Las últimas informaciones en torno a las plataformas de transporte, reparto y otros servicios ponen de manifiesto la naturaleza no solo precarizadora, sino altamente precaria, de estas empresas.

Para su irrupción prevista esta semana en la bolsa de valores, Uber debió presentar un informe a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos que arroja un cuadro pavoroso. La empresa viene registrando pérdidas sistemáticas, que fueron de 3 mil millones de dólares solo en 2018, y cuenta con un rojo total de 7,6 mil millones. La aplicación viene expandiéndose y recibiendo nuevas inversiones, pero este avance en el mercado –y el intento de desplazar competidores- se realiza a base de precios bajísimos que no le pisan los talones a las ganancias (una metodología de expansión denominada blitzcaling). El propio informe confiesa que el precio de las acciones que saldrán al mercado –la empresa prevé una recaudación de 9 mil millones de dólares y una valoración de 91.500 millones- “es sustancialmente más alto que el valor neto contable tangible” de cada una de ellas, y que quien compre ahora “experimentará una dilución sustancial e inmediata”.

Este apalancamiento se extiende a toda la llamada “economía del futuro”: La Nación (5/5) recoge un informe de The Economist según el cual “once de las doce plataformas que cotizan o se preparan para cotizar en Bolsa mostraron pérdidas el año pasado, y llevan acumuladas pérdidas por 47 mil millones de dólares”, y la opinión de varios especialistas según la cual “es posible que se esté generando una burbuja tecnológica similar a la de las puntocom en el 2000” -en esta ocasión alentada por la espectacular emisión dineraria emitida desde la crisis de 2008-, ya que la filosofía del blitzcaling “está llegando a un pico”. Como expresó una periodista especializada, “lo que va a matar a Uber es cuando finalmente tenga que pagar el costo de que un auto llegue hasta vos” (Vox, 30/6).

La competidora de Uber, Lyft, salió a la bolsa hace un mes y lleva perdido un 27% desde entonces.

Otro piñón de esta bicicleta financiera es la colombiana Rappi, que anunció días atrás que recibirá la inversión de una corporación japonesa por U$S 1.000 millones, cuando la aplicación no para de dar pérdidas: para diciembre de 2017, las mismas superaron los –a cambio de hoy- 17,2 millones de dólares.

Precarización

En la previa de la oferta pública inicial de Uber, hubo medidas de huelga de sus conductores y los de (Lyft) en distintas ciudades de Estados Unidos, Inglaterra, México y Australia, entre otros, para reclamar por mejoras en sus condiciones laborales.

Sucede que la otra cara de esta expansión de las plataformas es la situación precaria en que se encuentran los trabajadores de las mismas, que según algunas estimaciones representan entre el 1% y el 4% de la fuerza laboral en los países desarrollados (ídem) y revistan casi en su totalidad como “autónomos”.

Esta negación de la relación de dependencia supone un nuevo salto en la tendencia del capitalismo a precarizar a la clase obrera, que viene acompañado con la obligación de procurarse los medios de trabajo (autos, bicicletas, equipos) y el desconocimiento de la seguridad social y de la cobertura ante accidentes, a los que son particularmente propensos por la naturaleza de la actividad. Como se ve con plataformas como Freelancer y Workana, que se utilizan para realizar encargos a profesionales, el capital echa mano de estas nuevas herramientas tecnológicas para proletarizar y precarizar también a las clases medias.

Con una ayudita de mis amigos

La expansión en suelo local de estas maquinarias de superexplotación ha contado con el respaldo del poder político. Así lo mostró la apelación del gobierno porteño al fallo que prohibía el funcionamiento de las apps de reparto hasta tanto no se regularicen las condiciones de seguridad de sus trabajadores, que fue seguida por la recusación del juez. Pocos días después, la desprotección mostró su carácter trágico con la muerte de un repartidor ciclista de Rappi, al ser atropellado por un camión.

Otra base para el avance de las plataformas es la evasión impositiva: la AFIP acaba de reclamar a Uber deudas en concepto de Ganancias por $147,4 millones, y de $211,3 millones por impuestos a la seguridad social por los choferes. La resolución, publicada en Boletín Oficial, “reconoce” a estos como empleados en relación de dependencia, pero los propios funcionarios convalidan que funjan como monotributistas (Clarín, 5/5), una figura que se contradice con la relación de dependencia y cuya malversación no deja de expandirse por parte de los privados y en la propia planta estatal. La política del gobierno se vio claramente con el reciente conflicto de Pedidos Ya, cuando dejó correr el despido de 400 trabajadores en blanco para reemplazarlos por monotributistas.

Finalmente, esta “uberización” es la orientación de la reforma laboral que defienden tanto el gobierno como la oposición patronal, el FMI y la burguesía nacional. Fue uno de los ejes centrales debatidos por los gobiernos en el G20, junto a reformas que adapten la educación a este mercado de trabajo flexibilizador.

La clase trabajadora debe tomar nota del carácter tan flexibilizador como precario de la expansión de las plataformas, para ligar los reclamos elementales de sus explotados a un programa de reorganización social.