Políticas

30/4/2021

El gobierno continúa con “medidas” que no frenan la pandemia

Apriete sobre los trabajadores sin recursos económicos ni programas para enfrentar las consecuencias de la pandemia y la crisis.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la mañana la continuidad de las medidas restrictivas de la circulación en algunas concentraciones urbanas, como el Amba, hasta el próximo 21 de mayo. En la práctica, esto implica una vuelta de tuerca al esquema actual: es decir, mayores restricciones a la circulación en general, en medio de una liberalización de la actividad económica y sin medidas compensatorias para los trabajadores afectados.

Por medidas contra la circulación el gobierno entiende mayores controles en puntos neurálgicos de concentración ciudadana del Amba, restricciones al tránsito por los principales accesos a CABA, mayor control de los permisos para circular, adelantar el horario de cierre de comercios a las 19 horas para las zonas más afectadas y “disuadir” y/o desalojar concentraciones urbanas (ferias, puntos de intercambio, reuniones al aire libre, etc.), incluyendo las movilizaciones con reclamos al poder político.

En su discurso, Alberto Fernández mencionó una categorización de la situación epidemiológica nacional en zonas de bajo, medio y alto riesgo, y existe una cuarta categoría, de situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria. Las de mediano riesgo las dejó en manos de los y las gobernadoras, a sabiendas que eso implica un tránsito seguro a situaciones más peligrosas. Respecto a las situaciones de alto riesgo se mantendrían las restricciones actuales y para las de Alarma Epidemiológica y Sanitaria solo se agregaría alguna “innovación” contra la circulación, sin afectar en casi nada la actividad económica.

Tal es así que respecto a las clases, Alberto Fernández señaló que hoy funciona la escolaridad presencial en 20 provincias de todo el país y que la modalidad virtual solo sería para las zonas mas afectadas por los contagios, lo que prepara las condiciones para el estallido de focos de contagio en las provincias.

No más changas, ni recursos

Las restricciones del gobierno afectan particularmente a las y los trabajadores que durante la pandemia se la han rebuscado para subsistir de diversas formas.

Uno de los sectores más afectados son las ferias barriales y la venta de artículos, nuevos y usados, por las redes sociales, donde miles de desocupados comercian ropas y artículos de toda índole en ferias barriales y en puntos de encuentros que se establecen en lugares céntricos de las ciudades, para concluir una venta pactada por las redes sociales.

Se trata de actividades que reúnen a cientos de personas en distintos puntos de las localidades del Conurbano bonaerense y en varios barrios carenciados de CABA y que el gobierno nacional, la provincia, las intendencias y la Ciudad buscan “desarticular”, para evitar las aglomeraciones. Algo de esto ya se practica respecto a la actividad de los feriantes y manteros en varios lugares del Amba.

Estas concentraciones no se producen por una conducta antojadiza o desafiante, sino por la simple necesidad de subsistencia, ante la política criminal de un gobierno que ha eliminado los escasos recursos de asistencia económica directa, como el IFE y que no ha proyectado ni resuelto ninguna política para garantizar el ingreso económico de las familias pobres, en el marco de un crecimiento exponencial de la pobreza y el hambre.

Fernández reivindica, en su discurso, la “ampliación” de la cobertura social y económica para los más pobres: una impostura completa. El crecimiento en los programas Potenciar Trabajo ha sido ínfimo y no guarda ninguna relación con los 3 millones de nuevos pobres que este gobierno ayudó a crear. Los recursos destinados a la Tarjeta Alimentar dejan 2 de cada 3 de la Asignación Universal por Hijo sin acceso a estos, y respecto a quienes llegan deben ser repartidos entre las distintas necesidades familiares.

El presidente mencionó que han “reforzado las partidas para comedores escolares, comunitarios y compra centralizada de alimentos”, lo que implica otra gran mentira, ya que el gobierno recortó drásticamente el suministro alimentario, pasando a esquemas descentralizados que alcanzan solo a una porción de lo poco que se accedía antes.

Apriete sobre los trabajadores

No solo esto, la continuidad de estas medidas buscan seguir apretando las restricciones sobre la clase obrera, la cual a su vez es forzada a ir a trabajar todos los días, en un escenario donde la casi totalidad de la actividad económica se encuentra habilitada. Esto es lo que produce las aglomeraciones de gente en las cabeceras de los trenes y el subte, en los horarios pico de circulación. Lo que no se soluciona con más efectivos policiales custodiando las inmediaciones de las grandes estaciones.

Los trascendidos respecto a nuevo empadronamiento de las actividades esenciales, para bajar la circulación, chocan de lleno con las aspiraciones del gobierno de no tocar los intereses patronales, lo que en la práctica se traduce a una mayor presión contra los trabajadores, habilitados o no. Recordemos que muchos trabajadores desarrollan su actividad en el marco de la informalidad y también son alcanzados por los controles y restricciones implementados.

A esto se agrega el ajuste que se desenvuelve contra los salarios y los bolsillos obreros. Alberto Fernández reivindicó el “aumento” en el salario mínimo, como una medida más del paquete de incentivos a los más vulnerables. Contabilizado el aumento de la cuota de abril, perdió casi un 17% contra la inflación y llegaría a $29.160 recién en febrero del 2022. Entonces ¿qué celebra Fernández?

Lo mismo ocurre con los jubilados para quienes el presidente mencionó un bono. Se trata de un sector que ya perdió un 5% del poder adquisitivo de sus ingresos gracias a la reforma del gobierno nacional, dinero que irá a parar a las arcas de FMI.

Contra la protesta social

El otro punto del cual se han hecho eco los distintos gobiernos y los medios de la burguesía es respecto al desarrollo de las acciones de lucha de los trabajadores ocupados y desocupados.

El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks, viene de señalar: “No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad”. A renglón seguido manifestó que el trato sería el mismo tanto para los piqueteros independientes del gobierno como para Patricia Bullrich. La comparación no deja de ser escandalosa ya que mientras los primeros reclaman por insumos, alimentos, recursos económicos y sanitarios y vacunas para combatir la pandemia, la segunda es un exponente de la desarticulación de toda medida necesaria para combatir el Covid-19.

El ataque a las acciones de la clase obrera no solo busca crear un chivo expiatorio en medio de la enorme responsabilidad que le cabe al gobierno por la circulación masiva de trabajadores y la ausencia de protocolos sanitarios en los lugares de trabajo, sino que busca ocultar la desidia de un gobierno que ha dirigido todos los recursos económicos al acuerdo con el FMI, deprimiendo las condiciones de vida de millones de personas.

De lo que no ha hablado una sola palabra el presidente es respecto a las medidas que el gobierno debería tomar sobre el laboratorio mAbxience, de Hugo Sigman, para hacerse de las vacunas que se producen en el país. O de una reducción de la circulación manteniendo únicamente la actividad estrictamente esencial, con protocolos sanitarios elaborados y controlados por los trabajadores, y el pago del 100% de los salarios a esenciales y no esenciales. Esto y un seguro económico de $40.000, para desocupados y trabajadores independientes afectados por las medidas, reduciría drásticamente la circulación, bajando los contagios y descomprimiendo el sistema sanitario bajo colapso.

Las medidas del gobierno mantienen y amplían las restricciones sociales y económicas sobre los trabajadores, sin ningún efecto sobre los contagios, ya que no suplen la obligación de asistir al trabajo y/o de alimentarse. Es necesario un giro de 180 grados que anteponga los intereses obreros y populares al lucro capitalista y ponga la gestión de los recursos económicos, sociales y sanitarios bajo los trabajadores.