Jorge Taiana, el ministro de Defensa, ordenó el despido del general retirado Rodrigo Alejandro Soloaga, debido a que reivindicó a los militares genocidas en un acto por el Día del Arma de Caballería. Esto puso de manifiesto que las FF.AA continúan albergando en su seno a elementos prodictadura.

“Es propicia la circunstancia para recordar a todos los camaradas que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que sobrellevan con un valor digno de admiración”, dijo Soloaga en ese momento.

El hecho produjo un gran revuelo político y habría generado malestar entre las filas de las FF.AA. Algunos sectores castrenses se pronunciaron en defensa del exgeneral. Uno de ellos está organizado en el Foro de Generales Retirados, cuya creación tuvo lugar en 1996 y estuvo integrado por genocidas como Reynaldo Benito Bignone (fue dictador en el país entre julio de 1982 y diciembre de 1983) y Luciano Benjamín Menéndez (Comandante del III Cuerpo de Ejército bajo el gobierno de Jorge Rafael Videla).

Soloaga es veterano de Malvinas y participó de la Masacre de la Tablada en 1989. Fungió como jefe de Personal del Ejército. En 2004, pidió el pase a retiro cuando se enteró que el expresidente Néstor Kirchner decidió “bajar los cuadros” de Videla y Bignone del Colegio Militar. Más tarde, bajo el gobierno de Mauricio Macri, regresaría a la clique militar. Continuó en sus funciones en el gobierno del Frente de Todos.

Algunos personeros de la derecha salieron en defensa del general. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, dijo “basta de usar la sanción militar como represalia ideológica”. Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y José Luis Espert (Avanza Libertad) se pronunciaron en el mismo sentido. Y Victoria Villarruel, diputada por La Libertad Avanza (espacio político liderado por Milei) y militante pro terrorismo de Estado, dijo que Soloaga, en su discurso, solo “se solidarizó por una situación humanitaria”.

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Demagogia peronista, democracia capitalista

En este marco, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, señaló que “en las fuerzas de la democracia no se puede permitir darle lugar a estos negacionistas retirados”. Los organismos oficialistas se encuentran realizando una demagogia intensa.

El peronismo es responsable del avance del negacionismo, que se nutre de la impunidad. Todos los gobiernos del Partido Justicialista abonaron a ella. Carlos Menem impulsó los conocidos indultos. Néstor Kirchner, que fue un menemista acérrimo, se negó a anular las leyes de impunidad votadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín (Obediencia Debida y Punto Final). Lo hizo cuando comenzaron a acumularse pedidos de extradición para los genocidas, provenientes de otros países. Los militares preferían ser juzgados en Argentina.

Esto, en un cuadro en el que crecen expresiones políticas derechistas, le da manija a un sector revanchista del Ejército, que busca que todos los militares responsables del genocidio que llevaron adelante la burguesía criolla (que nunca fue juzgada) y la dictadura videliana contra el proletariado argentino sean absueltos.

El kirchnerismo, autodenominado campeón de los derechos humanos, avanzó a cuentagotas en los juicios contra los genocidas. De conjunto, pocos de estos fueron condenados. Cristina Kirchner llegó a colocar como jefe del Ejército a César Milani, un torturador de obreros. Macri también aplicó esta política, quiso liberar genocidas mediante la ley del 2×1, una tentativa que fue derrotada por una movilización popular.

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La democracia argentina defiende los mismos intereses sociales capitalistas que protegió la dictadura. Su rescate de la deuda externa es un ejemplo de esto; y especialmente lo es su defensa de los acuerdos con el FMI, lo que refuerza la subordinación de Argentina a la política de seguridad de Estados Unidos. El aparato del Ejército se recicló bajo este régimen político, en el cual siguen vigentes leyes sancionadas por el gobierno de Videla, que son determinantes en la vida política nacional (Ley de Entidades Financieras, Régimen Penal de Minoridad, etcétera). Como heredera de la dictadura, esta democracia burguesa es incapaz de depurar a las FF.AA de sus elementos revanchistas.

Por otro lado, lo de Soloaga se produjo en el marco de un incremento de la represión estatal y de la arenga derechista que realizan los partidos políticos capitalistas (peronistas, macristas, libertarios). El Ejército, en este contexto, viene teniendo un mayor papel político en el país. Alberto Fernández lo envió a Santa Fe “a combatir el narcotráfico”. Esta orientación forma parte del intento del Frente de Todos de avanzar en la tan mentada “reconciliación con las FF.AA”, lo que en última instancia implica reintroducirlas en la represión interna y favorecerlas con la impunidad total. Sobre este terreno reaccionario crecen los planteos fascistizantes de Milei.

La lucha de los familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos logró llevar al banquillo de los acusados a algunos represores. Sin embargo, muchos de ellos han muerto impunes (el 65% de los condenados se encontraba en 2020 bajo prisión domiciliaria). Hay que profundizar este camino para terminar con la impunidad y la represión de la clase capitalista y sus gobiernos.

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