Las patronales de la carne levantan el cese de la comercialización que habían iniciado dos semanas atrás, desde que el gobierno nacional cerrara temporalmente las exportaciones del sector. Alberto Fernández se reunió en persona con el Consejo Agroindustrial, y se espera algún tipo de anuncio que ponga fin al conflicto. El escaso impacto de la medida de protesta empresaria -que no logró plegar al lock out a las cerealeras- fortalece la posición oficial, pero no habrá alivio alguno para la “mesa de los argentinos”.

Del encuentro de las cámaras agroindustriales con el presidente y varios ministros en la Casa Rosada no trascendieron definiciones, pero fue interpretada como un acercamiento. Las patronales habrían llevado la propuesta de incrementar la cantidad de mercadería que se vende a pecio de promoción en hipermercados; de las 8.000 toneladas destinadas ahora -que fueron pactadas con el propio gobierno en mayo- los frigoríficos se estirarían hasta 12.000 toneladas, a las que podrían sumarse unas 4.000 a cuenta de los supermercadistas.

De este modo se podría presentar una duplicación del alcance del programa oficial, pero apenas cubriría menos del 10% de la demanda, y por lo demás la que se concentra en las grandes cadenas comerciales. Va de suyo que eso tendría muy bajo impacto tanto en el índice general de la inflación como en los bolsillos de las familias trabajadoras. Y esto cuando lo números son realmente contundentes: un estudio del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana estima que los productos de carnicería se incrementaron un 36% en lo que va del año, empujando un incremento de la Canasta Básica de Alimentos del 22%.

Otra opción que los funcionarios pusieron sobre la mesa es restringir las ventas al exterior fijando cupos, o prohibir la exportación de determinados cortes para incentivar una mayor oferta en el mercado local y de esa forma frenar las remarcaciones de precios. Pero nuevamente la incidencia sería baja, porque la mayor parte de lo que se destina a exportación (tres cuartas partes a China) son carnes que no se venden acá: en Argentina se consume mayormente novillo, mientras que al país asiático se despacha vacas y toros, de carne más dura. En la lista siguen los cortes kosher que se envían a Israel.

Sin una apertura de los libros en toda la cadena de valor, desde la cría a la faena y la comercialización, cualquier control sobe los precios es ilusorio. Pero nadie dentro del Frente de Todos aspira a una medida de ese tipo. De manera que el resultado de restringir las exportaciones de carne para forzar una mayor oferta interna será compensada por una reducción de la producción, como de hecho viene sucediendo a la par del aumento de las ventas al exterior. También ocurre que se recurre al engorde tradicional en lugar de los feedlots, que aceleran enormemente el proceso. Pero más aún, de la anterior experiencia kirchnerista se evidencia que las patronales también pueden optar por liquidar las cabezas de ganado y contraer la producción futura. El capital ordena el proceso productivo en función de sus intereses particulares, por eso la única salida a esta encerrona es el control obrero.

Por lo demás, si el objetivo fuera descomprimir la presión insoportable sobre los ingresos de los trabajadores, debería ponerse fin a los topes paritarios que desfasan los salarios de la inflación y la confiscación de la movilidad jubilatoria, además de cesar en el recorte de la asistencia social. La consultora ganadera Movimiento Crea publicó un estudio que da cuenta de que el poder adquisitivo del salario privado promedio medido en carne (cuántos kilos se pueden comprar con un sueldo) se depreció un 17,8%; y bastante peor es el caso de los empleados públicos y de los informales. Incluso, dicho informe revela que “el consumo interno de carne se redujo un 15% entre 2018 y 2020 pese a que la oferta de carne aumentó”.

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Sobrevuela también una suba de las retenciones que se cobran sobre las exportaciones, ya que el gobierno tiene habilitado por ley subirlas del 8% al 15%. El efecto inmediato de esta medida se registraría no en los precios internos, sino en la recaudación estatal. Es uno de los puntos del conflicto, ya que se pretende poner un coto a las operaciones que se realizaban subfacturando las ventas al exterior y por lo tanto fraguando el ingreso de los dólares -que se traían redituablemente vía contado con liqui. Paradójicamente, para contrarrestar esta defraudación, que genera una especulativa suba de la cotización de la carne, la Dirección General de Aduana actualizó los precios de referencia con aumentos de hasta el 30%. Asoma que la preocupación oficial es menos la “mesa de los argentinos” que la mesa de directores del FMI.

Es por este motivo que el gobierno accedió rápidamente a conceder una reunión al Consejo Agroindustrial, cuando ese reagrupamiento patronal manifestó que el conflicto podría echar por la borda los avances en el establecimiento de un régimen de incentivos a las exportaciones del sector basado en amortizaciones aceleradas y descuentos de Ganancias por compra de insumos (que Alberto Fernández anunció en su apertura de sesiones del Congreso). Es una carta clave como garantía de repago a los acreedores internacionales. Por eso no pretende defraudar las expectativas del capital agrario. Este rumbo es opuesto a la medida más efectiva para desindexar los precios internos de los internacionales, que es la nacionalización del comercio exterior.

En este plano, lo que se desprende de la evolución del conflicto es que la Mesa de Enlace fracasó en aglutinar a todo el sector agropecuario detrás de su choque con el gobierno. Esto no solo se debe a que el sector de granos está cosechando dólares a paladas, sino a que en términos generales la clase capitalista no pretende tampoco voltear al gobierno, aunque sí es notorio que cada rubro presiona por arrancar concesiones. La caldeada situación de América Latina hace que primen en la burguesía la cautela y la valoración del papel de contención que todavía puede exhibir el oficialismo -gracias a la integración de la burocracia sindicales y de las organizaciones sociales.

Vale agregar que, al fin y al cabo, quienes pagan los platos rotos de esta pulseada entre las patronales y el gobierno son precisamente los trabajadores del rubro. El cese en la comercialización implicó rebajas salariales masivas, ya que por convenio los empleados solo tienen garantizadas 140 horas de garantía horaria por mes, lo que en algunos casos implica cobrar un 30% menos y significa un sueldo de $33.600, poco más de la mitad de la línea de pobreza. Se suman las suspensiones masivas de pantas enteras y la cesantía de la enorme porción de contratados. Finalmente hay que apuntar cierres, como testimonia el frigorífico santafesino Rafaela Alimentos que cerró una planta de 650 empleados. Toda intervención sobre el mercado de carnes debería realizarse a base de garantizar los salarios y puestos de trabajo.

En definitiva, la impotencia del gobierno para controlar la inflación, y especialmente los precios de los alimentos, se deriva de su orientación fondomonetarista. La improvisación del cierre de las exportaciones cárnicas, con todo el ruido que la rodea, mal puede subsanar el empobrecimiento de la población trabajadora. Para ello hace falta un programa antagónico, partiendo de fijar salarios y jubilaciones por encima de la canasta básica total, de la apertura de los libros de las empresas para verificar los costos, el control obrero de la producción y la comercialización, y la nacionalización del comercio exterior; medidas que solo pueden entenderse como parte de un plan económico de los trabajadores para terminar con este régimen de saqueo del país.

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