Luego de que se frustrara el intento del gobierno de sancionar la Ley Ómnibus, las declaraciones tanto de Milei como de su ministro Caputo buscaron minimizar el impacto del golpe aludiendo que de todas maneras el ajustazo fiscal, corazón de la iniciativa, avanza a todo ritmo.

Incluso en la previa, luego de recibir en Washington al jefe de gabinete Nicolás Posse, la gerenta del FMI Kristalina Georgieva había declarado sobre el retiro del capítulo fiscal del proyecto de ley que “quedamos satisfechos de que hay un plan de contingencia en marcha”. Seguramente el funcionario criollo haya exhibido los números de la caída del gasto primario en el primer mes del año, del 37% según un reporte de la consultora Analytica en base a datos oficiales de enero.

Dos tercios de esa caída en las erogaciones del Estado se explica por el derrumbe de lo asignado a jubilaciones, pensiones y el Pami, que se contrajeron un 43,2% en términos reales. Cuantificado en pesos, le robaron más de un billón de pesos a los adultos mayores. Un gobierno de delincuentes. Ahora que quedó en vigencia la fórmula de movilidad previsional del anterior gobierno peronista la situación será aún peor, con una actualización en marzo que no llegará a compensar ni la mitad de la inflación del trimestre.

A la par, las partidas de los programas sociales se hundieron un 40,8% a partir del congelamiento del monto del Potenciar Trabajo en $78.000. También cayó fuerte lo destinado a asignaciones familiares (19,2%) y a salarios de los empleados públicos (18,2%), cuya masa salarial el gobierno resolvió freezar.

El resto de la motosierra se concentró en la paralización de la obra pública, cuyo presupuesto se desplomó un 70%. Eso, junto con el virtual fin de las transferencias no automáticas a las provincias -según el Iaraf lo efectivamente pagado es un 98% menor que hace un año-, explica buena parte de la pulseada con los gobernadores que terminó enterrando la Ley Ómnibus.

Los mandatarios no se plantaron en rechazo a los ataques al pueblo que se concentraban en el proyecto, sino que negociaron en función de preservar sus intereses, y los de las oligarquías y multinacionales que dominan las “economías regionales” -como lo hizo el tucumano Jaldo con los limones y el azúcar, el neuquino Figeroa con el petróleo, el santafesino Pullaron con las cereleras, el misionero Passalaqua con las yerbateras. Por eso, y buscando atemperar las crisis que se avecinan en los distritos, mientras ajustan en salarios, salud y educación buscaron hasta el final pactar la coparticipación del impuesto País -que ya ingresó en el podio de los tributos que más recaudan, muy cerca de lo obtenido por retenciones a la exportación.

Desde el entorno de Milei rechazaban esa posibilidad argumentado que es un gravamen que apuestan a eliminar, aunque según el Fondo Monetario la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo quedarían para más adelante. Es evidente entonces que el impuesto, odioso para la burguesía importadora, es una de las claves del plan fiscal para cumplir con el FMI. Un retrato de un gobierno que responde a una camarilla de intereses del capital financiero, empleado de los BlackRock, que choca con otros sectores empresarios por el reparto del botín que les roban a los trabajadores.

De hecho, en paralelo a la motosierra sobre el gasto actúa lo que Milei definía en campaña como el “impuesto inflacionario”, porque la suba de precios engorda a recaudación tributaria debido a que esta reposa sobre los consumidores. No es solo el IVA, o los Ingresos Brutos que gravan las provincias. Ahora tuvimos la actualización de los impuestos a los combustibles, empujando un nuevo aumento en los surtidores, donde los precios casi se triplicaron desde noviembre. En marzo, en abril y en mayo habrá nuevas actualizaciones, y con ello nuevos naftazos. Otra gran estafa libertaria.

Los tarifazos, los despidos en el Estado, el congelamiento del presupuesto para las universidades, la avanzada sobre los fondos para cultura, forman parte de este “plan de contingencia” que reivindica el Fondo. Pero, como vimos en Diputados, el incumplible programa fondomonetarista abre frentes de crisis con otros sectores de la burguesía, como se vio en los lobbies abiertos desde la presentación de la Ley Ómnibus. Por eso, incluso, algunos opositores salieron a reclamar que para borrar el déficit se eliminen las ventajas aduaneras e impositivas de Tierra del Fuego, donde el primo del ministro de Economía tiene su emporio de plantas de artículos electrónicos. Son pulseadas que van a signar el rumbo del gobierno.

Otro ejemplo es el señalamiento del FMI sobre no dejar atrasar el tipo de cambio, y terminar con los esquemas preferenciales de liquidación de divisas para exportadores. Por el momento, los sojeros y las cereleras están acopiando granos a la espera de una nueva devaluación, conscientes de que el gobierno depende del ingreso de esos dólares. De más está decir que una nueva depreciación del peso dispararía otra vez la inflación y redoblaría los tarifazos y naftazos.

Si el golpe político que implica el naufragio de la Ley Ómnibus va a aparejar una ofensiva mayor sobre el pueblo trabajador, es más necesario aún redoblar la pelea por un paro nacional y un plan de lucha hasta tirar abajo todo el plan Milei.

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