Políticas
6/10/2026
El choque de un convoy contra el puente Manuel Belgrano expone las consecuencias de la desregulación de Sturzenegger
La flexibilización de las normas para la navegación comercial detrás del choque contra el puente que une Chaco y Corrientes.
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El choque de un convoy de bandera paraguaya contra el puente Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, vuelve a poner en evidencia las consecuencias concretas de la política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger y el gobierno de Javier Milei.
Presentada bajo el argumento de eliminar “regulaciones obsoletas o desproporcionadas”, la flexibilización de las normas para la navegación comercial terminó reduciendo controles sobre los grandes operadores del transporte fluvial, que buscan reducir costos y aumentar la circulación de cargas. Los riesgos quedan trasladados a los trabajadores, la población ribereña y la infraestructura pública.
El caso es particularmente grave porque se trata de una infraestructura estratégica. El puente Manuel Belgrano no es propiedad de una empresa privada que pueda ser reemplazada fácilmente: es una obra fundamental para la comunicación entre Chaco y Corrientes y para miles de trabajadores y familias. Que un cambio normativo facilite el tránsito de convoyes de mayores dimensiones sin garantizar condiciones adecuadas de seguridad demuestra que el gobierno solo persigue la rentabilidad del negocio.
La posterior decisión de Prefectura de limitar nuevamente las dimensiones de los convoyes es, además, una confesión de hecho: si después del choque hubo que restablecer restricciones, entonces la flexibilización anterior no garantizaba condiciones suficientes de seguridad.
Desde el Partido Obrero señalamos por eso la responsabilidad política del gobierno, que busca atribuir el hecho a la maniobra de un remolcador. Hace falta una política de control popular efectivo de las vías navegables, con participación de los trabajadores, especialistas y comunidades afectadas. Las condiciones de navegación deben establecerse en función de la seguridad y de las necesidades sociales.
El gobierno debe explicar quién autorizó el convoy, bajo qué condiciones navegaba, qué controles se realizaron y quién asumirá el costo de los daños ocasionados al puente Manuel Belgrano.
