El vigésimo aniversario del default de 2001 y la rebelión popular que el 19 y 20 de diciembre puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa trajo irresistibles comparaciones con la actualidad. Un audio que se viralizó advirtiendo que se venía un nuevo corralito generó en tres días un retiro de depósitos de 600 millones de dólares de los bancos, algo que refleja que los fantasmas de entonces sobrevuelan hoy, cuando de nuevo estamos ante crisis de deuda, corrida contra el peso, cepo al dólar y un ajuste frontal contra la población trabajadora tutelado por el FMI. ¿Hasta dónde valen las comparaciones?

Para el mercado financiero las disparidades no son muy grandes en relación a cuando Argentina “se cayó del mapa”, como dirían los funcionarios de entonces. Los bonos de deuda del Estado argentino cotizan hoy debajo del 32% de su valor nominal, exactamente lo mismo que en la previa a la cesación de pagos de 2001; y si ahora venimos de la reestructuración acordada con los bonistas en septiembre de 2020, en aquel momento se había suscrito primero el “blindaje” a fines del 2000 y luego el “megacanje” con la intención precisamente de despejar la inminencia del default.

El riesgo país, entonces como ahora, indica que está cerrado el acceso al mercado de crédito internacional (es decir que nadie prestaría, salvo a tasas exorbitantes, por la desconfianza en el cumplimiento). Eso deja como alternativa para el rescate de la deuda externa el recurso al FMI y otros organismos multilaterales capitaneados por el imperialismo. Fueron estos los patrocinadores de ambos planes de salvataje financiero dos décadas atrás, a cambio de un férreo ajuste fiscal y políticas de estímulos al capital. Aquí es donde algunas similitudes pueden ser esclarecedoras, en el marco de una negociación con el Fondo que tiene en vilo al país.

De las reestructuraciones al default

Un reciente paper del Fondo Monetario reconoce que el quebranto de 2001 “se desarrolló junto con la reestructuración de la deuda (y) tuvo lugar mientras el país participaba en una sucesión de programas respaldados por el FMI”. Veamos.

El Fondo tuteló la política económica desde apenas dos meses de asumido el gobierno de la Alianza. Los primeros hitos fueron una reforma jubilatoria para incrementar la edad de retiro y aquella reforma laboral “Banelco” aprobada coimas mediante en el Senado. También en ese momento decían que así se iba a generar más trabajo y se sacaría a la economía de la recesión, pero los registros del Indec muestran que la desocupación saltó del 13,8% en octubre de 1999 al 18,3% dos años después -para llegar a un catastrófico 21,5% en 2002. No obstante, De la Rúa todavía derrochaba entusiasmo cuando concluyendo sus primeros doce meses de mandato brindaba: “El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo es dar buenas noticias!”.

Fue cuando se acordó el “blindaje” financiero de 39.200 millones de dólares, con que se pretendía cubrir los enormes vencimientos de deuda en 2001 y 2002 gracias a giros del FMI, el Banco Mundial, el BID, entre otros. La condición de reducir el déficit fiscal no se logró a pesar del ajuste, porque la caída de la actividad económica deprimía la recaudación tributaria. El riesgo país se disparó igual, y los refinanciamientos de la deuda en pesos se hicieron cada vez más usurarios, y por ende agravaban el rojo de las finanzas públicas. Renunció el ministro de Economía José Luis Machinea y fue reemplazado con un paso fugaz de Ricardo López Murphy, eyectado poco después por las luchas contra los recortes de los salarios públicos y el arancelamiento de las universidades. La carta de salvación de De la Rúa fue acudir al mentor de la convertibilidad menemista (un peso=un dólar), Domingo Cavallo.

Cavallo buscó despejar la tormenta, y a poco de andar impulsó el megacanje por 30.000 millones de dólares, que postergaba vencimientos de deuda a cambio de una tasa sideral del 15%. La carta de garantía vino luego con la ley de “déficit cero”, es decir, más ajuste. Para tentar a los acreedores, se permitió a los bancos pasar los bonos del Estado como encajes; la mitad de la deuda pública quedó en manos de la banca, que tenía invertido allí un cuarto de todos sus activos. El fracaso de este rescate terminaría convirtiendo la crisis de deuda en una corrida bancaria y una fuga en masa de los depósitos que decantó en el corralito -para intentar frenar el derrumbe de las reservas internacionales del Banco Central. Vino el default y la devaluación que puso fin a una década de convertibilidad.

Al igual que hoy, la soga del Fondo Monetario y el resto de los organismos multilaterales de crédito fue presentada precisamente como la única variante de salida a la crisis en la balanza de de pagos. El default de 2001 es la refutación de que refinanciando una deuda impagable y con planes de austeridad se evite el colapso. El problema es justamente el rescate de la hipoteca fraudulenta y sus costos usurarios: los canjes la deuda más que se triplicaron la carga, que pasó del 48% del PBI a fines de 2000 al 147% para fines de 2002, según cifras del Banco Mundial.

Cepos, corralitos y fugas

Las diferencias con la actualidad fueron señaladas por economistas y dirigentes oficialistas y opositores luego de que se viralizara el rumor de que el gobierno dispondría un nuevo corralito. Sin embargo, independientemente de disposiciones estatales para respaldar con activos los depósitos bancarios, la sensibilidad popular es evidente y también tiene sus razones.

Los vencimientos de deuda del próximo verano superan por mucho las reservas netas del Banco Central, lo que explica los sucesivos reforzamientos del cepo cambiario (incluyendo el avaro veto a la compra de pasajes en cuotas al exterior). Si todavía no se está echando mano a los dólares de los depósitos, es solo cuestión de tiempo. El apuro por cerrar un acuerdo con el FMI que despeje el panorama choca con problemas muy concretos, especialmente la directiva de una devaluación y el agravante que ello implica para los desequilibrios económicos y sociales (tarifas, inflación).

A su vez, el ministro Martín Guzmán también intenta salvar su política de endeudamiento en pesos -cada vez más usuraria con bonos atados a la inflación y el dólar- y desactivar la bomba de tiempo de las Leliq habilitando que los bancos puedan contabilizar como encajes los bonos del Tesoro. Si ello se concretara y siguiera sin resolución el frente externo, las posibilidades de una nueva corrida estarían a la orden del día, cuando otra vez la cuarta parte de los activos bancarios está invertida en títulos públicos.

¿Por qué sigue latente el problema 20 años después? Porque a pesar del cepo la fuga de divisas sigue su curso. Este es otro aspecto clave para comparar. En 2001 el corralito llegó al iniciar diciembre, cuando se había efectuado ya una fuga de capitales de 19.200 millones de dólares (según Indec), por lo que solo congeló los ahorros de los pequeños depositantes. Las reservas del Central que orillaban los 27.000 millones de dólares al promediar el 2000, un año más tarde estaban debajo de los 15.000 millones; siete meses después de establecido el corralito apenas superaban los 9.000 millones. En pleno derrumbe, de 2001 a 2002, se cuadruplicaron los pagos de deuda -especialmente porque se quintuplicó lo gatillado al Fondo.

Hoy los depósitos en moneda extranjera siguen en menos de la mitad de los más de 32.000 millones que nutrían las reservas internacionales a mediados de 2019. El superávit comercial de este año, generado por los precios récord de las exportaciones, no recompuso un ápice las reservas de divisas. Esto demuestra que a pesar del cepo sigue la fuga, la cual desde la asunción de Alberto Fernández ronda los 15.000 millones de dólares. Ello se financia en buena medida por las ventas del propio Banco Central para contener la cotización de los dólares paralelos, que en lo que va de 2021 se aproximan a los 3.000 millones.

Esta secuencia revela lo que hay de estructural detrás de las recurrentes crisis de deuda de Argentina. Un relevamiento del Banco Central consigna que en la década que va de 1992 a 2001 el sector privado fugó activos 56.500 millones. La cifra es poco menos de la mitad de los 102.000 millones que se esfumaron en los doce años de gobiernos kirchneristas, tendencia que incluso se aceleró en el mandato macrista y el giro hacia afuera de 86.000 millones. Este régimen de saqueo explica que el país esté al borde del default a pesar de haber pasado de una posición internacional deudora de 89.847 en 2001 a un saldo acreedor 127.399 millones dólares, porque los capitalistas argentinos tienen más de un PBI colocado en cuentas off shore en el exterior o “abajo del colchón”. No sorprende que la raquítica burguesía criolla se encuentre en el podio mundial de los Pandora Papers.

Salir del Fondo

Este repaso sirve para mostrar las consecuencias de los programas fondomonetaristas de rescate de la deuda. Todos los planes de ajuste para garantizar la “sustentabilidad” de la deuda y los estímulos al capital no resolvieron la asfixia financiera del Estado ni abrieron un ciclo de inversión. La contracara de la fuga es precisamente la huelga de inversiones: en porcentaje del PBI estas cayeron del ya bajo 17,9% del 2000 al 15,8% en 2001 y 11,2% en 2002; 2020 cerró en 13,9%, mostrando nuevamente un proceso de desinversión.

Para terminar con este parasitismo capitalista, que explica el declive secular de la economía nacional, es necesario romper con el Fondo Monetario Internacional y repudiar esta deuda externa fraudulenta que acicatea todo un régimen de saqueo. La única salida a esta encerrona es nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero, para invertir los recursos del país en un desarrollo nacional. La lucha contra el pacto con el FMI es el punto de partida para abrir una perspectiva diferente.