Según el relevamiento recientemente publicado por el Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) el 44,2% de los habitantes del país es pobre y el 64,1% de los niños y adolescentes menores de 18 años vive en hogares donde los ingresos familiares no alcanzan para procurar los bienes y servicios básicos. Son más de 20 millones de personas las que no logran satisfacer sus necesidades más elementales. Semejantes cifras revelan que una porción cada vez mayor de los trabajadores, incluidos aquellos que cobran salarios en blanco, queda sumida en la pobreza.

Alberto Fernández se jacta no obstante de que gracias a la asistencia estatal esos guarismos no son más altos, pero en realidad defiende medidas precarias que son costeadas por los propios trabajadores. Juan Grabois salió a mostrarse decepcionado, afirmando que aquello es “muchísimo menos de lo que se podría haber hecho”, en lo que no es más que una impostura para rescatar las “intenciones” oficiales. El “Estado presente” es el principal responsable de de esta pauperización social. Veamos.

El informe muestra que se produjo un salto abrupto en la degradación de las condiciones de vida, que en el Conurbano bonaerense se expresó en que un 16,4% de la población pasó a tener déficit en alguna dimensión de los derechos sociales. Un aspecto crucial de este fenómeno es por supuesto el crecimiento de la desocupación, que ya ronda el 30% de la población económicamente activa, pero es contundente el hecho de que 35,2% de las personas encuestadas por la UCA declaró vivir en hogares donde ningún integrante tiene una ocupación en la que se cumplan los derechos de seguridad social. En estas condiciones, el relevamiento identificó que solo el 26,1% no sufre pobreza ni carencias no monetarias.

Semejante cuadro de masacre social no podía dejar de impactar en la base del gobierno de Alberto Fernández, que atravesó toda su campaña electoral cuestionando a Macri por el aumento de la miseria. Ahora los funcionarios alegan que el cuadro sería mucho peor si no hubieran desplegado un “auxilio del Estado”, y la UCA lo reitera destacando que sin programas sociales la pobreza sería de 53,1%. Esta presentación es, sin embargo, un engaño.

En primer lugar, porque se cuentan dentro de las políticas de asistencia por ejemplo a las pensiones contributivas (por las cuales aportan sus destinatarios), mientras que otras partidas como el IFE o la propia Asignación Universal por Hijo son costeadas por la Anses con la plata que aportan principalmente los trabajadores en actividad, cuando a los capitalistas los eximen de las contribuciones patronales. La contracara es que la jubilación mínima que cobran cuatro millones de jubilados se ubica parejo al umbral de indigencia, y en total el 80% no supera la mitad de la canasta básica de la tercera edad. La reforma previsional en marcha agudizará este hundimiento.

Por lo demás, más de un tercio de quienes reciben asistencia social ni siquiera logra sobrepasar la línea de indigencia. El tan promocionado IFE, por caso, finalmente quedó reducido a un ingreso marginal de 2.500 pesos mensuales si se lo toma en términos anuales. Con todo, lo que mejor revela el rol del “Estado presente” como factor de empobrecimiento de los trabajadores es el acuerdo que firmaron en la mismísima Casa Rosada la UIA y la burocracia de la CGT para recortar un 25% los salarios, los cuales además fueron licuados por la inflación y las paritarias a la baja.

Por eso es una impostura que Grabois hable de “una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad” del gobierno. Cuando posa de duro afirmando que, si no se puede hacer nada para revertir la pobreza, “habría que cerrar la Casa Rosada”, oculta deliberadamente que es el accionar del gobierno (y no su omisión) lo que empuja a contingentes crecientes de trabajadores a la miseria. Quien lo confirmó es el propio presidente, nada menos que en el cierre de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina.

Lo que les dijo Alberto Fernández a los empresarios es que “de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes, se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. El Estado va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten y para generar las condiciones para que esos empresarios se arriesguen a producir, a dar empleo, a dar trabajo y a ganar, que es lo que corresponde”.

La primera de esas condiciones que exigen las patronales es un pacto con el FMI, cuyo punto de partida es precisamente la reducción del déficit fiscal. Esa la razón por la cual el gobierno recorta el presupuesto destinado a la asistencia social en nombre de que no sacan a nadie de la pobreza. Para mostrar que habla en serio, el gobierno nacional acaba de decretar un recorte de casi 5.000 millones de pesos al presupuesto de Desarrollo Social. El resto de las garantías para que los empresarios “arriesguen” es eximirlos de los aportes previsionales y de impuestos, recortar salarios y flexibilizar los convenios colectivos (como hace YPF), todo lo cual pauperizará a más trabajadores y jubilados.

Cuando el presidente insta a “volver al mejor de los capitalismos” simplemente encubre el fracaso de la burguesía en desarrollar al país y sacar a la población de la pobreza. Para alcanzar esos objetivos hay que terminar con el régimen de hambre y saqueo de todos los que gobernaron a la Argentina las últimas décadas, empezando por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Sobran los motivos para pelear por un paro nacional y un plan de lucha del movimiento obrero. Es una tendencia que toma cuerpo en los aguerridos conflictos que surgen a los largo y ancho del país, y en la masividad de la jornada de lucha piquetera del pasado viernes.

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