Políticas
4/12/2024
El asedio a las movilizaciones populares y los derechos democráticos, en un año de luchas
El intento de Milei de barrer con el derecho a huelga y a manifestarse.
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Foto: Fede Imas @ojoobrerofotografia
Se cumple un año desde la asunción de Javier Milei, caracterizado por una política de represión a las movilizaciones populares, avasallamiento a las libertades democráticas y persecución política, en el cuadro de un intento de eliminar el derecho de huelga y a manifestarse. Todo esto en el afán de hacer pasar un feroz ataque al pueblo, con la complicidad de la oposición patronal.
De la extorsión a los beneficiarios de programas sociales a la militarización de los aeropuertos, de los presos políticos de la Ley Bases a los palos a los jubilados, Milei y Bullrich buscaron mostrar que con mano dura iban a terminar con los piquetes y marchas. Un viejo anhelo de la clase capitalista, cuyos políticos llevan años atacando al movimiento piquetero, promoviendo una reforma laboral de dictadura patronal e incluso incentivando la impunidad a los represores genocidas. Pero se toparon con que los trabajadores de este país ofrecen una terca resistencia.
Ya desde el 20 de diciembre, en el aniversario del Argentinazo, cuando el movimiento piquetero salió a la calle contra el hambre y la miseria, el gobierno de Milei armó un operativo de amedrentamiento para generar un clima de terror. Era el debut del protocolo antipiquetes, con escenas de totalitarismo propias de Orwell: un mensaje en los altavoces de las estaciones de tren amenazaba con que “el que marcha no cobra”. Un enorme operativo represivo fue montado por Patricia Bullrich, pero no logró impedir que la movilización llegara a Plaza de Mayo.
En represalia, armaron la causa trucha contra dirigentes y militantes del Polo Obrero y otras organizaciones, con allanamientos a comedores y hasta el local central del Partido Obrero. Una causa inflame que se busca elevar a juicio en tiempo récord, tras un proceso de instrucción en que se privó a los acusados del derecho a la defensa. El gobierno se apoya en la casta política del Poder Judicial para perseguir a los luchadores, violando las garantías procesales.
En realidad, es tan claro que había motivos para salir a las calles que esa misma noche los cacerolazos se extendieron por todo el país, repudiando el anuncio del mega DNU antiobrero de Milei. Con la presentación de la Ley Ómnibus siguieron las concentraciones y cacerolazos, e incluso se formaron asambleas barriales en todo el Gran Buenos Aires. Un millón de personas ganó las calles el 23 de abril en defensa de la universidad pública, obligando a archivar el protocolo.
Con palos, gases y detenciones arbitrarias respondieron a sucesivas convocatorias en el Congreso contra la no nata Ley Ómnibus y después la Ley Bases, y en defensa de la cultura y el cine argentino. Decenas de periodistas heridos y manifestantes detenidos -a quienes intentaron adjudicarles el delito de “sedición” para imponer prisión preventiva-, fueron el marco en el que el oficialismo tuvo su primer triunfo parlamentario gracias al PRO, el radicalismo y el peronismo.
A pesar del amedrentamiento policial permanente, las movilizaciones siguieron. Se destacó la garra de las organizaciones de jubilados, que se mantuvieron movilizando cada miércoles por sus haberes y la cobertura del Pami.
La militarización también llegó a los lugares de trabajo con el conflicto de Aerolíneas e Intercargo, buscando quebrar la lucha por el salario y contra los despidos arbitrarios desplegando en los aeropuertos a la PSA y la Gendarmería como rompehuelgas. Todo con la colaboración de la CGT, que abandonó a los trabajadores en una pulseada clave,
Además de perseguir opositores y atacar la labor periodística, el gobierno intenta avanzar en una contrarreforma electoral proscriptiva y privatista. La misma sustituye el financiamiento público por el privado, elimina los espacios cedidos por los medios de comunicación, eleva el piso de votos sobre el padrón y de cantidad de afiliados para que los partidos pueden participar de las elecciones. Es un ataque especialmente dirigido contra la izquierda, que no cuenta con financiamiento empresarial, ni el respaldo de medios de comunicación privados, ni maneja cajas del Estado.
Quieren imponer una derrota general contra todo el movimiento obrero. Sin embargo, a pesar de la entrega de la burocracia y la complicidad de la oposición, los trabajadores han demostrado tener reservas para enfrentarlo. Este 20 de diciembre volvamos a ganar las calles contra la ofensiva represiva y por todos los reclamos populares. ¡Fuera Milei!