Ni larga ni corta… ni ley. Macri optó por la vía rápida: un DNU (58/2019) que privatiza las bandas de frecuencia que estaban reservadas con carácter preferencial a Arsat, para venderlas a “prestadores de Servicios de Tic (tecnologías de información y comunicación) de carácter regional o local, públicos o privados” (art. 1º). El decreto habilita también a las cooperativas que vienen reclamando su lugar en el mercado de la televisión digital, pero la exigencia de que “la participación no podrá ser menor al 20% de las frecuencias” revela que los grandes beneficiarios son Telefónica y Claro quienes ahora podrán ofrecer el negocio del cuádruple play.

Una historia de monopolios

Desde la privatización de ENTel bajo el menemato hasta hoy, el régimen político garantizó un escandaloso régimen monopólico en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país: las multinacionales Telefónica y Telecom, que compraron a precio de ganga la empresa estatal, sobre la base de miles de despidos y el desguace de la compañía. De las dos, Telecom fue la que pasó por varias manos: de France Telecom al grupo Werthein (en 2003) y de este al fondo buitre Fintech (en 2014), cuya cabeza visible es David Martínez, dueño del 40% de Cablevisión y ahora del 41% de la fusionada Cablevisión-Telecom.

En la última década, las presiones de los monopolios para conformar el paquete de cuádruple play (telefonía fija, móvil, banda ancha, televisión) se hicieron evidentes en el primer proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009). El gobierno de Cristina Fernández, por el rechazo de varios diputados, decidió dejar afuera a las telefónicas manteniendo la limitación para brindar el servicio de televisión. Sin embargo, con la Ley Argentina Digital (2014), las telefónicas reingresaban por la puerta grande a tal punto que dicho instrumento legal se popularizó con el nombre de “Ley de las telcos”. Ya bajo el gobierno de Macri, la “Ley Corta” (así bautizada porque remitía con sus 13 artículos a la ley Argentina Digital) pretendía sellar el negocio definitivamente. El proyecto se presentó pocos días después de la visita a nuestro país del entonces presidente español, Mariano Rajoy, quien había intervenido –como antes Felipe González y sigue la lista- en representación de los intereses de Telefónica.

En junio del año pasado, el proyecto de Ley Corta obtuvo la media sanción en el Senado. Miguel Angel Pichetto había declarado: “Estamos habilitando a Telefónica y Claro a que pongan plata en Argentina”.  Sin embargo, todo se empantanó en la Comisión de Comunicaciones de Diputados. Así el expeditivo DNU encuentra su fundamento en las “circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes”. Un argumento similar al que apelara el gobierno cuando desguazó la ley de SCA, aunque entonces con más retórica: “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso…” (DNU 267/15). La premura, según la mistificación de los considerandos, obedecería a la necesidad de adecuarse a “la realidad dinámica del mercado de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Con todo, el fundamento de peso es la exigencia tanto de la OCDE como de los monopolios de la telefonía.

Oportunamente, trabajadores telefónicos denunciaron y se movilizaron contra la megafusión Telecom-Cablevisión ante la amenaza de despidos y retiros voluntarios, de mayor precarización y explotación laboral. A mediados de 2016, trabajadores e investigadores de Arsat denunciaron no solo la ola de despidos sino la política de vaciamiento de la empresa satelital del Estado en el cuadro de un ajuste de mayor escala para profundizar la dependencia del sector científico-tecnológico.

Este decreto, que entrega un fenomenal negocio a los pulpos telefónicos y anuncia mayores ajustes sobre los trabajadores del sector, viene a sellar también ese pacto colonial.