En lugar de “poner plata en el bolsillo de la gente”, como prometió el gobierno tras su derrumbe electoral, los últimos anuncios oficiales prometen rebasar los bolsillos, no de los trabajadores, sino de los capitalistas. En el transcurso de una semana se flexibilizó el cepo cambiario para las patronales que exportan, y, por otra parte, se reglamentó la exención impositiva para aquellos sectores que especulen con instrumentos nominados en pesos.

Cepo flexible

Por un lado, a partir de ahora, las ramas de la economía dedicadas a la exportación que amplíen su unidad de negocio (incorporando maquinaria o una mejora tecnológica) podrán quedarse con el 20% de las divisas obtenidas a partir de sus ventas al exterior vinculadas a dichas inversiones. “El destino de esos fondos podrá ser el pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes” (Página 12, 23/9).

La libre disponibilidad de divisas constituye un reclamo de larga data por parte de los sectores que componen el complejo exportador. Las multinacionales que operan en suelo local reclaman, como condición necesaria para incrementar sus inversiones en Argentina, una flexibilización del cepo cambiario que les facilite girar sus ganancias al exterior. Existen además otros requisitos, como la reducción del “costo laboral” liquidando los convenios colectivos de trabajo y mayores ventajas impositivas.

Como vemos, el gobierno viene cediendo ante este reclamo patronal. Como antecedente tenemos la ley de Hidrocarburos, presentada por el Ejecutivo, que apunta en esta misma dirección. Sucede que la prioridad oficial está puesta en el rescate de la deuda usuraria y el acuerdo con el FMI, por lo tanto, le ofrece un trato preferencial a la rama de exportación, generadora de divisas. Recordemos que prima la huelga de inversiones, si bien en agosto 2021 las exportaciones registraron los niveles más altos de la década, esto se debió a la suba de los precios internacionales y no a un aumento de las cantidades exportadas. Según el Indec, el saldo de inversión directa en el país fue negativo en el segundo trimestre del año, ubicándose en los -1.033 millones de dólares.

Esta nueva prerrogativa profundizará la primarización y extranjerización de la economía nacional. Beneficiará particularmente al capital agrario, donde se concentró el 34,3% de las exportaciones totales del mes de agosto -porcentaje que aumenta si contabilizamos las manufacturas de origen agropecuario-; vale destacar que las ventas al exterior de productos primarios tuvieron un alza del 69,2% en términos interanuales (Ámbito, 22/9). En ese sentido, estamos hablando de un sector que se encuentra concentrado en un puñado de monopolios internacionales, a tal punto que el 60% de las exportaciones de granos de la campaña comercial 2020/2021 recayó en cinco empresas foráneas (Cargill, ADM, Bunge, Cofco y exGlencore). Así las cosas, quienes se adueñan de los recursos naturales del país ahora podrán fugar divisas con mayor comodidad, lo cual implica un reforzamiento del saqueo.

El avance de la frontera agrícola es un objetivo de primer orden para el gobierno; sin ir más lejos, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya adelantó que busca incrementar la exportación de soja hasta alcanzar las 70 millones de toneladas. De este modo, se acentuará la inserción semicolonial de Argentina en el mercado mundial.

La contradicción de flexibilizar el cepo para el sector exportador radica en que mientras se incentiva el ingreso de dólares por una vía, se abre paso a una mayor fuga de capitales. Finalmente, el origen del cepo cambiario está dado por la escasez de divisas del Banco Central, fruto de una política al servicio del pago de la deuda. Esta es la razón por la cual el “boom exportador” de este año -donde se logó un superávit comercial de 10.649 millones de dólares en los primeros ocho meses del 2021- no consiguió engrosar las reservas del país. Esta “sábana corta” coloca en una encerrona al gobierno, el cual intenta reducir la brecha cambiaria  perpetuando el negociado de la bicicleta financiera y con medidas precarias como el cepo, el cual se ha mostrado infructuoso a la hora de  impedir que creciera en los últimos doce meses 4.258 millones de dólares la cantidad de dinero que tienen los ciudadanos argentinos por fuera del sistema bancario, alcanzando los 249.971 millones de dólares en total.

Exención impositiva

El jueves pasado, el gobierno reglamentó la exención de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales sobre “los instrumentos en pesos destinados fomentar la inversión productiva en el país, los plazos fijos ajustados por inflación y aquellos Fondos Comunes de Inversión (FCI) que inviertan mayormente en títulos, bonos o demás títulos valores emitidos en la Argentina” (La Nación, 2/9).

En primer lugar, es preciso señalar que mientras en agosto se incrementó un 83,1% -en términos interanuales- lo recaudado a través del IVA, impuesto que recae ampliamente sobre los sectores populares, y, a su vez, no se elimina la cuarta categoría de Ganancias, gravando a más de dos millones de trabajadores, el oficialismo decide desplegar una batería de beneficios fiscales para los capitalistas que especulan con bonos de deuda. Endeudamiento, que, a su turno, se descarga sobre la clase trabajadora.

El gobierno busca con esta medida estimular la “inversión” en instrumentos nominados en pesos, y, como contrapartida, desalentar que esos fondos se destinen a la compra de dólares. El objetivo es achicar la brecha cambiaria e intentar evitar una corrida contra el peso. El mar de fondo de esta política es nuevamente la exigüidad de las reservas del Banco Central a causa del rescate sistemático de la deuda, y, por otra parte, el interés del gobierno por atesorar las divisas para destinarlas…al pago de la deuda.

De esta manera, se fomenta el acrecentamiento de la “bola de nieve” que significa el caudal del endeudamiento en pesos que posee la Administración Central, el cual se ubica en los 187.911 millones de dólares, sin contar la deuda de 4 billones de pesos que acumula el Banco Central.

Un programa de los trabajadores

A todas luces, el “relanzamiento” gubernamental vino acompañado de anuncios insultantes para el pueblo, como el aumento de indigencia del salario mínimo, e importantes beneficios para la clase capitalista, a costa de los fondos públicos y de las reservas del país. De esta forma se acentúa el rumbo que nos ha conducido a la catástrofe social a la que asistimos.

Por lo tanto, se vuelve necesario abrir paso a una salida a la crisis por parte de los trabajadores, defendiendo un salario mínimo y jubilación mínima de $70.000, la prohibición de los despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo, paritarias indexadas a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. La nacionalización bajo control obrero de los recursos estratégicos -banca, comercio exterior, hidrocarburos- es el corazón de este programa arraigado en los intereses populares, ya que es condición necesaria para desarrollar al país y satisfacer las necesidades sociales. Fuera el FMI, no al pago de la deuda usuraria.

 

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