Políticas
13/8/2025
El fin del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento: la patria contratista por encima de la grieta
Uno de los mayores festivales de despilfarro y corrupción capitalista de la Argentina, protagonizado por macristas y kirchneristas, y convalidado por Milei.

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Soterramiento del Sarmiento.
Luego de 17 años, el soterramiento del Sarmiento llegó a su fin: el gobierno nacional y las dos empresas –Sacde y Ghella– que estaban a cargo de la obra resolvieron darla por concluida. Durante ese período, tuvo lugar uno de los mayores festivales de despilfarro y corrupción capitalista de la Argentina, protagonizado por kirchneristas y macristas –y por sus empresarios amigos– y convalidado ahora por Milei. Los perdedores han sido los trabajadores, que se han quedado sin una mayor conexión entre las ciudades a la vez que padecieron los estragos sociales y económicos del negociado.
Todo comenzó en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner convocó la licitación para soterrar el Sarmiento; más tarde, en enero de 2008, bajo el gobierno de Cristina, se adjudicó el proyecto. El principal beneficiario fue Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa y primo de Mauricio Macri, en una movida que incluyó a la empresa italiana Ghella, la brasileña Odebrecht y las españolas Comsa-Emte. La faraónica obra –32,6 kilómetros de túnel y la renovación subterránea de las estaciones que conectan Caballito con Moreno– debía terminarse a los 36 meses de firmarse el financiamiento.
La obra estuvo en construcción durante menos de tres años; diecisiete pasaron desde la adjudicación. La tuneladora –máquina que se utiliza para excavar túneles– apareció recién en 2012 y comenzó a funcionar en 2016 al renegociarse el contrato. Las obras se suspendieron en 2018, bajo el gobierno de Macri, en el marco del pacto con el FMI que hoy Milei paga empobreciendo a los trabajadores y dejándolos con cero obra pública. Solo se hicieron 7 km de túnel, que comenzó en Haedo, y terminó paralizado en Villa Luro, a 6.000 metros de la primera etapa (Caballito hasta Ciudadela). Bajo el gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner continuó el impasse y se dio de baja el contrato.
En total, se gastaron 420 millones de dólares (La Nación, 12/8). En el medio, hubo todo tipo de corruptelas y artimañas, por lo que el monto podría ser mayor. El soterramiento del Sarmiento se vio salpicado por uno de los casos de corrupción más importantes de América Latina: el Lava Jato. La constructora brasileña Odebrecht, cuyos arrepentidos confesaron haber financiado en 2015 las campañas presidenciales de Scioli, Massa y Macri al mismo tiempo, pagó coimas para adjudicarse la obra, al igual que Iecsa. En su momento, circuló que Calcaterra pidió casi 3 millones de dólares para entregar a funcionarios como Julio De Vido, uno de los responsables de la Tragedia de Once –ocurrida en la estación terminal del propio Tren Sarmiento. La llamada Causa de los Cuadernos puso de manifiesto cómo el kirchnerismo y el macrismo beneficiaron a la misma patria contratista, y también la completa impunidad de la que gozan los capitalistas aún cuando sus corruptelas salen a la luz.
El fiscal Franco Picardi consideró que está probado que Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa falsearon balances y fugaron cerca de 4.495.250 dólares hacia la Banca Privada de Andorra para pagar coimas a cambio de la licitación (Página 12, 14/2/2020). Fue un mecanismo aceitado en los contratos de obra pública, como se reveló más tarde en la Justicia. De hecho, Iecsa ocupó el tercer lugar en la lista de contratistas del Estado durante los mandatos kirchneristas.
El macrismo armó pingües negocios con Ghella, que fue una de las principales adjudicatarias de los contratos con el gobierno porteño y en particular del entubamiento del arroyo Maldonado. Luego Calcaterra y el grupo italiano formaron el grupo ODS, dedicado a la obra pública, que se expandió por buena parte de América Latina. Más tarde, el primo de Macri se quedaría con la totalidad de las acciones de ODS. Desde su lugar como experto en vivir de la obra pública, Calcaterra compartió licitaciones con el mismísimo Lázaro Báez.
Calcaterra vendió Iecsa al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, que creó Sacde. La venta se dio a través de una operación fantasma que involucró como financista al fondo buitre Eton Park, el cual literalmente usó para eso los dólares que cobró por el fallo colonial del juez neoyorquino Thomas Griesa (Enorsai, 17/4/2017). Eton Park, que también compró acciones de Pampa Energía, hoy demanda al Estado argentino junto a otros buitres como Burford Capital en la causa YPF. Por otra parte, para despegarse de la trama del Lava Jato, Macri habilitó la venta de la parte de Odebrecht a Ghella.
Milei, con su medida, convalida los negocios espurios de los capitalistas y sus representantes de la casta política. Al parecer, el gobierno y las empresas que quedaron –Sacde y Ghella– decidieron construir dos murallas para impedir el ingreso y dejar enterrada la tuneladora, pues resulta imposible rescatarla. Las zonas aledañas a las obras fueron deteriorándose, con menos carriles en las avenidas y circulación limitada. Esto, en un cuadro donde el gobierno nacional aplica un fuerte ajuste en materia de obra pública, dejando que se vengan a pique las rutas nacionales, las calles y los barrios en los que viven los trabajadores en general.
Solo los trabajadores en el poder podremos terminar con el despilfarro capitalista y encarar una reconstrucción en todos los terrenos del país.

