La lucha de los trabajadores del Astillero Río Santiago ha sido una de las grandes batallas que dio la clase obrera en este 2018 contra el plan de guerra fondomonetarista de Macri y Vidal.

El gobierno intervino la fábrica y designó a Daniel Capdevila para que rematara una política de vaciamiento que viene de años. Ante la amenaza de despidos, la paralización de los trabajos por falta de insumos y en el marco de la paritaria, los trabajadores iniciaron un proceso de movilización con asambleas masivas, paros y marchas hasta La Plata, pero solo obtuvieron como respuesta descuentos salariales, violaciones al convenio colectivo de trabajo y la represión policial.

Esta escalada llevó a acciones obreras impresionantes, como la ocupación de la fábrica primero y del Ministerio de Economía después. El gobierno reprimió a los trabajadores y también recurrió a la intervención desmovilizadora directa del Arzobispo de La Plata y la Pastoral Social que oficiaron de mediadores. La conducción de ATE Ensenada suscribió un acta de “paz social” que maniató a los trabajadores y desarmó las asambleas para evitar una deliberación de cómo continuar la lucha. Con todo, si no asistimos aún al desguace definitivo y a despidos masivos es porque el gobierno no puede todavía doblegar a los trabajadores.

¿Astillero improductivo?

Vidal, con el apoyo de Jorge Lanata, impulsó una campaña artera para instalar la idea de un Astillero improductivo, paralizado, colmado de ñoquis y dirigido por un grupo de corruptos, cuando la política de sabotaje y de vaciamiento contra el Astillero –que Macri llamó a dinamitar- proviene en realidad del propio gobierno. Los obreros han debido pelear para destrabar la entrega de insumos claves para el funcionamiento del Astillero que la intervención del Astillero tenía pisados, y son además quienes denuncian que es el directorio del Ente Administrador el que desestima ofertas de nuevos trabajos. Finalmente, el mismo ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, reconoció que de los 3.400 millones de pesos presupuestados para 2018, solo se ejecutaron 1.800. En cuanto al eje anticorrupción, se estrelló contra la evidencia de una administración fraudulenta a partir del desvío de 1.000 millones de pesos y del nombramiento de 25 ñoquis “amarillos” que cuestan dos millones al mes.

El Astillero Río Santiago no solo es una fábrica estatal de 3.300 obreros con capacidad para construcciones y reparaciones navales, sino que cuenta a su vez con una planta metalmecánica que ha servido para trabajos de obra pública de magnitud. Para ello tampoco es tenido en cuenta, salvo cuando debieron recurrir al ARS para reparar con urgencia la cubierta del Estadio Ciudad de La Plata y que no se interrumpa una pomposa agenda de espectáculos, como el show de Roger Waters.

La situación es cada vez más compleja, ya que el principal contratante del Astillero en los últimos años ha sido Venezuela y todo agravamiento de los conflictos diplomáticos amenaza con la suspensión de los convenios vigentes, afectando trabajos en curso.

Si el ARS sigue existiendo es por la defensa férrea que presentaron sus trabajadores. Fue con la pueblada que encabezaron los obreros del Astillero en 1992, el Ensenadazo, que expulsaron al Grupo Albatros de la Prefectura que había intervenido la fábrica para garantizar el cierre, y fue por ese camino que luego de la provincialización en 1993 el gobierno fracasó en el objetivo declarado de proceder a la privatización.

El proyecto de ley

Partiendo de estas conclusiones, la banca del FIT en la Legislatura bonaerense elaboró un proyecto de ley que establece que el directorio del Ente Administrador del Astillero Río Santiago sea electo por sus trabajadores. Junto con ello, la apertura de los libros contables y la formación de una comisión investigadora que estudie el desfalco perpetrado en perjuicio del ARS durante los últimos 10 años para proceder a una reparación a cuenta de la Provincia. Anula también el artículo 4 del contrato de transferencia de la Nación a la Provincia de Buenos Aires, que habilita la privatización. A su vez, fija que el Presupuesto anual se confeccionará en base a lo que apruebe una asamblea general de fábrica, que el Astillero será un proveedor privilegiado del Estado para obra pública y que la Provincia deberá oficiar de garante para la obtención de las cartas de crédito que necesita para emprender nuevos trabajos.

La iniciativa contrasta con las presentaciones hechas por bloques peronistas. Dos de ellas, del PJ y el Frente Renovador, se limitan a una inocua declaración de interés provincial, sin que ello redunde en obligación alguna del Estado. Por el lado de Unidad Ciudadana, el proyecto introduce una representación de los trabajadores en el directorio, pero el Poder Ejecutivo es quien designa al presidente y a la mitad de los directores, y quien fija el plan estratégico para el ARS. No pasa de una demagogia de parte de quienes sostenían la misma política de vaciamiento y desvío de fondos cuando gobernaban, con la intención de presentarse como una alternativa electoral para resolver la situación del Astillero, desvinculada de cualquier plan de lucha de los trabajadores para quebrar la ofensiva estratégica de Vidal.

Nuestro proyecto es un aporte que ponemos a consideración de los trabajadores, como parte de la deliberación que recorre la fábrica acerca de la necesidad de retomar las asambleas y las acciones de lucha. El control obrero de la administración y la producción en el Astillero Río Santiago es la única manera de emprender una reactivación productiva de este emblema de la industria naval argentina. En última instancia, no es posible el desarrollo industrial y de una marina mercante nacional si no es de la mano de un plan económico dirigido por los trabajadores.