El discurso de Javier Milei durante la asunción aclaró puntos centrales de la orientación de su gobierno que se contradicen con lo que prometía en campaña electoral. Uno de ellos es lo que le espera a la famosa “casta política”, a la cual indultó por habernos traído a esta debacle y llamó a sumarse a su gobierno. Al mismo tiempo habló del ajuste, que ahora dice pagará “el Estado” y ya no “la política”, lo que quiere decir que el déficit no se va a eliminar barriendo con los ñoquis ni con los privilegios de los funcionarios, sino que se va a traducir en tarifazos y recortes de presupuesto en esferas fundamentales como salud, educación, asistencia social, salarios y miles de despidos que ya están siendo efectuados.

“En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos”, sostuvo Milei.

No sorprende entonces que el propio Mauricio Macri, quien tomó deuda a 100 años y acordó una deuda usuraria y fraudulenta con el FMI, haya salido a festejar con bombos y platillos el discurso del libertario, ni que CFK, una pagadora serial de la misma, se haya mostrado en las fotos riéndose a carcajadas con el nuevo mandatario. La realidad es que la “casta” no tiene miedo, tiene cargos, desde donde colaborará para llevar adelante el programa de guerra contra los trabajadores que enarbola Milei.

La “casta” macrista es probablemente la que tiene mayores concesiones. Uno de sus exponentes es el ministro de Economía, Luis Caputo, un hombre de Blackrock, Pimco y Templeton, que garantizó la fuga de capitales durante la gestión desastrosa que encabezó como presidente del Banco Central en el gobierno de Cambiemos, y por la que luego fue eyectado de su cargo. La ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, quien ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Macri bajo la bandera de “la lucha contra el narcotráfico” pero solo mantuvo las bases materiales sobre las cuales se levantan y desarrollan estos negocios turbios que dan lugar al incremento de la inseguridad y que hoy mantienen sitiadas a provincias enteras. Luis Petri, su ex compañero de fórmula, ocupará el Ministerio de Defensa.

También se reciclan los massistas, entre los que se encuentran Mario Russo, ministro de Salud que fue subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias y de Planificación y Contralor Sanitario durante el mandato de María Eugenia Vidal y director de Asuntos Gubernamentales en AySA bajo la gestión de Malena Galmarini. Flavia Royón, la encargada de ejecutar los tarifazos durante la gestión de Massa, ahora ocupará la secretaría de Minería en el marco de un programa sumamente extractivista.

A su vez, y no menor, el nuevo representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) es Leonardo Madcur, jefe de gabinete y hombre de confianza de Sergio Massa, es decir que el massismo aportará probablemente a uno de los funcionarios de mayor importancia para llevar adelante el plan de ajuste brutal que Milei prepara contra la población, en beneficio de los capitalistas y del capital financiero internacional. Esto demuestra que la consigna “dictadura o democracia” que impulsaba el peronismo durante el ballotage era falsa, como bien denunciábamos desde el Partido Obrero. Cierran filas por detrás del mismo programa reaccionario al que decían “resistir”, que no es más que una profundización de lo que se venía llevando adelante. A esto además se agregan numerosos concejales e intendentes massistas en el conurbano, y también en secretarías, procuradurías y entes estatales.

El PJ tampoco se queda atrás. Por citar algunos ejemplos, Daniel Scioli, quien hubiera sido presentado en 2015 por el peronismo como “el candidato para enfrentar a la derecha”, ahora seguirá siendo embajador en Brasil durante el gobierno del “liberfacho”. Guillermo Francos fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Scioli y ahora será el nuevo ministro de Interior. Daniel Tillard será el titular del Banco Nación, un soldado de Schiaretti que fue funcionario de De la Rúa en el 2001. Osvaldo Giordano, otro hombre de Schiaretti y un depredador del sistema jubilatorio cordobés, es el nuevo director de la Anses.

El 90% de toda la cartera de Milei son funcionarios reciclados, no solo de la casta política que este decía combatir, sino de los gobiernos que nos hundieron en los peores pozos económicos y sociales de la historia argentina. En su mayoría fueron todos funcionarios del 2001 o del menemato. Mientras Milei integra en su gobierno a lo más rancio de la política argentina, también los exculpa por haber sumergido en la pobreza al 40% de la población, por pisar los salarios hasta posicionarlos en el subsuelo del ranking de América Latina y por mantener las jubilaciones en niveles de indigencia.

Con respecto al “plan motosierra” el nuevo presidente sostuvo: “la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI [20.000 millones de dólares] que, a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Y agregó: “no hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Esta formulación esconde una falsa polarización entre público y privado, puesto que, por ejemplo, el retiro de subsidios a las tarifas lo pagará la población con incrementos siderales en las boletas, no el sector público. Es la confesión de que la situación social crítica que viven los argentinos se agravará exponencialmente. Al mismo tiempo, promete un ajuste brutal y recargado mediante un discurso que se aleja cada vez más de que el mismo será pagado por “la política”. Ahora parece que lo pagará “el Estado”, lo que ya se verifica en miles de recortes y despidos, y a lo que la eliminación de 9 ministerios le echará leña, además de que impactará en las condiciones de vida de la población.

De hecho, un asesor oficial le confirmó a TN que los despidos continuarán: “El personal de los ministerios eliminados pasa a quedar a disposición del gobierno por un período mínimo de seis meses y máximo de un año. Al año, si nadie lo requirió, se tiene que ir. Sin vuelta atrás, los que no hayan sido requeridos y cuando el Estado lo disponga, cobrarán una indemnización como compensación por la no necesidad de su trabajo”.

Los trabajadores ocupados y desocupados debemos converger en una acción unificada y enfrentar esta ofensiva, de manera independiente de todos los que nos gobernaron durante los últimos 40 años, la única manera de hacerlo es en la calles. Por eso debemos acompañar la marcha del 20 de diciembre convocada por el movimiento piquetero, a 22 de años del 2001, para que se vayan todos y podamos abordar una salida a la crisis en favor de las mayorías.

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