El caso de Lucas Cancino, el joven de 17 años que fue asesinado de una puñalada el 13 de octubre en el barrio de Ezpeleta cuando se dirigía a la escuela en bicicleta, conmovió al distrito de Quilmes y tomo rápidamente una repercusión pública a escala nacional. El propio Sergio Berni se presentó con rapidez en la Comisaría 1ª de Quilmes, donde estaban los dos detenidos, para responsabilizar al Poder Judicial por haber liberado a uno de los atacantes. El intento de esconder su propio fracaso en el manejo de la podrida Bonaerense, sin embargo, no hizo mella; a horas de este crimen vecinos y familiares marchaban y hacían piquetes reclamando justicia por Lucas y expresando su indignación contra el ministro de Seguridad y la intendenta Mayra Mendoza.

El hartazgo de la población trabajadora proviene de que de este tipo de crímenes son cotidianos en casi todas las barriadas de la provincia. En Quilmes el año pasado estuvo el caso de Fernando Leguizamón, víctima del gatillo fácil a manos de la policía. Las fuerzas de seguridad son parte del problema, garantizando zonas liberadas y metidas hasta el cuello en el delito organizado. Semana atrás lo puso de manifiesto el tiroteo en el puente amarillo de la calle Ciudadela del vecino distrito de Florencio Varela, con tres muertos, que reveló la existencia de zonas enteras entregadas a los negocios narco a plena luz del día.

Como en el caso de gatillo fácil a “Chano” Carpentier, donde justificó al policía y reclamó pistolas taser, Berni volvió a buscar dejar indemne a la institución que él comanda, para cubrirse las espaldas cuando está en la cuerda floja y con un pie afuera del gabinete. Junto a Kicillof, la respuesta fue anunciar un aumento salarial al personal policial, en medio de rumores sobre la convocatoria a un nuevo paro y acuartelamiento en la Bonaerense. Quienes fracasaron en materia de seguridad y deben rendir cuentas por el crimen de Lucas Cancino, buscan autoeximirse reforzando a la maldita policía. Lo cierto es que la gente los sentó en el banquillo de los acusados.

La corruptela de una fuerza que funciona a base de cajas negras y asociación con el crimen es inseparable de su función como grupo de choque contra la población que sufre el ajuste y la miseria. Es una guardia contra los intereses populares. La actuación del Poder Judicial, como lo han revelado entre tantas otras causas la de la banda del juez César Melazzo, es siempre en complicidad con las comisarías. Esta asociación delictiva está presente en cada operativo de encubrimiento, como revela la causa de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, en el cual Berni sí defiende a rajatablas al mismo Poder Judicial. Los responsables de su desaparición están dirigiendo comisarías y patrulleros.

El ministro aprovechó la oportunidad para despreciar la lucha por el derecho a la identidad de género, aludiendo que en medio de estos sucesos se pierde el tiempo discutiendo sobre “el sexo de los ángeles”, lo cual es más que un agravio cuando ya se cumplieron siete meses sin avances tras la desaparición de Tehuel De la Torre.

Otro de los señalados con indignación por el pueblo quilmeño fue el flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien proviene del distrito y es recordado por su involucramiento en las causas de narcotráfico. El personal político que viene a comandar la fuerza de choque para imponer el ajuste contra los trabajadores es la expresión de que, como reza el dicho, el pez se pudre por la cabeza.

La oposición derechista de Juntos por el Cambio salió a intentar empatizar con la bronca de vecinos y familiares, exigiendo mano dura. Pero es una política que reforzará a los propios garantes del delito y la sufrirán los jóvenes como Lucas. Los reclamos como la baja de la edad de imputabilidad solo apuntan a cortar la cadena por el eslabón más débil. Finalmente, la gestión pasada de Vidal en la Gobernación y Martiniano Molina en el distrito no dejaron un saldo diferente.

El reclamo de justicia por Lucas va de la mano con la lucha por acabar con las zonas liberadas y desmantelar toda la cúpula de la Bonaerense, la apertura de los libros de las comisarias y su control por organismos de derechos humanos, junto con la elección popular de los jueces y fiscales. Es un programa que solo levanta el Frente de Izquierda Unidad, porque implica enfrentar una política de Estado de todos los que nos gobiernan y gobernaron.

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