El gobierno nacional a través de la resolución 204/2021 del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) acaba de autorizar desde el 1° de marzo un nuevo aumento en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que incluye la telefonía fija y móvil, internet y TV paga. Este aumento va del 5% al 7,5% sobre “los precios vigentes”, es decir, tomando como base de cálculo las tarifas que ya tuvieron un aumento del 5% desde el 1° de enero de este año. En el caso de las Pymes o cooperativas con menos de 100.000 abonados el aumento a partir del 1° de marzo llega al 7% del valor actual, que tuvo otro aumento del 7% en febrero.

En los casos de los Planes de acceso a internet o televisión paga con 50 o más megas (Mbps) de velocidad, el aumento podrá ser de 7,5%. Y lo mismo sucede para los planes corporativos o “premium”. Que se suman a los aumentos de los packs de futbol o los nuevo planes y abonos que no entraron en el decreto.

A su vez, el Enacom autorizó con otra resolución 205/21 una suba del 14% en el valor de la tarifa de los llamados “planes inclusivos” o de “Prestación Básica Universal” (PBU) en los servicios de internet. Que son “planes” limitados, con menos megas y ancho de banda previstos para los hogares “vulnerables”, jubilados y pensionados o trabajadores que cobren el salario mínimo, desocupados o con planes sociales o asignación universal por hijo. Que las empresas continúan sin cumplir lejos de la “obligatoriedad” que blandió el gobierno cuando anuncio que las telecomunicaciones pasaban a ser “servicios públicos… en competencia” por medio de un decreto plagado de demagogia donde se establecía que los precios de las tarifas debían ser “justos y razonables” para “cubrir los costos de la explotación” y “un margen razonable de operación” (ganancias) como si no lo fueran.

La Prestacion Básica Universal que debía haber entrado en vigor a partir del 1° de enero continúa en la nebulosa y todo indica que así seguirá por parte de las empresas. Este tarifazo con precios cada vez más inaccesibles para la población trabajadora o desocupada se suma a otros como en las naftas, que echan leña al fuego de la inflación. A su vez, este nuevo aumento tarifario viene con subsidios a las patronales. La resolución 204 del Enacom incluyen en el anexo la habilitación a los “Aportes No Reembolsables” (ANR) que salen del Fondo del Servicio Universal en nombre de “cambios tecnológicos” que en general no realizan, ya que prima la desinversión o la falta de cobertura o acceso a los servicios en cada vez más zonas y barrios del país.

Todas las patronales de las telecomunicaciones, grandes y pymes, han realizado un fuerte lobby que incluyó el aumento del 20% en enero, que llevó a que el gobierno les diera un aumento del 5%. Luego demoraron la devolución de esa diferencia mientras realizaban presentaciones judiciales, solicitadas en los diarios y una campaña encabezada por Telecom/Cablevisión (del grupo Clarín) que fue una punta de lanza de todo este lobby patronal y no tuvo al igual que las otras empresas ninguna sanción. Es más, ahora las premian con este tarifazo con un fuerte impacto negativo en el bolsillo de los trabajadores que necesita y utiliza, más aún en la pandemia, los diversos servicios de telecomunicaciones para poder comunicarse, trabajar, estudiar, acceder a la salud, la información o entretenimiento.

Frente a este nuevo tarifazo llamamos a impulsar una gran campaña y movilización para que se retrotraiga este aumento y todos los tarifazos. Que se abran las cuentas de las empresas y se garantice el servicio público universal, la conectividad y el acceso a los servicios de toda la población trabajadora. Nacionalizando sin indemnización de las empresas que operan en el país bajo control de los trabajadores para desarrollar esta actividad estratégica. Con este programa, sumando las reivindicaciones de los trabajadores telefónicos, llamamos a movilizar el 18 de marzo a las puertas del Congreso.

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