José Hernández, presidente de la Cámara de Productores de Río Negro y Neuquén, se reunió en las últimas horas en Buenos Aires con Alberto Weretilneck, senador de Río Negro por Juntos Somos Río Negro y presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación, para pedirle personalmente la declaración de emergencia para su sector y otras actividades regionales.

Weretilneck apuró un proyecto junto a Martín Doñate, senador de Río Negro por el Frente de Todos, para que se declare la emergencia para las economías regionales, y horas después el ministro de economía Sergio Massa confirmaba, con aval de toda la cámara alta del Senado, que el Estado les dará 1.500 millones de pesos, beneficios impositivos, Repro (subsidios para pagar salarios) y un “dólar diferencial” (Radio Mitre, 7/11). En este caso, el “dólar fruta” había sido pedido hace semanas por la patronal frutícola (Noticías Río Negro, 8/10). Las heladas tardías de finales de octubre y principios de noviembre en unos casos, y las sequías en otros, fueron utilizadas como argumentos para hacer pasar un paquetazo de medidas en beneficio de las patronales regionales.

El “dólar fruta” 

La patronal frutícola en particular, y las de alimentos en general, vienen de temporadas récord producto de la pandemia y la guerra, que hicieron que creciera la demanda de alimentos en todo el mundo. En este cuadro han salido a exigir mas devaluación.

Que se materialice así el “dólar fruta” (sin especificar su monto), que será para quienes exporten desde el 20 de noviembre al 30 de diciembre, quiere decir que el gobierno va en esa línea devaluatoria, aunque mantenga desdoblado el tipo de cambio y no devalué inmediatamente. Esto provocaría mas inflación, y por lo tanto una licuación mayor del salario.

También quiere decir que responde a las exigencias de las patronales, sea cual sea, y que los dólares que surgen de la producción van a parar a las patronales, y no a mejores salarios para las y los trabajadores que son quienes generan la riqueza, y también quienes se empobrecen cada día mas.

Con un país donde la inflación llega al 100%, con salarios de indigencia, y con un 40% de pobreza, pedir aún mas devaluación significa un brutal ataque con el objetivo de abaratar aún mas la fuerza de trabajo de la clase obrera. En el sector rural los salarios no superan los $80.000 de bolsillo, mientras la canasta familiar está por encima de los $130.000, y prima el trabajo precario y esclavo. Sin embargo, Weretilneck y compañía, que le han dado la espalda a las luchas obreras, protegen a la patronal.

No conformes con todo esto, han salido a promover una reforma laboral para el sector, con el pretexto de que en un cuadro de crisis todos los actores “deben ceder un poco”. La rentabilidad capitalista debe aumentar a como dé lugar. Lo dijo el propio Sergio Hernández en el medio LU5, donde además agregó sobre el dólar fruta que “cuando vos pedís un dólar diferencial quiere decir que el Estado va a poner un valor entre el oficial y lo que se liquide, eso lo pone el Estado y no la empresa”.

Quienes rechazan al Estado cuando “atiende” mínimamente a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre y por trabajo genuino, demuestran que sí lo requieren para parasitar los recursos públicos.

Las y los trabajadores rurales y su organización

Si miramos todo el país, las y los rurales (Uatre) se encuentran sumergidos en la indigencia, en muchos casos desocupados, como ocurre en esta época en Tucumán, Río Negro y Neuquén, y en otros esclavizados. Queda claro que las patronales tienen sus representantes, y la clase trabajadora los suyos. Cada vez más un sector de las y los rurales entienden que deben conquistar su independencia política, de todos los gobiernos y de las sucesivas burocracias de Uatre, que los han entregado en bandeja a la patronal.

Los procesos de lucha de algunas partes del país, como en Río Negro, donde se conforma una agrupación de bases, o en Tucumán, donde se producen autoconvocatorias deben seguirse de cerca, porque marcan un quiebre y una ruptura de esas bases con las burocracias. También con los gobernantes, que mientras niegan derechos como salarios iguales a la canasta básica, tierra para vivir y el 40% por zona desfavorable en provincias patagónicas, toman medidas políticas a favor de la burguesía.

Por la unidad de las y los rurales. Por su independencia política. Por un movimiento popular con banderas socialistas. Por un gobierno de la clase trabajadora.

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