donde la burocracia hace la plancha frente al plan de guerra y las provocaciones que constantemente realiza el gobierno.

El radicalismo podría ser la llave para voltear el DNU, pero viene demostrando una división y un nivel de tolerancia a la humillación pocas veces visto. Luego de la votación dividida en el Senado dentro de su propio bloque, cinco de los seis gobernadores decidieron atacar a Lousteau -presidente del partido- por su voto en contra.

En Diputados la historia no sería muy distinta: de los 36 legisladores de la UCR la mayoría se encuentra alineada con De Loredo, quien se jacta de buscar gobernabilidad mientras se ataca fervientemente la educación, el salario y las jubilaciones. Una minoría, con Manes a la cabeza, estaría dispuesta a dar quórum y votar contra el DNU, pero es incierto cuántos diputados se sumarían a esa iniciativa ya que el martes el propio sector de Lousteau (intermedio en la división radical) brilló por su ausencia.

La suma de bloques que se esconde detrás de Hacemos Coalición Federal (liderado por Pichetto) votaría también dividido. Una parte encabezada por el Partido Socialista rechazaría el DNU, pero otro sector que propuso inicialmente voltearlo ahora se escuda detrás del tiempo que lleva vigente el decreto y los problemas jurídicos que podría acarrear. En otras palabras, criticaban la forma pretendiendo que sea vía ley, pero una vez que están dadas las condiciones para tirarla abajo priorizan su contenido reaccionario y los beneficios que ya representa para la clase capitalista.

Por último, aparece el bloque de los gobernadores, unos 9 diputados que también podrían ser claves si acompañaran. Este bloque aparece como ningún otro sometido a las negociaciones que ocurren fuera del Congreso, especialmente las que tiene el ministro del interior con los jefes provinciales. En ese “toma y daca” aparece el paquete fiscal y el impuesto a las ganancias como principales prendas de negociación frente al ahogo que el gobierno nacional impuso a los gobiernos provinciales. Los gobernadores han sido muy claros: si el impuesto que recaería sobre la clase trabajadora sirve para aumentar sus cajas, ellos están dispuestos a hacer el “sacrificio” de dejar correr el DNU. Nuevamente, es el bolsillo popular la prenda de negociación principal entre los partidos patronales.

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