De acuerdo con números del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) la cantidad de personas inscriptas en tareas de “recuperación, reciclado y servicios ambientales”, es decir, en cartoneo, se disparó entre agosto de 2021 y febrero de 2022. Del total de 118.002 personas que se cuentan actualmente dentro de esa actividad en todo el país, el 16% (18.918) se sumó en los últimos seis meses (Diario Ar, 20/3). Por fuera de este registro, se calcula que el número asciende a 150.000, aunque tampoco hay datos de cuántas personas revuelven la basura para comer. Este salto en los niveles de personas que se dedican al cartoneo como actividad principal responde a varios factores: el aumento inflacionario –con mayores niveles en los alimentos- y el aumento de la indigencia.

La aceleración inflacionaria de febrero llegó al 4,7%, con aumento interanual llegando al 52,3%. La misma fue particularmente acentuada en el rubro de alimentos: 7,5% a nivel general y 9,8% en el conurbano, constituyéndose la más alta en los últimos cinco años. Este factor golpea fuertemente en los sectores con menos ingresos, cuya canasta de consumo se compone sobre todo por productos de primera necesidad. En este marco, el Indec acaba de dar a conocer los números de la Canasta Básica Total, en $83.807, y la Canasta Básica Alimentaria, en $37.414, para el mismo mes. Este factor incide altamente en el aumento de la pobreza y la indigencia en la Argentina, cristalizado en el aumento de miles de personas por mes a incurrir en el cartoneo.

Ante esta situación social asfixiante, el gobierno de Alberto Fernández les ofreció a los jubilados un aumento del 12,28% recién en marzo y no recibirán otro hasta mayo. A su vez, fijó un aumento miserable del 45% para el salario mínimo, cuando este acumula una pérdida real en los último seis años del 30% y la inflación de este año no bajará del 55%. Ni hablar de los ingresos de millones de trabajadores registrados, también enterrados por las miserables paritarias acordadas por la burocracia sindical, pautadas en un 45% de aumento.

Además, según cifras oficiales el gobierno ha reducido los recursos destinados a las principales políticas sociales para los sectores más pobres. Mientras que en noviembre del 2021 se destinaron $1.207 millones diarios a la asistencia social, en enero y febrero esa cifra pasó a $1.073 millones: un guiño para el FMI y el ajuste fiscal. Se trata de las partidas designadas, principalmente, a Políticas Alimentarias y Potenciar Trabajo, que concentran el 90% de los fondos que maneja la cartera de Desarrollo Social, y que entre ambos acumularon $62.270 millones en los primeros 58 días del año (Prensa Obrera, 28/2).

Frente a esta enorme crisis social que se potencia cada día con la política fondomonetarista del gobierno, el Frente de Lucha Piquetero se organiza y moviliza en todo el país. La jornada de acampe y movilización de la semana pasada planteó un plan de lucha por los reclamos más urgentes, que formaron parte del pliego de reivindicaciones: la apertura de los programas sociales, aumento de su monto, aumento en la calidad, cantidad y variedad de los alimentos, y tirar abajo la resolución que impide la libertad de organización en el Potenciar Trabajo.

Las organizaciones piqueteras ya han anticipado que estas acciones son las primeras de un plan de lucha más general contra la política oficial. Y están previstas medidas para el 31 de marzo y el 13 de abril, y la preparación de una masiva marcha federal. El rechazo al pacto con el FMI también se inscribe en el plan de lucha de las organizaciones combativas, de la mano del planteo de una recomposición general de los salarios, para alcanzar la canasta familiar de 130.000 pesos, un seguro universal al desocupado y una nueva dirección en los gremios.

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