El gobierno anunció que volverá a actualizar las cargas tributarias los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Lo hizo la secretaria de Energía Flavia Royón, como parte del plan de Massa para cumplir la meta fiscal impuesta por el FMI. Ahora, para que sean los consumidores quienes paguen esa mayor carga impositiva, se esperan que los precios en surtidor suban entre un 4% y hasta el 10% el fin de semana, lo que echará más leña al fuego inflacionario.

Los dos tributos tendrán un aumento del 25,32%, lo que implicará un incremento piso en los valores de entre 2,32% y 3,74% según el tipo de combustible, tal cual informó Royón. Los precios vienen de aumentar el 21 de agosto, cuando aplicaron una suba promedio de 7,5%.

Ahora bien, las refinadoras buscan el aval del gobierno para llevar hasta un 10% el incremento de este fin de semana en el valor de las naftas en el surtidor. Además, reclaman una suba del 20% para corregir un “atraso”. Las petroleras, a su vez, exigen arrimar el precio del crudo en el mercado interno a los internacionales (de casi el doble). Son las mismas empresas beneficiadas por el gobierno con exenciones impositivas y ventajas en el acceso a dólares para fugar sus ganancias a exterior.

Este nuevo naftazo además se trasladará a toda la cadena productiva, porque se encarecerá el transporte de todos los productos y generalizará así el aumento de precios, algo que cuenta con aval oficial. A esto también se sumarán los aumentos previstos para octubre en varios otros sectores regulados por el Estado, como es el caso de la luz, el agua, el gas, internet y telefonía, alquileres y prepagas. Lo único que no aumenta acorde a la inflación son los salarios, y cuando los trabajadores se plantan el gobierno los ataca de manera frontal, como sucedió con la huelga del Sutna.

Queda claro así que el gobierno es el primer formador de precios, puesto que atiza la inflación y la utiliza para incrementar la recaudación fiscal a costa de la población trabajadora, además de que se sirve de ella como herramienta para licuar salarios y jubilaciones. Esto desenmascara el falaz discurso de Cristina Kirchner planteando una mayor “intervención del Estado”, cuando esta ocurre todo el tiempo para defender los intereses patronales.

Es necesario combatir esta orientación peleando por un paro nacional y un plan de lucha que ponga en el centro de la escena la defensa del poder de adquisitivo de los trabajadores. Debemos exigir un sueldo inicial de $180 mil y aumentos salariales y previsionales indexados a la inflación.