Desde la derogación de la Ley de Alquileres, los precios de alquiler se incrementaron un 21% solo en enero; casi un récord histórico. El gobierno de Milei está desarrollando una política de beneficios a los grupos inmobiliarios, mientras a los trabajadores los ataca con el Rodrigazo inflacionario y pasando la motosierra sobre la salud y la educación.

El porcentaje del aumento de enero es el más alto desde que la plataforma Zonaprop comenzara a analizar los precios en 2012. En la actualidad, el alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA cuesta en promedio unos 405 mil pesos; el de uno de tres ambientes unos 558 mil pesos; y el de un monoambiente unos 327 mil pesos. En el conurbano bonaerense y en el resto de las provincias también se han experimentado subas.

O sea, una familia tipo necesita más de un millón de pesos para poder vivir, ya que la medición que hace el Indec de la canasta familiar (en torno a 500 mil pesos para diciembre) no tiene en cuenta el costo de un alquiler. La remuneración promedio percibida por los trabajadores estables fue de 447 mil pesos en noviembre pasado según el Ripte, y hay que tener en cuenta que la mitad de la clase obrera argentina está inmersa en la informalidad laboral.

Un informe reciente de la organización Inquilinos Agrupados señala que “el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y servicios públicos. Pero en el caso de aquellos alquileres que iniciaron después del 1° de noviembre, la incidencia del gasto asciende al 41,6%“ (Clarín, 6/2). Por otro lado, el aumento espectacular del precio de los alquileres obliga a muchas familias trabajadoras a desplazarse hacia la periferia –mientras aumenta el transporte– y a endeudarse, a muchos jóvenes a volver a la casa de sus padres, etc.

El último informe de Zonaprop señala que el precio de los alquileres acumuló, en los últimos 12 meses, una suba del 308,1%. Se trata de un porcentaje que está por encima tanto de la inflación (267,7%) como del ajuste del Índice para Contratos de Locación (144,3%) del mismo periodo. Además, entre julio de 2020 y julio de 2023, los alquileres aumentaron hasta 140 puntos por encima de la inflación, con importantes alzas en CABA pero también en la zona sur y en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Todo esto ocurre, incluso, cuando la oferta de departamentos aumentó un 62% en enero. Es que los capitalistas inmobiliarios mantienen dolarizados los precios; y lo único que persiguen es, en última instancia, la obtención de una alta tasa de rentabilidad. Asimismo, los gobiernos contribuyen a este incremento de precios dando rienda suelta a la construcción de megatorres de lujo, lo que ha venido produciendo una suba del valor de la tierra. Una desmentida contundente al relato libertario de que esto iba a beneficiar a la población.

Con la derogación de la Ley de Alquileres, las inmobiliarias consiguieron vía libre para hacer primar despóticamente sus intereses en detrimento de los inquilinos. Esto, cuando el déficit habitacional afecta en Argentina a más de 15 millones de personas. Milei gobierna para una minoría social insignificante. En este contexto, los inquilinos tienen el desafío de organizarse para hacer frente a la política del gobierno y de las inmobiliarias.

El Partido Obrero tiene un programa de salida a esta situación: plan de creación de viviendas populares, con créditos accesibles y a tasas subsidiadas; impuesto progresivo a la vivienda ociosa para desalentar la especulación y volcar viviendas al mercado; crear un banco de tierras públicas para destinar terrenos y edificios fiscales a la construcción de viviendas populares; impuestos progresivos a los grupos inmobiliarios; urbanización de todas las villas y de todos los asentamientos.

Luchemos por nuestro derecho a tener una vivienda.

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