Políticas
22/7/2025
El gobierno avanza hacia la privatización de Aysa, avala tarifazos y cortes de servicio
El agua como negocio capitalista a costa de la población.
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Aysa.
El gobierno nacional avanza hacia la privatización de Aysa, empresa prestadora del servicio público de agua en el Amba, habilitando la entrega de la empresa al capital privado, aumentos de tarifa trimestrales y la posibilidad de cortar el servicio a usuarios residenciales ante mora en los pagos. Milei profundiza el plan de ajuste y entrega habilitado por la oposición patronal con la sanción de la Ley Bases.
La medida fue oficializada con el DNU 493/2025 y la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), habilitando la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), actual sociedad anónima privada con el 90% de las acciones en manos del Estado nacional.
Las gestiones del gobierno para privatizar el servicio público de agua son posibles gracias al favor de la oposición política patronal, incluido el peronismo, que garantizaron los votos en el Congreso de la Nación para la sanción de la Ley Bases, allanando el camino para la venta total o parcial de Aysa, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La modificación del gobierno no solo habilita la venta de la mayoría accionaria estatal (90%), sino que además incorpora un sistema de actualización tarifaria trimestral y la posibilidad adicional de aumentos extraordinarios, como garantía para los negocios de los futuros compradores.
Cabe destacar que el gobierno viene aumentando la tarifa del servicio de agua por encima de la inflación, con un acumulado de aumento del 2024 que ascendió al 331%, cuadruplicando la tarifa en solo un año.
Como garantía para los eventuales compradores de la empresa, el gobierno también habilitó la posibilidad de efectuar el corte del servicio de agua en caso de mora, ante atrasos que superen los 60 días en el pago de las facturas. Hasta la fecha regía la prohibición de cortar el suministro de agua en domicilios residenciales, pudiendo solo disminuir el caudal del servicio.
El gobierno procede a esta medida en medio de un desfinanciamiento absoluto de las obras y tareas de extensión y mantenimiento del servicio de agua potables, que aún no llega a toda población, y particularmente del sistema de cloacas y el tratamiento de aguas residuales, que siquiera alcanza a sectores enteros de la población urbana de las principales ciudades del conurbano bonaerense.
El gobierno quiere transformar definitivamente el agua en un negocio, cuando siquiera están garantizadas las condiciones de su acceso para el conjunto de la población, con negocios en las distintas provincias donde se prioriza el uso del agua para la explotación minera, contaminando los recursos regionales, y con el arribo de los socios de Milei, la empresa estatal israelí de agua Mekorot, que está extendiendo sus negocios por diversas provincias y también podría apuntarse para el control de Aysa.
La privatización de Aysa se perfila como un nuevo negociado de este gobierno vaciador, que en medio del ataque a los salarios y el poder adquisitivo de la población busca privar a los trabajadores y sus familias del acceso a un recurso indispensable como el agua, dejando el servicio en manos privadas para que ocurra lo mismo que sucede con las concesiones privadas de otros servicios: el desfinanciamiento y la desinversión como práctica común, junto a las tarifas impagables y el corte recurrente del suministro.
